Siete meses después de la dana, mientras la justicia apunta al Consell, los sindicatos combativos preparan la huelga general con el respaldo de amplios sectores sociales.
El procedimiento judicial abierto en el juzgado de Catarroja ha empezado a arrojar luz sobre lo ocurrido durante las horas críticas del temporal: los autos hablan de una “gravísima inactividad” por parte del gobierno autonómico ante una catástrofe que dejó al menos 228 personas fallecidas. En este contexto, Intersindical, CGT, CNT y COS han convocado una huelga general para el 29 de mayo en las tres provincias del País Valencià.
La convocatoria cuenta con el impulso de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), del Sindicat d’Estudiants —que ha convocado también huelga en institutos y universidades— y de numerosas organizaciones sociales y por el derecho a la vivienda, así como redes vecinales que jugaron un papel clave durante los días de la catástrofe.
Antonio Ruiz, asesor sindical y jurídico de CNT València explica que “es una huelga muy demandada por los movimientos sociales en todo el País Valencià”. Según él, esta convocatoria nace de una indignación acumulada y detalla que las motivaciones laborales son claras: “los fallecimientos de trabajadores in itinere durante la catástrofe, la falta de protección laboral tras la misma, la precariedad de los servicios públicos esenciales —como emergencias y transporte—, y el abandono de quienes más sufrieron las consecuencias del desastre”.
Ruiz asegura que la implantación sindical de CNT es especialmente fuerte “en sectores como el transporte, el metal, la hostelería y el sector cárnico, donde los trabajadores no solo sufrieron la catástrofe, sino también la falta de respuesta de la administración y las patronales”. En este sentido, están trabajando activamente para que la convocatoria se traduzca en una movilización efectiva en los centros de trabajo: “Haremos todo lo posible para que las secciones sindicales que tenemos constituidas en estos sectores secunden con fuerza la convocatoria de esta huelga general”.
José Antonio Lafuente, secretario de Acción Sindical de CGT-PV, subraya el papel de su afiliación que “desafió el aislamiento que desde el primer momento se intentó imponer” y reclama dignidad frente al abandono institucional. Según denuncia, “la gestión de la emergencia no se entiende sin vincularla al proyecto de presupuestos presentado posteriormente”, que define como un “ataque directo a la clase trabajadora”.
Lafuente recalca que más allá de las cifras, lo que se impone es un cambio de modelo social a través del desmantelamiento oculto de servicios esenciales: “los presupuestos no son neutros. Tienen un carácter ideológico”, afirma, “que choca frontalmente contra cualquier intento de reconstrucción justa y contra la realidad de los municipios más afectados. No se puede reconstruir un pueblo con presupuestos fascistas, xenófobos, negacionistas del cambio climático y de la violencia contra la mujer”, denuncia. Para Lafuente, el foco mediático centrado en la figura de Mazón oculta lo esencial: “Se pretende imponer un nuevo modelo social mientras el relato se concentra en un personaje amortizado”.
Desde Intersindical Valenciana no dudan en señalar responsables. En el centro de sus críticas está el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien acusan de llegar tarde, de eludir responsabilidades y de representar el negacionismo climático al servicio del capital. “El pueblo valenciano tiene claro quién es el máximo responsable”, afirman, pero recuerdan que no fue el único: también señalan a empresarios que ocultaron la gravedad de la situación a sus plantillas, impidieron que consultaran el móvil o las forzaron a acudir al trabajo bajo alerta roja, poniendo en peligro sus vidas y salud.
Por su parte, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) pone el foco en la necesidad de respuestas estructurales, y reclama garantías firmes en materia de vivienda, protección climática y defensa de l´Horta: “Queremos garantizar los derechos fundamentales de toda persona trabajadora a la protección y la prevención de riesgos en su puesto de trabajo, más aún en un contexto alarmante de crisis climática.”, señalan. Desde el sindicato insisten en que la reconstrucción debe respetar y proteger los recursos naturales que nos sostienen “No queremos una reconstrucción que pase por la destrucción de l´Horta, que cumple una función socioambiental imprescindible.”
