CGT contra el auge del racismo fascista en las calles y en las instituciones.

Lo que los medios del capital y la extrema derecha fascista se empeñan en llamar «invasión» no es más que la cortina de humo con la que intentan ocultar una masacre planificada. Un concepto destinado a construir un enemigo y deshumanizar a las personas migrantes, para después justificar el odio y la violencia fascista. Lo ocurrido en Ceuta a finales de julio no es un fenómeno migratorio espontáneo, sino la huida forzada de miles de personas, empujadas al abismo por un régimen dictatorial que utiliza a su propia juventud como munición política y carne de cañón. La realidad, cruda y sangrienta es que se produjeron 141 muertes de personas en las vallas y en las aguas de la frontera, según la ONG ‘Caminado Fronteras’. Personas trabajadoras que huyen de la miseria del sur global.

El argumento del Gobierno de Pedro Sánchez de atribuir esta crisis a la presión de las mafias, no es más que un pretexto para justificar su incapacidad para afrontar la situación en Ceuta y su falta de voluntad política para mejorar las condiciones de acogida de las personas migrantes.

Pero para entender esta barbarie, hay que levantar la vista y mirar el tablero geopolítico global. Esa estampida no fue casualidad. El detonante de esta represalia sangrienta tiene nombre y apellidos: el reciente acuerdo estratégico de España para la compra de gas a Argelia. El imperialismo yanqui y su títere en el Magreb no toleran que el Estado español intente garantizar su autonomía energética al margen de los intereses marroquíes. Al mismo tiempo, la subordinación del Gobierno español a EE.UU. le impide señalar a los verdaderos responsables de lo sucedido en Ceuta. Mientras, entrega el Sahara Occidental a sus verdugos.

Tras una crisis migratoria, sobreviene siempre una crisis humanitaria, tal y como ha sucedido en otras ocasiones cuando han llegado a Europa miles de personas huyendo de guerras o hambrunas. Una situación de inestabilidad mundial, fruto de las políticas coloniales, extractivistas y racistas que los países desarrollados imponen a los países del sur global, mediante la deuda, el hambre y la guerra.

La situación en Ceuta, muestra la hipocresía y el doble rasero de Europa y el Estado Español, en comparación con la guerra de Ucrania. Desde el inicio de la guerra, España ha acogido a más de 230.000 personas desplazadas de Ucrania, mediante el mecanismo europeo de protección temporal, según fuentes del Ministerio de Inclusión. Este estatus legal otorga de forma directa el permiso de residencia, así como el acceso al mercado de trabajo, la sanidad y la educación en igualdad de condiciones. Nada que ver con el tratamiento a las personas migrantes que llegan desde África.

En el caso de Ceuta, la derecha y la extrema derecha fomentan los discursos de odio, para buscar rentabilidad política. Y para ello recurren desde pedir expulsiones en caliente y la militarización de las calles como excusa para garantizar el orden social, hasta alentar cacerías de migrantes y terminar justificando cuando no fomentando pogromos racistas extremadamente violentos, ante la pasividad de las FCSE.

Al mismo tiempo la lucha partidista se ceba con el rechazo a la acogida y regularización de niñas y niños en la península, negando con ello la aplicación de políticas de protección del menor y de Derechos Humanos.

Denunciamos y condenamos la escalada de violencia, racismo, la islamofobia y aporofobia contra quienes han llegado huyendo de la miseria y la guerra. Y señalamos sin paliativos a la extrema derecha fascista, que intenta utilizar el odio al migrante, al pobre y al diferente como una forma de hacer política.

Personas que construyeron precarios refugios a la intemperie han visto como estos eran destrozados y quemados por hordas fascistas que han actuado con total impunidad. Se ha intentado impedir el reparto de alimentos de organizaciones humanitarias. Se ha señalado, hostigado y deshumanizado a personas migrantes. Y se ha coaccionado, amenazado y agredido a trabajadoras y trabajadores de los medios de información y organizaciones humanitarias.

Por su parte la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, tiene un claro objetivo: seguir recurriendo al miedo al auge de la extrema derecha como herramienta electoral, para presentarse como la única alternativa al incendio que ellos mismos han permitido que se propague sin límites.

En medio de este clima de tensión social, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José́ Garcı́a-Pelayo (PP), ha promovido para el próximo 2 de septiembre concentraciones de “apoyo a Ceuta” frente a los ayuntamientos de toda España.

