Hay cárteles de la droga y cárteles de la tecnología. En este segundo grupo encontramos el que han conformado once empresas TIC en nuestro país, las cuales decidieron ponerse de acuerdo en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública.
Así pues, en lugar de repartirse las rutas de la cocaína o distribuirse los mejores barrios de venta, las prestigiosas firmas digitales se repartieron los clientes, “pactaron los precios y las condiciones comerciales, e intercambiaron información comercial sensible para encarecer la contratación pública”.
En esta trama ilegal no hay un solo Pablo Escobar, sino dos: Indra y Software AG.Ambas compañías son señaladas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia como las “instigadoras” de todo este lío, en el que participaron también otras nueve empresas con distintos grados de responsabilidad: Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next. A esta lista hay que sumar otras tres empresas para las que no existen pruebas suficientes.
La operación contra este cártel comenzó el pasado 8 de marzo de 2015, fruto de una denuncia externa a la CNMC. La investigación posterior demostró que esta trama delictiva habría maniobrado fuera de la Ley para alterar las condiciones de contratación pública o inflar los precios de las adjudicaciones en organismos como la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras.
El “fraude”, como lo tilda la CNMC, incluye la creación de UTE (Uniones temporales de Empresas) de carácter instrumental; la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación; la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados; o la cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos.
Con todo ello, la CNMC ha impuesto una sanción conjunta de 29,9 millones de euros que se distribuye de la siguiente forma:
- Indra Sistemas SA: 13,5 millones de euros
- SAG (Software AG) España SA: 6 millones de euros
- Atos Spain SA: 5 millones de euros
- Connectis ICT Services SA.: 1,8 millones de euros
- IBM (International Business Machines) SA: 940.000 euros
- Everis Spain SL: 800.000 euros
- Babel Sistemas de Información SL: 633.917 euros
- Cibernos Consulting SA: 616.038 euros
- Gesein SL: 320.969 euros
- Accenture SL y Accenture Outsourcing Services SA: 300.000 euros
- Next Computer Services SA: 46.760 euros
Más información en : ticbeat.com
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