Una huelga desde abajo
Desde los Comités Locales insisten en el origen popular de esta convocatoria: “Esta huelga general nace a impulso de las zonas más afectadas y de la población que tuvimos que activar la alerta cero, porque la alerta 3 institucional nunca se activó”, explica Toni Valero, portavoz del Comité Local de Parque Alcosa. “La alerta cero es la de solo el pueblo salva al pueblo. Y eso solo es posible cuando hay organización y conciencia colectiva”.
Desde esa convicción, Valero reivindica la creación de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) en los municipios golpeados por la dana, que ahora impulsan la construcción de un Acuerdo Social Valenciano. Un espacio amplio, dice, “donde deben estar todos los sectores que están siendo agredidos por las políticas genocidas de Mazón”: desde los movimientos feministas y en defensa del territorio hasta los colectivos migrantes, por la vivienda y por los derechos lingüísticos. “Acabar con la lengua de un pueblo también es una forma de exterminio”, afirma.
“¿Hasta cuándo vamos a permitir que los responsables de este crimen de Estado sigan gestionando la administración como si nada?”, se pregunta Valero
La huelga, asegura Valero, “no es solo laboral, sino comunitaria, popular y social”. Una huelga que “debe llegar también a esa Valencia en B, sumergida y precaria, donde mucha gente no podrá parar porque tiene contratos de dos horas y jornadas de doce, donde se sigue trabajando en talleres clandestinos y economías invisibles”.
Más allá de lo inmediato, Valero apunta a la responsabilidad política del Consell en las 230 muertes —sumando a la cifra oficial el fallecimiento de los dos trabajadores en tareas de reconstrucción— “¿Hasta cuándo vamos a permitir que los responsables de este crimen de Estado sigan gestionando la administración como si nada?”, se pregunta. Para Toni “la huelga general es hoy la única herramienta válida para lanzar esta interpelación colectiva y abrir un proceso de desobediencia civil y reconstrucción política desde abajo”.
“El objetivo no es solo parar, sino empezar a caminar hacia la dimisión de Mazón y todo su Consell”, subraya. En ese sentido, avanza que los Comités Locales están desplegando comités de extensión de la huelga, incluso en zonas no directamente afectadas por la dana, y en coordinación con los sindicatos combativos.
Valero denuncia que el Consell se sostiene actualmente sobre su pacto presupuestario con VOX, y advierte: “La cuerda con la que Mazón ha intentado salvarse es la que lo va a ahorcar. Solo falta un paso más en la desobediencia civil y en la movilización de la clase obrera”. Òscar Llago, desde el CLER de Massanassa, retoma el hilo de la organización popular y la fuerza del tejido vecinal e insiste en que esta no es solo una huelga laboral, sino también política y social: “una herramienta que interpela directamente a un modelo económico que antepone la rentabilidad a las personas”.
Frente a esa lógica, Òscar reivindica “la soberanía popular como forma de existencia”, construida desde la vida cotidiana, la ayuda mutua y la movilización vecinal. “Lo que comenzó aquella noche del 29 de octubre, cuando muchas personas arriesgaron su vida para rescatar a otras, no se ha detenido”, subraya. “Esta huelga marcará un antes y un después, porque está despertando en la sociedad la certeza de que, si nos organizamos, podemos alcanzar una verdadera transformación”.
Presión a los sindicatos mayoritarios
Durante la manifestación del pasado 1 de mayo en València, los dirigentes de CCOO y UGT del País Valencià recibieron una interpelación pública inesperada: Toni Valero y Rut Moyano, representantes de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción del Parque Alcosa y Benetússer, les entregaron en mano una carta firmada por los Comités Locales de los municipios afectados por la dana.
En la misiva, los comités instaban a las cúpulas sindicales a sumarse a la convocatoria de la huelga general y les reclamaron que “fortalezcan su compromiso con la ciudadanía, porque vivimos una situación de excepcionalidad que exige una respuesta colectiva a la altura”.
Además de esta acción pública, los sindicatos convocantes han solicitado formalmente una reunión con las direcciones de CCOO y UGT para debatir las reivindicaciones y presionarles a tomar posición. “Estamos apelando directamente a CCOO y UGT, y les hemos enviado una carta formal solicitando una reunión para pedirles que se sumen a esta huelga”, explica al respecto Antonio Ruiz (CNT). La unidad sindical, asegura “es esencial en este momento histórico que estamos viviendo en el País Valencià”.