El PP utiliza la crisis de Ceuta como coartada para montar un espectáculo de propaganda política y fomentar así un patrioterismo rancio y excluyente, comprando los marcos de la extrema derecha con fines electorales.

En Madrid el PP ha convocado concentraciones desde el propio ayuntamiento de la capital, así como en las ciudades donde gobierna como en Móstoles, Leganés o Pinto. Por su parte Vox ha convocado en todos los ayuntamientos donde tienen representación. Y organizaciones fascistas y neonazis han hecho un llamamiento en redes sociales a participar en dichas concentraciones.

Desde CGT, como organización anarcosindicalista, manifestamos nuestro rotundo rechazo a esa convocatoria y hacemos un llamamiento a toda la clase trabajadora a boicotear estas concentraciones racistas promovidas por las derechas desde las instituciones del Estado y apoyadas por organizaciones fascistas.

Es el momento de salir las calles a parar el racismo y el fascismo. Por ello nos sumamos a la convocatoria de concentración, prevista para el 2 de septiembre a las 20h en la Plaza de Callao en Madrid, bajo el lema “Paremos los pies al Racismo”, promovida junto a multitud de organizaciones sociales, sindicales y políticas. Y hacemos un llamamiento público para sumarse a todas aquellas iniciativas de solidaridad y acogida con las personas migrantes en Ceuta y en todas partes.Hoy son las personas migrantes, mañana podemos ser cualquiera.

¡Contra el Racismo, el fascismo y la xenofobia! ¡Ninguna persona es ilegal!¡¡Las calles serán siempre nuestras!!

El discurso neoliberal contra las pensiones públicas acumula 45 años de pronósticos fallidos

Desde que a principios de los años 80 del pasado siglo los mercados financieros pusieron su atención en las pensiones, "todas sus previsiones catastrofistas se han confirmado como falsas", dice el economista Juan Torres.

"Aunque desde hace décadas se anuncia de forma interesada su supuesta insostenibilidad, el sistema público de pensiones sigue siendo sólido y capaz de garantizar las prestaciones presentes y futuras", explica Nacho Álvarez, profesor de Economía.

Desde hace más de 45 años las predicciones más alarmistas sobre la quiebra del sistema público de pensiones dominan el discurso neoliberal. Con el paso de los años, la presión de los mercados financieros, los bancos y las aseguradoras para recortar las pensiones públicas ha ido a más. Proliferan los informes, documentos, papers o análisis que insisten en que las pensiones públicas no son sostenibles y que hay que acometer reformas que incluyen retrasos en la edad de jubilación, menores prestaciones o avanzar hacia modelos de capitalización privada en el que cada uno ahorra para su propia pensión personal en lugar del modelo de reparto, en el que las pensiones las pagan las cotizaciones sociales de los trabajadores activos. Sin embargo, la tan anunciada quiebra de las pensiones públicas no termina de llegar.

Los primeros augurios negativos de los neoliberales sobre la viabilidad de las pensiones públicas empezaron a escucharse nada más estrenarse la década de los años 80 del pasado siglo XX. Juan Torres, catedrático jubilado de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, certifica la fecha de nacimiento de este discurso neoliberal: "El apetito por el caramelo de las pensiones surge casi desde el mismo momento en que los mercados financieros empiezan a ser rentables a principios de los años 80. Ya entonces lo que se buscaba era la privatización de las mismas".

Torres cita el caso de lo ocurrido en 1980 en Chile, entonces un país bajo la férrea dictadura de Augusto Pinochet. El Gobierno chileno reemplazó su sistema de reparto por un entonces inédito modelo de capitalización individual obligatoria bastante radical siguiendo las directrices neoliberales de la Escuela de Chicago encabezada por el economista Milton Friedman. El país sudamericano fue considerado entonces un laboratorio de pruebas para lo que vendría después. "Curiosamente, aquel experimento dejó en el sistema público las pensiones de la Policía y del Ejército. Ya entonces debieron de intuir que aquello podía salir mal", añade Torres.

Más de 45 años después, Chile es uno de los países con las pensiones más bajas del mundo, según la OCDE. Pese a ello, el fracaso del experimento chileno no impidió que después se sumaran otros: entre 1981 y 2007 más de treinta países en todo el mundo sustituyeron total o parcialmente sus sistemas de pensiones de reparto por sistemas basados en cuentas de ahorro individuales privadas, según la International Social Security Review.

