jueves, 30 de agosto de 2018

Aumentan las horas extra que se trabajan en España, pero casi la mitad no se pagan

El número de horas extraordinarias trabajadas alcanzó en el segundo trimestre de este año su máximo en la última década.

Casi la mitad de las horas extra trabajadas en el segundo trimestre del año no fueron retribuidas ni compensadas con tiempo de descanso, según un informe de CC.OO. a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).El número de horas extraordinarias trabajadas alcanzó en el segundo trimestre de este año su máximo en la última década, con una media de 6,8 millones de horas extra a la semana, la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2009.
De ellas, el 56% fue abonada a los trabajadores, mientras que el 44% no fue retribuida ni compensada con libranzas.Según destaca CC.OO., las horas extraordinarias que se trabajaron en el segundo trimestre equivaldrían a la creación de 170.600 empleos asalariados a jornada completa (40 horas/semana).
De acuerdo con los cálculos del sindicato, el volumen de horas extras pagadas (3,8 millones de horas a la semana) equivaldría a la creación de 95.900 empleos asalariados a tiempo completo, mientras que los tres millones de horas extra no pagadas serían equivalentes a la generación de 74.700 empleos asalariados a tiempo completo.
El sindicato advierte de que esta situación perjudica tanto a los trabajadores que hacen esas horas extra sin retribución alguna como al conjunto de la sociedad, ya que los salarios que se deberían haber abonado quedan fuera de tributación y se lastran los ingresos de la Seguridad Social.

Más de 800.000 trabajadores hacen horas extra

La cifra de trabajadores que realizaron horas extraordinarias en el segundo trimestre alcanzó también máximos de la última década, hasta situarse en una media 825.500 trabajadores a la semana. De ellos, 415.400 recibieron una compensación por trabajar esas horas, 364.400 no percibieron nada y 45.700 personas fueron compensadas solo en una parte.
Los sectores que concentran un mayor volumen de horas extra trabajadas en el segundo trimestre son la industria manufacturera (1,1 millones de horas de media a la semana), comercio y reparación de vehículos (848.000 horas), hostelería (775.000 horas), sanidad y servicios sociales (601.000 horas) y construcción (577.000).
En todos los sectores se realizan horas extra pagadas y también no retribuidas. Hay sectores donde las horas extra trabajadas que se pagan o compensan con descanso son mayoritarias y otros donde las prolongaciones de jornada son claramente mayoritarias.
Así, las horas extra pagadas son claramente mayoritarias en industria manufacturera, construcción, sanidad y servicios sociales o agricultura y ganadería. Por el contrario, las horas extra no pagadas son mayoría dentro de las ramas de hostelería, educación, actividades financieras y de seguros, y actividades profesionales, científicas y técnicas.
Las ramas de hostelería, comercio y reparación de vehículos, educación, actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades financieras y de seguros concentran más de la mitad (54%) de todas las horas extras no pagadas que se trabajaron en España en el segundo trimestre de 2018.
No obstante, el peso de estas mismas ramas entre las horas extra pagadas es mucho menor y sólo concentran un porcentaje reducido de las horas extras pagadas (el 26% del total).
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El peso de los salarios sobre el PIB está en su nivel más bajo desde hace 30 años

La suma de todas las remuneraciones asciende a 550.000 millones de euros, lo que supone 9.500 millones menos que en 2008.

