La cola para entrar en los juzgados de lo social de Madrid o para coger el ascensor es solo un reflejo de la saturación que sufren estos tribunales y que afecta a asuntos urgentes.
En Madrid, los juicios de asuntos "perentorios" pueden señalarse a un año
vista, y en Sevilla llegan a 2017 e incluso 2019.
Exterior de los Juzgados de lo Social. MARTA JARA
Pasan unos minutos de las nueve de la mañana. En una esquina de la
conocida como plaza de los cubos de Madrid, la gente se acumula a las puertas de
los juzgados de los Social: hay clientes que esperan a sus abogados, abogados
que apuran sus cigarros antes de entrar en el edificio, jueces y secretarios
judiciales que llegan cargados de carpetas o que arrastran pequeñas maletas
llenas de documentación. Hay cola para entrar en el edificio e incluso para
coger el ascensor. Solo en un día, en estos juzgados pueden celebrarse más de
280 juicios que a veces, si hay suerte, quedarán en actos de conciliación.
A las diez menos cuarto de la mañana, el magistrado Antonio Seoane
comienza la sesión en el juzgado número 34 del que es titular. El primer caso
del día es un clásico de la crisis, dice Seoane. Es una demanda de despido, el
trabajador y su abogada comparecen pero la empresa no se presenta porque ha
desaparecido. Al trabajador le adeuda 1.116 euros, una cantidad que, con toda
probabilidad, acabará pagando el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). "Cuando la
empresa ha desaparecido la citamos, además de por correo, por el Boletín Oficial
del Estado. Normalmente acaba pagando el Fogasa, pero a veces se le encuentran
bienes para que afronte sus deudas", aclara el juez.
Si no es así, y la empresa no puede pagar, los trabajadores
necesitan la sentencia para poder acudir al Fogasa a reclamar su dinero. En este
caso, Tomás (nombre ficticio) lleva esperando diez meses este juicio y hoy sus
temblores denotan nerviosismo. En pocos días, su sentencia estará lista. Si el
juez le da la razón, comenzará otro proceso, esta vez en el Fondo de Garantía
Salarial, que durará otros tantos meses. Es por eso que, dice el magistrado, la
saturación de los juzgados de lo social afecta a "asuntos perentorios" de los
que llega a depender el sustento de la gente.
Este caso es uno de los doce que el juzgado número 34 tiene
programados para hoy, una carga de trabajo nada despreciable pero que en el auge
de la crisis llegó a ser de veinte diarios y, más tarde, de dieciocho. "Aquí hay
juzgados que aún señalan dieciséis o dieciocho, nosotros ya hemos bajado.
Además, a veces quieres señalar mucho pero eso te supone una carga de trabajo
que no te permite llevar los asuntos al día", explica el juez.
Cola para entrar a los Juzgados de lo Social de Madrid. MARTA JARA
El año pasado pasaron 1.400 casos por su juzgado. Este año ya van
ochocientos. "Son, sobre todo, despidos. Era así al principio de la crisis y lo
sigue siendo ahora". Los datos confirman que lo que sucede en el juzgado número
34 de Madrid no es una excepción, sino la norma: la media de asuntos por juzgado
de lo social es, en lo que va de año, de 687,4 y la gran mayoría son
despidos.
Hay, eso sí, una diferencia respecto al comienzo de la crisis.
"Antes eran sobre todo despidos improcedentes, ahora son más despidos
objetivos", señala Seoane. Una diferencia que cuesta no relacionar con la última
reforma laboral, que facilitó los despidos por causas económicas, pero que ha
causado una gran litigiosidad: desde su aprobación, las empresas los usan con
más frecuencia y son los juzgados de lo social los que han marcado los límites
de una norma que muchas empresas han aplicado de forma desmedida.
El efecto de la crisis
Los datos del Consejo del Poder Judicial muestran el efecto de la
crisis en los juzgados de lo social: solo el número de despidos que llegan a los
tribunales se ha duplicado. En 2007, eran 66.249, una cifra que creció un 55,4%
solo en un año: en 2008 eran ya 102.925. El punto álgido fue en 2012, con
147.404, y el año pasado bajó hasta los 118.213 despidos.
Algunas provincias están especialmente saturadas, como Madrid,
Barcelona o Sevilla. En la capital andaluza algunos juzgados están señalando
juicios para 2017 e incluso para 2019 en el caso de asuntos no considerados
urgentes. En 2014, sus once juzgados de lo social tramitaron 48.30 despidos
frente a los 2.425 de 2007. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aprobó
en mayo reforzarlos con dos jueces ante una situación "crítica", como la definió
el decano.
"Hubo una época en la que los juicios se señalaban en veinte días o
un mes, antes de la crisis, claro", dice el juez Antonio Seoane en el pasillo
del juzgado mientras su secretario judicial preside un acto de conciliación. Un
trabajador demandó a su empresa por acoso y despido improcedente. El abogado de
la empresa, junto a una de las dueñas, defiende que se trató de un despido
disciplinario. Después de varios tiras y aflojas, el secretario judicial logra
un acuerdo sobre la indemnización y zanja el tema. "Si veo que dudan les mando
cinco minutos al pasillo para que hablen y acaben de decidirse", dice. En el
descansillo, letrados y clientes discuten y cierran los acuerdos.
El juez Antonio Seoane hablando con un grupo de trabajadores. MARTA
JARA
Al final de la mañana, de los doce casos programados solo tres han
llegado a juicio y en solo uno de ellos se ha presentado la parte empresarial.
"Tenemos suerte de conciliar mucho, el secretario judicial es un gran experto y
eso me ahorra mucho trabajo", explica Seoane. Las jornadas de juicios ocupan
solo dos días de su agenda semanal, pero el resto del tiempo sirve para atender
la marcha diaria del juzgado, hacer trámites, estudiar los casos o dictar
sentencias.
Uno de los asuntos del día, un despido colectivo, ha tenido que
aplazarse. La siguiente fecha disponible desanima a los afectados: febrero de
2016.