Sin embargo, no fue hasta la década de los 90 cuando empezó a establecerse una clara conexión entre el auge de los fondos privados de pensiones y el discurso de que había que recortar las pensiones públicas. En la última década del siglo XX hubo un auténtico aluvión de informes apocalípticos anunciando el hundimiento definitivo de las pensiones públicas. Entonces, la financiarización de la economía y los mercados estaba en pleno apogeo. Desde entonces no ha habido organismo o institución internacional, ya sea pública o privada, que no haya publicado su propio análisis sobre la sostenibilidad de las pensiones.

A este respecto, es muy significativo un informe publicado en 1994 por el Banco Mundial. Titulado en español Cómo evitar la crisis de la vejez: políticas para proteger a las personas mayores y fomentar el crecimiento (PDF en español), dicho informe advertía de la insostenibilidad de las pensiones públicas y proponía avanzar hacia un modelo mixto.

Ese informe fue considerado en su momento una suerte de guía para los neoliberales. Once años después, en 2005, el Banco Mundial publicó otro informe canónico, complementario del primero, que también tuvo mucha repercusión. Titulado Soporte del ingreso económico en la vejez en el siglo XXI (PDF en español), recomendaba diversificar los modelos de jubilación mediante un sistema mixto que combinara la participación pública y privada.

Detrás de este discurso se atisba una estrategia interesada. Incluso un moderado como Octavio Granado, antiguo secretario de Estado de la Seguridad Social, reconoce que los planes de pensiones son un negocio para las aseguradoras y sobre todo para los bancos.

"La estrategia desde entonces pasa por hacer creer a la gente que las pensiones públicas no son sostenibles, que no van a tener pensiones públicas y que, por lo tanto, si quieren tener pensión al final de su vida tiene que ser como consecuencia de lo que han ahorrado. Sin embargo, todas estas previsiones catastrofistas se han confirmado como falsas", comenta Juan Torres.

Con la complicidad de los grandes medios de comunicación, ese discurso, instigado principalmente por la gran banca, ha calado, al menos en una parte de la población. A nivel mundial, entre 1995 y 2025 los activos de los fondos de pensiones en los mercados mundiales han pasado de seis billones de dólares (5,25 billones de euros) a unos 70 (61,2 billones de euros). En España, según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), la patronal del sector, los activos de los fondos de pensiones han pasado de 15.333 millones de euros en 1995 a 138.113 a finales de 2025.

Sin embargo, pese al auge de los fondos privados, la tantas veces anunciada quiebra de las pensiones no llega nunca. "Aunque desde hace décadas se anuncia de forma interesada su supuesta insostenibilidad, el sistema público de pensiones sigue siendo sólido, equilibrado y capaz de garantizar las prestaciones presentes y futuras", tercia Nacho Álvarez, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid.

Álvarez matiza que las previsiones sobre la sostenibilidad futura del sistema deben interpretarse con prudencia. "La sostenibilidad depende de factores inciertos como el empleo, la productividad, la inmigración o el crecimiento económico", añade el profesor universitario.

Lo cierto es que el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad envalentonan a los neoliberales a medida que pasan los años. "La sostenibilidad de las pensiones públicas no depende solo de la demografía", rebate Torres. "El dinero con el que se financian las pensiones depende de la productividad, depende del crecimiento económico, depende de la distribución de las rentas", insiste.

Ante la resiliencia mostrada por las pensiones públicas, la ofensiva neoliberal incluso se ha endurecido. En los últimos años se ha puesto de moda poner el foco en el déficit de la Seguridad Social. En España, los neoliberales aseguran que ese agujero financiero que dejan las pensiones públicas en las arcas del Estado es mayor que el que reconoce el propio Gobierno. Se trata de un trampa contable que no reconoce las transferencias del Estado a la Seguridad Social a través de los impuestos. Al contrario de lo que ocurre con la sanidad pública o la educación, este discurso neocon sostiene que el sistema tiene que sostenerse por sí mismo.

"No es verdad que la financiación de las pensiones tenga que depender solo de las cotizaciones sociales. ¿En qué lugar está escrito que eso tenga que ser así? Lo único que se busca es meter miedo", zanja Juan Torres.