La suma de todos los sueldos pagados en España el año pasado fue de 550.272 millones de euros. A pesar de que esta cifra supone un 3,3% más que la de 2016, el peso de los salarios en el conjunto de la economía española cae hasta el 47,3% del PIB, el más bajo desde hace 30 años. Y no hay que irse tan lejos en el tiempo. Justo antes del comienzo de la crisis, la parte de la riqueza del país que se destinaba a pagar nóminas estaba en el 50,1% en 2008 y rozando el 51% en 2009, pero a partir de ese momento ha ido bajando hasta los niveles actuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La crisis ha dejado claros perdedores: los trabajadores. Mientras que muchos se quedaron sin empleo, los que lo mantuvieron debieron de adaptarse a unas nuevas condiciones que, en la inmensa mayoría de los casos, fueron inferiores. El paro llegó a sumar 6,3 millones de personas, por lo que la devaluación de los salarios para quienes mantuvieron su puesto era la mejor noticia en esas circunstancias. Además, a partir de 2012 los españoles hicieron frente a la mayor subida del IRPF hasta 2015.
El problema principal es que a pesar de que España está creciendo en términos macroeconómicos y de recuperación de puestos de trabajo -el último dato del Ministerio de Trabajo de julio sitúa la cifra en 3,13 millones de parados, la más baja desde diciembre de 2008-, los salarios no lo han hecho en la misma medida.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó en una de sus primeras comparecencias en el Congreso que «España arrastra un problema endémico de salarios bajos, que no se explica únicamente por la evolución baja de nuestra productividad, sino también por la merma en el poder de la negociación de los trabajadores, favorecida por la reforma laboral del anterior Gobierno». Además, añadió que la «segmentación y elevada temporalidad» asociada a los empleos de «baja calidad» y salarios bajos «configuran una realidad que para este Gobierno no puede ser asumible».
Crecimiento de empresas
Es cierto que muchas compañías tuvieron que cerrar por culpa de la recesión económica, pero las de mayor tamaño que resistieron han recuperado sus beneficios desde entonces. Según los datos del INE, desde 1989 cuando los beneficios empresariales y rentas del capital representaban el 46,41% del PIB, de 2008 a 2017 acumularon un aumento del 6,12%, unos valores que no se veían ni siquiera antes de la crisis.
Esta diferencia también se hace presente en los impuestos pagados por las familias y por las empresas. El Impuesto de Sociedades, por el que las compañías tributan por sus beneficios a Hacienda, llegó a recaudar 45.000 millones en 2007, mientras que en 2017 su aportación fue prácticamente la mitad. En cambio, el IRPF ha elevado su recaudación casi el 9% desde el comienzo de la crisis.
La situación en España es aún más crítica si se compara con la de otros países del entorno. Según cifras publicadas por Eurostat, aunque el peso de los salarios en la riqueza total del país se sitúa en la media de la zona euro, en Dinamarca, Francia y Alemania suman más de la mitad del PIB. Hay que tener en cuenta que estos países tienen menores tasas de desempleo y mayores niveles salariales. En 2017 el SMI en Alemania era de 1.498 euros y en Francia de 1.480 euros, mientras que en España fue de 826 euros (en doce pagas).

Las rentas empresariales crecen casi el doble que las del trabajo

Las rentas empresariales crecieron el año pasado en España un 7,1%, lo que supone casi el doble que el aumento de las rentas del trabajo (la parte central de las rentas de los hogares) en el mismo periodo, cuando registraron un incremento del 3,8% gracias a la creación de empleo, según los datos del Informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria.
Así, las rentas del trabajo repuntaron un 3,8% el año pasado, cuatro décimas más que en 2016, por la positiva evolución de la masa salarial, que aumentó un 4,6%, cuatro décimas más que el año anterior. La mejora es más significativa si se tienen en cuenta que en 2016 se había producido la recuperación de parte de la paga extra de 2012 para los funcionarios.
La Agencia Tributaria apunta en su informe que el principal factor que impulsó el crecimiento de la masa salarial fue la creación de empleo y el repunte de las retribuciones medias, después de años de estancamiento, ya que el salario medio en 2017 fue aproximadamente el mismo que se promedió en 2008.
Por otro lado, las rentas empresariales crecieron un 7,1% por encima de la tasa registrada en 2016 (5,5%). De hecho, en 2017 aumentó tanto el número de empresarios y profesionales (1,8%) como la renta media (5,3%). Así, la renta media acumula cinco años consecutivos de crecimiento, aunque siguió estando por debajo de los datos precrisis, ya que aún no se ha llegado a los niveles de 2006.
Asimismo, las rentas de capital (mobiliario, arrendamientos y ganancias patrimoniales) crecieron un 4,9% frente al 2% de 2016.
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La Seguridad Social pierde 592 millones anuales por la figura de los falsos autónomos

La unión de autónomos UATAE calcula, tomando datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que actualmente hay 225.000 falsos autónomos en España, lo que supone un incremento del 6,6 % con respecto al año pasado.