La juventud toma partido
El Sindicat d’Estudiants fue una de las primeras organizaciones en activarse tras la DANA. “Estuvimos en la zona cero desde el primer día”, explica su portavoz, Sergi Dasí. “Organizamos la rabia ante el abandono institucional de manera solidaria hacia la reconstrucción y limpieza de las calles, y propusimos medidas como la huelga estudiantil del 12 de noviembre”.
Lejos del relato que retrata a los jóvenes como una “generación de cristal”, Dasí defiende que la juventud revolucionaria ha estado a la altura, demostrando “una conciencia de clase fuerte y una capacidad de organización ejemplar”. El sindicato ha sostenido desde el principio que la huelga general es la única forma real de hacer oír a la clase trabajadora.
En su caso, las razones sobran: “La situación del valenciano en las aulas, las ratios docente-alumno, el sistema de las PAU, los barracones donde nos obligan a estudiar… Son luchas que ya teníamos, pero que en los últimos meses se han agravado. Por eso nos sumamos el 29 de mayo con una nueva huelga estudiantil”. En las últimas semanas, el Sindicat d’Estudiants ha celebrado reuniones abiertas para reforzar la convocatoria, organizar actos y visibilizar la represión contra estudiantes.
Dasí lanza un mensaje directo: “Esta huelga es necesaria no solo por lo que nos afecta en nuestros centros educativos, sino también por solidaridad con toda la gente afectada por la dana, y por este gobierno que hace negocio con la política.”
La vivienda, una de las reivindicaciones centrales en la huelga del 29-M
Antonio Ruiz (CNT), recuerda que el movimiento por la vivienda llevaba tiempo exigiendo esta movilización, incluso antes de que se produjera la catástrofe de la dana: “Existe un gran movimiento en defensa del derecho a la vivienda, que ha estado reclamando a los sindicatos más combativos la convocatoria de una huelga para intentar reivindicar y resolver esta situación”.
En la misma línea, Intersindical Valenciana señala que “la vivienda no puede ser un negocio, es un derecho para la clase trabajadora”, y denuncian que “fondos buitre están comprando bloques enteros, incluso viviendas protegidas o arrasadas por la dana, sin que la administración ejerza su derecho de tanteo y retracto”.
José Luis González, portavoz de la PAH Valencia, señala que esta movilización debe ir más allá de la caída de Mazón: “No basta con que se vaya Mazón si las políticas sociales no cambian”
La Coordinadora Obrera Sindical (COS) sitúa el derecho a la vivienda como una de las reivindicaciones clave de esta huelga. Subrayan que “hay que blindar el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora y recuperar todos los servicios públicos que nos han arrebatado”. Para este sindicato, la actual crisis habitacional está directamente ligada al modelo económico impuesto: “El País Valencià no puede seguir siendo un territorio que el Estado español vende al consumo y al turismo a costa de las condiciones de vida y de vivienda de la clase trabajadora”.
José Luis González, portavoz de la PAH Valencia, señala que esta movilización debe ir más allá de la caída de Mazón: “No basta con que se vaya Mazón si las políticas sociales no cambian. No puede gobernar quien ha llevado a la muerte a 228 personas, pero lo que más necesitamos son transformaciones profundas que garanticen derechos básicos”.
González denuncia que “cada día hay alrededor de diez desahucios en la Comunidad Valenciana, mientras las administraciones no aplican medidas como el derecho a ceder viviendas vacías en emergencias habitacionales”. Subraya que “el verdadero problema no es la ocupación, sino las viviendas vacías de la banca rescatada y el negocio especulativo que la rodea, que ni el Consell ni el Estado quieren enfrentar”.
Por eso, insiste: “No solo pedimos responsabilidad total por las víctimas de la dana, sino que denunciamos las políticas del PP y VOX que están atacando derechos sociales fundamentales, especialmente en vivienda”. Finalmente, alerta sobre los recortes en vivienda pública al señalar que “consolidan un modelo que condena a las familias vulnerables y perpetúa la crisis social que sufrimos”.
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