El fiasco de los fondos de pensiones

Torres introduce otro elemento en el debate y asegura que son los planes privados de pensiones los que realmente son insostenibles por estar expuestos a los vaivenes de los mercados. Su última gran crisis tuvo lugar en 2022. Desde entonces, las aportaciones de los ahorradores a los fondos han descendido. "Los que se han hundido y los que han quebrado no han sido los sistemas públicos de pensiones, sino fondos privados por docenas. El sistema financiero es muy inestable, muy volátil, muy peligroso; estamos en la especulación y el valor de estos fondos muchas veces cae", explica Torres.

Además, los planes privados de pensiones no dejan de ser meros instrumentos de ahorro con una escasa rentabilidad. "Los fondos privados en realidad no son pensiones privadas, sino una simple herramienta para el que puede ahorrar. Y cuando el ahorrador llega a una determinada edad saca su ahorro. Pero ¿quién puede ahorrar 300, 500, 600 euros al mes para tener un fondo de pensiones privado?", plantea Torres. "Es verdad que su rentabilidad no es muy alta", explicaba en una ocasión Granado a Público.

Granado citaba informes de la OCDE para hacer tal afirmación, pero no hace falta ir tan lejos: Pablo Fernández, profesor del IESE, instituto vinculado a la Universidad de Navarra, publica todos los años un informe sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones. El último, con datos entre 2010 y 2015, indica que la rentabilidad media en los últimos 15 años de los fondos de pensiones en España se sitúa en el 3,23%, muy por debajo de la rentabilidad ofrecida por el Ibex 35 (8,46%) en ese mismo período o de los bonos del Estado (5,84%).

A guisa de conclusión, Nacho Álvarez asegura que el envejecimiento de la población "supondrá un reto importante para el sistema de pensiones", pero asegura que es "económicamente asumible". Este economista afirma que el gasto en pensiones en España aumentará del 12,7% actual del PIB al 15-16% en 2050, una cifra comparable a la que ya hoy tienen otros países europeos. Sin embargo, eso no impide que las pensiones sigan siendo perfectamente sostenibles. "Este incremento resulta lógico en una sociedad longeva, donde el Estado del bienestar debe seguir protegiendo a la ciudadanía a lo largo de todo el ciclo vital", concluye Nacho Álvarez.

Más información en https://www.publico.es

La Seguridad Social dejará de enviar por correo las notificaciones sobre Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente

A partir del 1 de septiembre de 2026 entra en vigor la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, que modifica el sistema de notificaciones de la Seguridad Social en los procedimientos relacionados con la Incapacidad Temporal (IT), la Incapacidad Permanente (IP) y las lesiones permanentes.

Desde esa fecha, la Seguridad Social dejará de remitir por correo postal las resoluciones, citaciones para revisiones médicas y requerimientos de documentación. Todas estas comunicaciones estarán disponibles únicamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

Este cambio supone trasladar a las personas trabajadoras la responsabilidad de consultar periódicamente sus notificaciones. No acceder a ellas a tiempo puede tener consecuencias importantes, como la pérdida de plazos para presentar documentación, formular alegaciones o interponer recursos.

Por ello, desde CGT recomendamos:

• Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
• Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
• Acceder periódicamente a la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos que puedan recibirse por SMS o correo electrónico son únicamente informativos y no sustituyen la notificación oficial.

La digitalización de los procedimientos administrativos no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio de nuestros derechos. Es imprescindible conocer estos cambios para evitar que la falta de información o el incumplimiento de un plazo tengan consecuencias negativas para las personas trabajadoras.

Desde CGT continuaremos vigilando cualquier medida que afecte a la plantilla e informando para que nadie quede desprotegido, porque mantenerse informado es también una forma de defender nuestros derechos.

Más información en https://elpicador.org

AIRBUS frena: Huelga indefinida por la dignidad y por la vida.

Las plantillas de AIRBUS han dicho basta y las asambleas han acordado parar la actividad laboral a partir de este 25 de agosto. La decisión ha sido mayoritaria y de momento afecta a las plantas de Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla), Illescas (Toledo) y Albacete. Está previsto que a partir de septiembre se unan las plantillas de la Bahía de Cádiz.

La huelga indefinida ha dado comienzo a pesar de las amenazas de la patronal, que pretende echar un pulso a las más de 14.000 personas trabajadoras de la multinacional, consistentes en retirar carga de trabajo, frenar nuevos proyectos, suspensión de nuevas contrataciones y bloqueo de jubilaciones y contratos de relevo. El chantaje de la dirección empresarial demuestra que el control de la situación está en las decisiones que a partir de ahora vayan tomando sus trabajadores y trabajadoras.