El fraude de los falsos autónomos supone que la Seguridad Social deje de ingresar una media de 592 millones de euros al año, según datos de la unión de autónomos UATAE.
UATAE calcula, tomando datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que actualmente hay 225.000 falsos autónomos en España, lo que supone un incremento del 6,6 % con respecto al año pasado.
La organización denuncia que este tipo de fraude supone una reducción de los gastos de empleabilidad para las empresas defraudadoras, ya que los falsos autónomos pagan su propio coste de contratación, no cuentan con paro, baja laboral o vacaciones, y pueden despedirlos de forma sencilla porque no pueden adscribirse a ningún tipo de convenio colectivo.
UATAE además reclama la regularización de la situación de los Trabajadores Autónomos Dependientes Económicamente (TRADE), que son aquellos que facturan más del 75 % a una sola empresa, para que se les reconozca derechos como la prestación por desempleo o las vacaciones.
La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, cree que, para atajar definitivamente el fraude, se debe transformar el régimen de autónomos para dotar al colectivo de derechos y protegerlos frente a los abusos para que así "dejen de ser la figura idónea para el fraude". 

TRANSCOM ANUNCIA UN ERE PARA MÁS DE 100 PERSONAS DE ORANGE: LA HISTORIA SE REPITE


De aquellos polvos vienen estos lodos. Tras el ERE presentado por la multinacional Transcom el pasado verano de 2017, mediante un enjuague repugnante avalado por CCOO, UGT, USO y CsiF, esta multinacional ha anunciado que a partir del 30 de septiembre más de 100 trabajadores de los servicios de Fidelización Inbound de Orange, Fidelización Outbound de Orange y Retenciones de Orange serán despedidos por causas económicas, organizativas y de producción. 

Los despidos objetivos suelen ser la vía más socorrida cuando las empresas quieren aumentar sus beneficios. Algún visionario en algún despacho de algún lugar de Europa habrá planificado que ahorrándose los sueldos de todos/as los/as afectados/as los beneficios de esta subcontrata de Contact Center pueden aumentar. Lo repugnante es que Orange a día de hoy tiene más trabajo que nunca debido a la competencia de las empresas de telecomunicaciones y a la guerra del fútbol, que eleva la competencia entre compañías y las llamadas telefónicas que se emiten y se reciben desde la subcontrata de turno. Además Transcom no solo no ha mermado su capacidad productiva sino que ha encontrado nuevos clientes y ha creado nuevas filiales de Contact Center. 

Dicho de otra manera. Para este ERE, como para muchos otros, no hay causa, y CGT se va a negar a validar un proceso de este tipo. Los sindicatos somos herramientas a disposición de los trabajadores para defendernos de la avaricia de las empresas. Si CCOO, UGT, USO y CsiF quieren volver a validar el ERE que lo hagan, pero nosotros/as vamos a movilizar a los/as trabajadores/as contra estos despidos. La primera reunión del período de consultas está prevista para el 6 de septiembre. Algún sindicalisto ya está trasladando a los/as trabajadores/as que va a negociar una indemnización mayor comenzando un mercadeo antes incluso de que haya llegado a puerto la mercancía. Estamos hartos/as de ser carne para la picadora. Estamos hartos/as de ser mercancía de empresas y subcontratas que nos usan, nos exprimen y nos tiran a la basura. Más de 100 familias pueden irse al paro a partir de octubre si este proceso llega a término, pero CGT va a luchar contra los despidos movilizando todos los medios a su disposición. Es importante que la plantilla dé un paso adelante y se movilice en la defensa de sus puestos de trabajo. 

Nosotros/as pondremos en marcha un proceso transparente en el que informaremos después de cada reunión de todo lo acontecido.

Leer más: https://www.cgt-telemarketing.es/blog/1030-transcom-anuncia-un-ere-para-mas-de-100-personas-de-orange-l.html

