No es universal ni es completamente incondicional, pero es una solución imaginativa y será una referencia obligada para la economía crítica. De momento, es poco más que un experimento, que durará hasta el 31 de diciembre de 2018 y que involucrará a 2.000 personas escogidas de forma aleatoria entre los solicitantes de empleo. Desde el 1 de enero, Finlandia se ha convertido en el primer país europeo en ensayar la puesta en marcha de una Renta Básica, una propuesta que muchos economistas defienden como la solución más racional y justa a la crisis del empleo –la crisis económica– que atenaza a Europa desde, al menos, 2008.
Mediante la introducción de esta Renta Básica, que no es universal –ya que excluye por razones de edad y sólo selecciona a solicitantes de empleo–, se pretende comprobar si el ingreso motiva a los desempleados a buscar un trabajo acorde con sus intereses y capacidades, como defienden los grandes teóricos del Basic Income. El objetivo, según el Gobierno finés, de centro derecha, es triple: reducir la burocracia, atajar la pobreza e impulsar el empleo.
Para ello, el Gobierno aportará un ingreso de 560 euros a cada uno de esos 2.000 "conejillos de indias", cuyo rango de edad estará entre los 25 y los 58 años. Esa cantidad se restará de los otros beneficios sociales que perciban. El director de Kela ha anunciado que la propuesta puede ser ampliada a otros grupos de bajos ingresos, como los autónomos y los trabajadores a tiempo parcial.
El país báltico mantiene un complejo sistema de ayudas sociales que, según ha detectado el Instituto de la Seguridad Social finés (Kela) puede desincentivar la búsqueda activa de empleo de algunos de los 213.000 empleados (el 8% de la población) que se encuentra en el desempleo. Ahora, se plantea construir un "nuevo modelo de seguridad social", según Kela.
El ingreso que acaba de entrar en vigor impulsará a los perceptores, según el Gobierno, a aceptar trabajos de bajos salarios y a tiempo parcial que no aceptarían de otro modo por miedo a perder algunas de las ayudas preexistentes, según el Gobierno. El ingreso no se retira si se encuentra un trabajo.
En un país con múltiples ayudas sociales y un Estado de bienestar robusto, la clave de la propuesta reside en la aproximación a la incondicionalidad: el Gobierno no examinará dónde han ido a parar los 560 euros entregados. Ni facturas, ni recibos, ni exámenes. Tampoco estarán sujetos a ningún impuesto directo. Esto diferencia el proyecto puesto en marcha en Finlandia de otras ayudas, como la que mantiene la Comunidad Autónoma Vasca en el Estado español o los subsidios condicionados existentes en países como Reino Unido.
Sin embargo, como defiende la economista Frances Coppola en Forbes, la medida se salta algunas de las potencialidades del concepto de Renta Básica, al asociar la iniciativa al ahorro de las prestaciones sociales por parte del Gobierno finés.
En el Reino de España, un equipo formado por Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluís Torrens han avanzado los datos de un estudio en el que calculan que mediante una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es posible financiar una renta básica que cubra los casi 7.500 euros que marcaron el umbral de la pobreza en el año que se tomó de modelo para el estudio.
Más información en : diagonalperiodico.net
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