Y es que, como admite la propia corporación cuando tergiversa que la lucha de sus plantillas “daña su reputación”, la organización y la solidaridad serán clave para sacar adelante una serie de reivindicaciones que buscan mejorar las condiciones laborales de las propias asalariadas como la de aquellas que prestan servicio para las empresas auxiliares o subcontratas de AIRBUS.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se ha insistido en la idea de que la lucha por unas condiciones de trabajo dignas no “ensucia” la imagen de una de las multinacionales más ricas e importantes del sector aeroespacial, sino su actitud egoísta y alejada de las bases que hacen posible sus desorbitados beneficios económicos. Según los últimos datos oficiales, AIRBUS obtuvo una recaudación que le permitió reembolsarse casi 2.250 millones de euros “limpios” en el último ejercicio, con una facturación total de casi 33.875 millones.

Estos datos contrastan con los de la otra parte, con los de la clase trabajadora, que ve cómo unos pocos continúan amasando enormes fortunas a costa de la explotación y el recorte de derechos laborales. Es por eso que las reivindicaciones de las trabajadoras de este sector se enfocan en la lucha por la recuperación del poder adquisitivo, el mantenimiento del teletrabajo y las condiciones que ya se habían pactado con la patronal en este sentido, por la devolución de lo expoliado en las bajas médicas y el fin del control del absentismo. Igualmente, las plantillas también exigen que las alianzas y fusiones de la multinacional con otras empresas no afecten a las condiciones laborales de las mismas ni mucho menos sirvan como excusa para eliminar derechos ya conquistados.

Por todo ello, a partir de ahora y hasta que la dirección de AIRBUS entienda que sus trabajadores no van a aceptar ninguna medida que signifique ceder derechos, CGT realiza un llamamiento a la solidaridad, tanto a la sociedad como a todos sus entes y militancia, para que se respalden cuantas movilizaciones se lleven a cabo en apoyo a la lucha de las trabajadoras de AIRBUS y sus familias y entornos directos.

Secretariado Permanente Comité Confederal CGT

¡El Despido Colectivo en Global Rosetta es Nulo!

 El 17 de junio se celebró el juicio en la Audiencia Nacional en la que se juzgaba el despido colectivo ejecutado por Global Rosetta el 19 de diciembre de 2025 y que terminó con 37 personas despedidas con el mínimo legal y sin acuerdo de ninguno de los sindicatos presentes: CGT, ELA, CCOO y UGT. La demanda la interpusimos los sindicatos CGT y ELA.

Ayer 14 de julio por la tarde pudimos acceder a la sentencia y la sala nos da la razón, declarando nulo el proceso porque valoran que hubo vulneración de derechos fundamentales. Queda claro que se incluyeron a delegados sindicales sin motivo válido y razonado, utilizando un artificio de datos con la excusa de una pérdida de un proyecto que la sentencia desmonta. Para esto se basan en gran medida en el informe realizado por inspección de trabajo y en la documentación que desde los sindicatos denunciantes hemos dado durante todo el proceso. Además, inciden en que se buscaba neutralizar la acción sindical, reconociéndose una indemnización a CGT de 3.000 euros que utilizaremos en otras luchas.

La conclusión de todo esto es que la empresa tiene que readmitir a todas y cada una de las personas que fueron despedidas. Para quien haya llegado a un acuerdo voluntario con la empresa reconociendo las causas y aceptando voluntariamente el despido, entendemos que está excluido de la readmisión.

Hay que tener en cuenta que la empresa puede recurrir, por lo que hasta dentro de unos meses la sentencia no será firme, pero la empresa tiene que proceder ahora a las reincorporaciones, no puede retrasarlo. En este momento, lo relativo a posibles devoluciones de cantidades ya sean de indemnizaciones o prestación por desempleo, queda al margen, hasta que la sentencia sea firme. Si la empresa contacta a los afectados presionando o asustando con devoluciones, contactadnos. Aclaramos también que, quien no quiera la readmisión ahora, por el motivo que sea, puede aceptarla cuando la sentencia sea firme.

Queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado a llevar esta lucha por lo que creemos justo. Las empresas no pueden despedir a quien quieran sin dar ningún argumento y violar los derechos de todas y todos. Le damos la bienvenida a todas las personas readmitidas, porque siempre hemos estado de su lado. Porque no todos los sindicatos somos iguales, porque no todos estamos dispuestos a aceptar un mal menor o plegarnos a los caprichos de un jefecillo que no conoce las leyes de este país y no le interesan. De hecho, en ICT, donde CGT no tenemos representación, no se ha recurrido el despido. Por si quieres saber mejor cómo funcionamos, tenemos este manual de bienvenida.