Privacidad laboral y cámaras ocultas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentado como precedente un matiz importante en la configuración del derecho a inspeccionar al trabajador en su puesto de trabajo, en el seno de un procedimiento laboral en el que, al llegar el caso a dicha instancia, ha condenado a España por infracción de la normativa de protección de datos mediante la condena de cinco cajeras de un supermercado despedidas por ser grabadas robando por una cámara oculta, de cuya existencia no tenían conocimiento.
Ahora el Estado deberá indemnizarlas con 4.000 euros a cada una, más otros 500 euros por los gastos legales.
El asunto comenzó cuando, bajo sospechas de pérdidas por robo de sus empleados, el dueño de un supermercado de propiedad familiar puso cámaras para vigilar a sus trabajadores, algunas de las cuales fueron debidamente comunicadas, sin embargo colocó también cámaras ocultas de las que estos no tenían conocimiento.
Este es el argumento principal de la sentencia del alto tribunal que condena a la empresa por no haber avisado a los empleados de que estaban siendo grabados. Por lógica legislativa, esto se debe a que la razón de ser de la protección de la vigilancia en el entorno laboral estriba en la prevención más que en la persecución, de modo que la mera advertencia de grabación de posibles conductas irregulares disuada por si sola a los empleados que se vean tentados de cometer robos, o cualquier otro género de delitos en el entorno empresarial.
En España, nuestro Tribunal Constitucional estableció que los trabajadores deben ser informados de la instalación de cámaras, aunque sin necesidad de que el empleador concrete los propósitos de la medida y el alcance del tratamiento de esos datos personales. Esta sentencia supuso una ruptura con la jurisprudencia establecida hasta el momento por el mismo constitucional, por lo que habrá que ver cómo encaja esta nueva tendencia jurisprudencial en nuestro ordenamiento jurídico y judicial.

                                                  Más información en : www.laboral-social.com

jueves, 2 de agosto de 2018

El día que ubericen tu trabajo será demasiado tarde para reaccionar

Si algo ha conseguido el capitalismo ha sido la atomización del empleo. La descomposición de la fuerzas sindicales mediante el desmantelamiento de la estructura de los trabajos y de los lugares donde se realizan.
Esto no es algo que se haya inventado o haya arrancado con las nuevas tecnologías en la última década. No es algo atribuible a ninguna aplicación de móvil o a ningún visionario fundador de startups por sí solo. Es algo que viene de muy lejos y que lleva décadas en marcha. La proliferación de restaurantes de fast foodque se abastecen de una plantilla de estudiantes que creen que va a ser su “trabajo mientras se sacan la carrera”; la subcontratación y deslocalización de la producción fabril a países donde no se respetan los derechos laborales y sindicales; la trampa del emprendimiento como nueva forma de explotación laboral. 
Como explica el sociólogo Jorge Moruno, en su libro No tengo tiempo (Akal, 2018), lo que hizo el neoliberalismo “fue deshilachar el tejido social, el pueblo armado, el contrapoder social, crear un desierto social mediado únicamente por las relaciones de consumo, por la subjetividad de la empresa y por patrones de conducta basados en la competitividad”.
Esa dispersión de los empleados y desaparición de los lugares físicos de producción donde la plantilla tenía el tiempo de conocerse y unirse, las fábricas, es la estrategia de un neoliberalismo que, desde tiempos de Thatcher, se dio cuenta de que la única manera que tenía de avanzar en su plan era acabar con la fuerza sindicalista atomizando cada vez más el empleo.
 Separando cada vez más a los y las trabajadoras. Rompiendo o transformando la relación laboral empleado/empresario. Inventando nuevas formas de explotación laboral. Y la última vuelta de tuerca, aunque tampoco sea nada nuevo, provocar la confrontación interna de la clase obrera. Conseguir que llamemos “privilegiados” a los sectores que simplemente han conseguido mantener más derechos que el nuestro. Que no se han doblegado a la precarización. Que tienen una mayor fuerza de negociación al tener la posibilidad de paralizar una ciudad entera.
Lo que está ocurriendo estos días con la huelga de los taxis contra Uber y Cabify no es más que una consecuencia de esa lucha. Estas empresas turbocapitalistas -por favor os pido que dejéis de llamarlo economía colaborativa- han atomizado más el empleo. Han separado a sus trabajadores con la excusa de que son (falsos) autónomos. Han descompuesto la relación de empleado con su empresa. Han precarizado hasta lo inimaginable el trabajo de taxista. Han bloqueado, de momento, la posibilidad de que dichos conductores, muchos de ellos desesperados tras estar varios años en situación de desempleo, se puedan autoorganizar para pedir una mejora laboral, porque a la mínima queja o fallo en tu trabajo te “desconectan”, que es como ahora llaman al despido en este tipo de empresas. La transformación es tal que han conseguido modificar incluso el concepto "despido".
Y no, no es solo en los taxis. No es únicamente en el sector de repartidores de comida o paquetería. No es ni tan siquiera un mal de aquellos empleos que se rigen por una aplicación de teléfono. Esta uberización del empleo se está extendiendo cada vez más. 
La atomización del empleo, encarnada en la figura del falso autónomo que compite ferozmente con sus “compañeros” por obtener un encargo o un “bolo” (en inglés gig, de ahí el término gig economy, mucho más correcto para este tipo de trabajos que economía colaborativa) cada vez más precario, ha llegado a las fábricas cárnicas de Sueca (Valencia), a los repartidores de prensa, a los puestos de enfermería o al servicio de fontaneros a domicilio en el Reino Unido, a los pilotos de compañías aéreas, a la enseñanza y a cada vez más profesiones donde el empresario es capaz de abaratar algo a base de precarizar un empleo y provocar la lucha encarnizada por dichos bolos. 
La uberización del empleo está aquí, y si crees que a ti no te va a pasar o que tu sector es intocable, te equivocas. A lo que nos enfrentamos no es a unas plataformas online que gracias a la libre competencia han flexibilizado el mercado laboral de los sectores privilegiados. Nos enfrentamos a la modificación de la relación laboral entre trabajador y empresario. Entre el capital y la fuerza de trabajo. La pérdida de la lucha de clases porque estaremos demasiado ocupados por sobrevivir en una lucha contra nuestros iguales.
“La uberización del empleo no es más que la pura y antigua superexplotación del capitalismo”, tal y como dijo el antropólogo y activista David Graeber en una entrevista a este mismo medio. Ante esas nuevas metodologías de superexplotación, debemos pensar y concretar nuevas formas de lucha que puedan ser articuladas por todos los sectores y no solo por aquellos que pueden paralizar una ciudad o una estiba.
Las redes sociales en estos días de la huelga de taxis es una buena muestra de esa confrontación dentro de la misma clase obrera. Lees mensajes donde se llama “privilegiados” a sectores que han defendido sus derechos. Donde se ve una barbaridad un sueldo de 2.000 euros mensuales porque nos hemos acostumbrado a la precariedad. Donde se sigue comprando el discurso de que un conductor de Uber o un repartidor de Glovo son emprendedores que tienen derecho a participar en la libre competencia.
 El panorama es desolador y, mientras sigamos actuando así, la uberización de la economía no deja de avanzar. Un avance cada vez más normalizado y difícil de revertir. Si no haces nada para apoyar esta lucha, estés de acuerdo o no con las reivindicaciones de los taxistas, la uberización del trabajo te tocará a ti algún día, pero entonces ya será demasiado tarde para darte cuenta y cambiarlo.
                  Más información en : elsaltodiario

11 compañías TIC, multadas con 30 millones de euros por crear un cártel en los contratos con la Administración

Indra, Software AG, Atos, IBM, Everis o Accenture son solo algunas de las once empresas TIC que han sido multadas por la CNMC. Todas ellas habrían pactado precios y condiciones comerciales en los contratos y licitaciones públicas.

Hay cárteles de la droga y cárteles de la tecnología. En este segundo grupo encontramos el que han conformado once empresas TIC en nuestro país, las cuales decidieron ponerse de acuerdo en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública.
Así pues, en lugar de repartirse las rutas de la cocaína o distribuirse los mejores barrios de venta, las prestigiosas firmas digitales se repartieron los clientes, “pactaron los precios y las condiciones comerciales, e intercambiaron información comercial sensible para encarecer la contratación pública”. 
En esta trama ilegal no hay un solo Pablo Escobar, sino dos: Indra y Software AG.Ambas compañías son señaladas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia como las “instigadoras” de todo este lío, en el que participaron también otras nueve empresas con distintos grados de responsabilidad: Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next. A esta lista hay que sumar otras tres empresas para las que no existen pruebas suficientes.
La operación contra este cártel comenzó el pasado 8 de marzo de 2015, fruto de una denuncia externa a la CNMC. La investigación posterior demostró que esta trama delictiva habría maniobrado fuera de la Ley para alterar las condiciones de contratación pública o inflar los precios de las adjudicaciones en organismos como la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras.
El “fraude”, como lo tilda la CNMC, incluye la creación de UTE (Uniones temporales de Empresas) de carácter instrumental; la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación; la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados; o la cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos.
Con todo ello, la CNMC ha impuesto una sanción conjunta de 29,9 millones de euros que se distribuye de la siguiente forma:
  • Indra Sistemas SA: 13,5 millones de euros
  • SAG (Software AG) España SA: 6 millones de euros
  • Atos Spain SA: 5 millones de euros
  • Connectis ICT Services SA.: 1,8 millones de euros
  • IBM (International Business Machines) SA: 940.000 euros
  • Everis Spain SL: 800.000 euros
  • Babel Sistemas de Información SL: 633.917 euros
  • Cibernos Consulting SA: 616.038 euros
  • Gesein SL: 320.969 euros
  • Accenture SL y Accenture Outsourcing Services SA: 300.000 euros
  • Next Computer Services SA: 46.760 euros
           Más información en : ticbeat.com