Más información en https://www.cgtinformatica.org

La lucha es el único camino. Unidas somos más fuertes.

ERE Capgemini: nuestra visión del proceso.

Tal y como hemos dicho desde el principio, este proceso estaba decidido de antemano y pensamos que además de lo grave que siempre resulta el despido forzoso de tantos compañeros, ha sido también muy preocupante cómo se ha gestionado y quién lo ha avalado.

 1. Un acuerdo firmado por TODOS… incluso por quienes no era necesario.

El acuerdo del ERE ha sido firmado por todos los sindicatos excepto CGT (CCOO, CSIF, RSTIC, UGT, COBAS, CSC y USO). Han firmado incluso los minoritarios cuya rúbrica no era imprescindible. Con esto se legitiman despidos forzosos que no deberían aceptarse nunca y se refuerza la posición de la empresa. Y lo más preocupante: se dificulta o bloquea la posible impugnación del ERE para cualquier trabajador que considere injusto su despido.

2. Una voluntariedad limitada, opaca y cuestionable.

Se ha vendido este proceso como “voluntario”, pero la realidad es muy diferente: No conocemos qué porcentaje real es voluntario, no se ha informado con transparencia. Y además el mayor colectivo con posibilidad de acogerse a esa voluntariedad eran, paradójicamente, los propios afectados.

Esto desvirtúa completamente el concepto de voluntariedad y genera desconfianza.

3. Contra la criminalización de la huelga

Resulta inaceptable, lamentable escuchar a sindicatos tachar la huelga como “irresponsable”.

La huelga es un derecho fundamental, una herramienta legítima y, sobre todo, el único mecanismo real para negociar de tú a tú con la empresa

Es una vergüenza que algunos sindicatos desacrediten la movilización en lugar de impulsarla desde el principio.

4. Referéndum sin información ni debate

Se convoca un referéndum de un preacuerdo que ya está en marcha, sin apenas asambleas (especialmente en Madrid), y sin que la plantilla disponga del texto completo del acuerdo ni de la letra pequeña

Esto no es participación democrática, es una ratificación a ciegas y no es la primera vez que sucede.

Nuestra posición no ha cambiado, es la defensa del empleo y su estabilidad de TODOS los compañeros y compañeras.

¿MÁS DE 700 DESPIDOS Y AQUÍ NO PASA NADA? ASAMBLEA DE TRABAJADORES ON-LINE DE CGT EL PRÓXIMO MARTES 12-05-2026

 

Más de 700 personas despedidas y todo sigue como si nada. No hay asambleas, no hay oposición visible, no hay movilizaciones previstas. Se intenta imponer la normalidad, quieren que lo asumamos como algo lógico, inevitable y quieren que pensemos que no nos va a tocar.

Ante esta inacción por parte de los sindicatos que forman la mesa de negociación, en especial los mayoritarios (CCOO y CSIF), nos surgen las preguntas:

• ¿Qué capacidad de negociación tienen si no se presiona a la empresa de ningún modo?

• ¿Tienen estos sindicatos poder de decisión si hacen lo que les ordenan desde las federaciones centrales sin rechistar?
• ¿Qué sentido tiene firmar un ERE en el que las condiciones son prácticamente las mismas que el mínimo por ley? (prácticamente las mínimas legales)
• ¿Por qué en otros países las condiciones son mejores y la voluntariedad desde el inicio es casi del 100% y en España no?

Con la contabilidad creativa que se practica en Capgemini España (compra de Altran, pagos por la marca, etc, ...) y la pasividad de los futuros sindicatos firmantes, ¿qué les impide hacer otro ERE en 2027, 2028 y los que siguen con condiciones similares?

BUSCAN JUSTIFICAR UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN PARA AHORRAR COSTES Y AUMENTAR MÁRGENES.

Os invitamos a participar en la Asamblea del martes donde compartiremos la información que nos ha proporcionado la empresa, al excluirnos de la mesa de negociación no tenemos la misma que el resto de los sindicatos, pero después de analizarla por nuestro sindicato hemos sacado bastantes conclusiones.

Estará en nuestras manos romper la normalidad, organizarnos, movilizarnos y decir basta.