miércoles, 1 de agosto de 2018

El lado oscuro de los descuelgues: ganar competitividad a costa del trabajador, según demuestra un estudio

Un estudio de Empleo muestra que las empresas han abusado de las posibilidades abiertas por las últimas dos reformas laborales para reducir salarios, también después de la recesión. 

“Concurren las causas justificativas (de tipo económico)”. Esa frase costó parte de su sueldo al único empleado de una empresa del sector de la construcción. Se hizo mediante un descuelgue del convenio colectivo que se le aplicaba, un procedimiento legal que obedece a la lógica de “mejor con peores condiciones que sin trabajo”. Un estudio ha analizado las actas de las negociaciones en un centenar de empresas. Se trata de un material confidencial que revela justificaciones muy escuetas como la del ejemplo, pero también recortes draconianos de sueldo en empresas ya saneadas simplemente para ganar cuota de mercado o concursos públicos. Todo ilegal. 
Un ejemplo de esas ilegalidades se da en una compañía de 35 trabajadores que se dedica a la fabricación de productos químicos. “El mantenimiento de los salarios actualmente hace que la empresa no sea competitiva en el mercado, y ello ha llevado a no obtener determinadas contrataciones públicas por la imposibilidad de ofertar un precio competitivo derivado, en buena medida, de la necesidad de cubrir los costes en materia de personal”, dice el acta. 
El estudio de los descuelgues forma parte de un proyecto más grande, publicado por el Ministerio de Trabajo, que analiza los efectos económicos de la negociación colectiva en España entre 2007 y 2015. Es especialmente relevante por tratar un material al que no se tiene acceso: las actas de la negociación. La confidencialidad de esos documentos impide dar nombres de empresas ni otras cuestiones que permitan identificarlas. Sólo se alude al sector, al número de trabajadores y a la materia afectada por el descuelgue. Pero eso no impide hacerse una idea de lo lejos que se ha llegado los últimos años. 

DESCUELGUES EN FRAUDE DE LEY

El descuelgue es una medida legal que permite a los empresarios dejar de aplicar el convenio colectivo en varios aspectos como la jornada, los turnos o el sistema retributivo. Es una ventana que dejó entreabierta la reforma laboral de 2010, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que acabó de abrir del todo la de 2012 ya bajo la presidencia de Mariano Rajoy. 
Basta con argumentar cuestiones técnicas, organizativas o económicas. En este último punto, es suficiente con tener dos trimestres consecutivos de descenso de “ingresos ordinarios o ventas”, según recoge el Estatuto de los Trabajadores. 
Eso hace que sea relativamente sencillo cumplir los requisitos para bajar salarios, aumentar jornadas, retirar pluses o todo a la vez. Sin embargo, lo que se observa en este estudio es que, pese a las facilidades, se cometen “múltiples y recurrentes ilegalidades”, dice su autor, Luis Gómez, en conversación con El Salto. 
A este doctorando en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid le llaman la atención los “abusos de derecho en forma de reducciones salariales desproporcionadas en relación a la situación económica o productiva de la empresa (con caídas de hasta el 45% e incluso hasta el límite del Salario Mínimo Interprofesional), ejecución de descuelgues en situación de recuperación económica, de saneamiento de las cuentas de la empresa e incluso con previsión de contratación”. 
También se dan descuelgues que el propio autor de la investigación ha dado en llamar como “preventivos”. Se trata de inaplicaciones de convenios que están por firmar a pesar de que la legislación lo impide.
“En el supuesto de que se publique un nuevo convenio, las partes procederán a adaptar este acuerdo al nuevo”, dice el acta de la inaplicación de una empresa de la construcción en lo que parece una adaptación a la ley. Sin embargo matiza: “en el caso de que este nuevo convenio tenga efectos económicos retroactivos, los mismos no serán de aplicación a los trabajadores de la empresa”. Se trata de una fórmula que aparece casi calcada en las actas de otras tres empresas del sector con entre tres y ocho trabajadores. 
Son cuestiones que, a pesar de ser ilegales, están negro sobre blanco y firmadas por las partes: empresa y representación de los trabajadores. 
Eso precisamente es “lo más impactante” para Gómez. “Muchas irregularidades son expresas y, por tanto, demostrables ante un juez, pero no son denunciadas por parte de los trabajadores, lo que sólo puede deberse al temor a futuras represalias o al ajuste directo por vía de la flexibilidad externa”, es decir, a los despidos. 
Pero “muchas irregularidades” en el estudio de cien casos son en realidad ¿muchas o pocas? Dicho de otra manera, ¿están realmente los empresarios aprovechándose del temor de sus empleados? “La selección fue aleatoria”, aclara el autor del análisis, así que, “por esa aleatoriedad, cabe plantearse que el conjunto de las mismas presenten una proporción relativamente similar en cuanto a poseer estos u otros elementos censurables”. 

DUMPING SOCIAL

Hay más sobre la empresa de 35 trabajadores que quería ganar concursos públicos bajando el salario de sus empleados. En las actas se reconoce que los ERE que se han llevado a cabo (dos en concreto antes del descuelgue) “restan competitividad en un entorno de incremento de la actividad; y es que la reducción de jornada o la suspensión de contratos que contenían los expedientes de regulación de empleo puestos en funcionamiento no permitían atender las necesidades de la empresa que le permita remontar las cifras actuales de negocio”. 
Dicho de otra manera, la empresa pretendía cambiar despidos por contrataciones y menores sueldos. A eso el estudio lo llama “con casi toda probabilidad, un supuesto de dumping social”. 
Incrementar la competitividad a costa de las condiciones de los trabajadores (dumping social) es grave. Sin embargo, no parece haber sido masivo. “Sí se ha generado una carrera a la baja en las retribuciones, como primer elemento del dumping, pero no de los precios de venta”, aclara Gómez, que explica que esa práctica es igualmente dañina. 
Para ello, se remite a los datos de la Comisión Europea en los que se ve que, durante la crisis, España ha sido el tercer país (tras Grecia e Irlanda) que más ha reducido salarios y uno de los que más ha incrementado los precios de los productos exportados (una forma de medir la competitividad): un 5,78% frente al 4,6% de Alemania, el 1,74% de Reino Unido o el 0,57% de Francia. 

MEJOR TENER PEORES CONDICIONES QUE PERDER EL EMPLEO

En un momento en el que los datos de paro pulverizaban marcas casi mes tras mes, parecía lógico pensar que una rebaja de las condiciones era un mal menor. 
“La ortodoxia económica plantea una falsa disyuntiva”, dice Luis Gómez. “Se amputa del salario la mitad de su naturaleza, concretamente la del mismo como fuente de consumo, manteniendo exclusivamente su papel como coste”. Si, además, los precios se mantienen o crecen, la cosa se agrava. 
Lo que esta postura (un enfoque postkeynesiano) le dice a quienes defienden los descuelgues como una cuestión inevitable a no ser que se quiera que aumente el desempleo, es que se olvidan de la pérdida de poder de consumo y que eso acaba volviendo a dañar a la propia economía. 
Como muestra, algunos números. “Mientras los beneficios agregados se estancaron entre el cuarto trimestre de 2011 y el tercero de 2012, la masa salarial se desplomaba 9 puntos y en el cuarto trimestre de ese año se reducía deliberadamente un 4%. Con ello se consiguió incrementar el excedente bruto de explotación un 1,28%, pero en el siguiente trimestre se desplomó 3 puntos”. 
Dicho de otra manera: se entra en un “círculo vicioso” ya que, “en el caso español, el ajuste vía precios no hace sino incrementar el ajuste vía cantidades”, dice Gómez. Eso significa que, queriendo evitar que suba el paro, al final, se puede acabar provocando precisamente eso. 
                       Más información en :elsaltodiaro.com

“Todo sigue siendo un caos bajo las estrellas de la recuperación”

Las distintas encuestas relativas a los hogares, que “fotografía” de manera “media” las condiciones de vida de las personas, en cuanto las rentas salariales y patrimoniales que perciben, nos sigue mostrando que el tiempo que se abrió en el 2008 por el estallido de la “gran estafa” del capitalismo, es un tiempo de precariedad estructural que se incorporó a la realidad social como modo de vida por las clases poderosas y el Estado.

Lo que llaman recuperación (crecimiento de la economía a niveles macro a una media del 3% desde el 2014), no deja de ser “poco más que oxígeno artificial bombeado por las políticas monetarias expansivas a escala europea”, donde grandes corporaciones empresariales y banqueros, vuelven a conseguir dinero barato o prácticamente a 0% de interés, para seguir cobrando pingues beneficios en esa perversa estafa de comprar deuda a un estado que les ha regalado cientos de miles de millones públicos.

Lo que llaman economía “española” (se olvidan de la economía de la Vida, la de los cuidados, la de la reproducción…, sin la cual la “economía oficial” jamás podría funcionar), sigue sentando sus bases sobre la explotación intensiva de rentas territoriales, donde el turismo y la atracción de capitales –inversores y fondos buitres-, vuelven a “calentar” el mercado inmobiliario, y las clases asalariadas, encuentran empleos “sobradamente cualificados” en los servicios de consumo, pagados a precios “de sobreexplotación”, es decir, exiguos y sin poder garantizar ningún proyecto de emancipación autónoma como personas.

De esta manera nos encontramos que 7 de cada 10 personas jóvenes de 16 a 30 años, tienen que vivir con los padres.

En 805.100 hogares, donde la pareja tienen más de 65 años, conviven hijos e hijas de más de 25 años. Y si abrimos el campo de edad de las parejas, es decir entre los 55 a 64 años, nos encontramos con otros casi 500.000 hogares donde viven hijos e hijas de más de 25 años.

No sólo los salarios de mierda y de sobreexplotación condicionan el “no-futuro” de las personas jóvenes, sino que el empleo (tenerlo o no tenerlo), comporta el hecho de tener que seguir en el hogar. Si en el 2007 estaban empleadas 4,9 millones de personas menores de 30 años, en el 2017 solamente se encuentran empleadas prácticamente la mitad, es decir, 2,5 millones.

El tipo de mercados de trabajo existentes en el Estado Español, con esa “especialización en la economía de servicios”, requiere de unas leyes donde se pueda garantizar a los capitalistas sus beneficios, y así nos encontramos que de cada 100 personas asalariadas, 26 tienen contratos temporales, 16 contratos a tiempo parcial y el 17% de la Población Activa se encuentra parada.
Las estadísticas, en cuanto son números, pueden manipularse fácilmente y no mentir, es decir, las estadísticas de la Encuesta de Condiciones de Vida relativa al 2017, considera que la Tasa relativa de Riesgo de Pobreza general ha bajado 0,7 décimas en el 2017, hasta situarse en el 21,6% de toda la población. A la vez, considera que los hogares españoles aumentaron un 3,1% sus ingresos medios anuales, hasta los 27.558 €.

Seguimos denunciando que el “no reparto” de la riqueza que producimos la mayoría social (clases asalariadas) y su “robo legal” por parte de una minoría (empresarios, banqueros, ejecutivos, directivos…), que permite por ejemplo que unos 500 ejecutivos o personal de Alta Dirección perciban una media de casi 1,8 millones de euros, es lo que posibilita que más de 13 millones de personas asalariadas estén ocupadas y empleadas en esa “economía de servicios de consumo” y sus salarios no lleguen a los 850€. Esta es una sencilla explicación de “las medias estadísticas”.

La inmensa mayoría de la población no puede tener unas condiciones de vida aceptables, cuando se les va la vida en el enfrentamiento con el sistema que les engulle tiempo y energía y destruye lo más fundamental y básico: el cuidado y los cuidados de las personas.

Hogares (llenos de personas), donde el 34% no puede ni irse una semana de vacaciones; el 38% no puede realizar al menos una comida cada tres días donde la carne y el pescado estén en su dieta; el 8,3% padece pobreza energética, es decir, no puede tener en condiciones de bienestar su vivienda, el 37,3% no puede hacer frente a gastos imprevistos y el 9,3% no llegan nunca a final de mes.

Para CGT, solo hay un camino en la recuperación de la dignidad y los derechos: la movilización social contra la explotación, el patriarcado y por la justicia social.

 
LA ÚNICA SOLUCIÓN ES LA MOVILIZACIÓN
                                                           Más información en : cgt.org