El proyecto de Código Penal, que actualmente se está debatiendo en el Congreso, supone un retroceso para los derechos humanos en España. Sigue sin tipificar adecuadamente los crímenes de derecho internacional, introduce la prisión permanente revisable sin garantizar la reinserción o rehabilitación, profundiza en la invisibilización de las personas migrantes, e incorpora graves restricciones injustificadas a los derechos de libertad de reunión y expresión. Por otro lado, enmateria de terrorismo, el texto inicial del proyecto ya suscitaba serias preocupaciones desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos, algo que se agrava aun más con la presentación por parte del Partido Popular de 12 enmiendas que introducen disposiciones de tal vaguedad y arbitrariedad que, de ser aprobabas, podrían conducir a castigar como delitos de terrorismo comportamientos que carezcan de intencionalidad o no guarden ninguna relación con la violencia.
Amnistía Internacional reconoce que los Estados tienen derecho a proteger la seguridad de sus ciudadanos, investigar todos los crímenes, llevar a los culpables a la justicia y reparar a las víctimas, pero las autoridades tienen también la obligación de garantizar que todas las medidas adoptadas están en consonancia con el derecho internacional y las normas internacionales de derechos humanos. La seguridad y los derechos humanos no se excluyen entre si, sino que van de la mano.
Por otro lado, en un contexto de crisis económica, donde se están violando los derechos de las personas más vulnerables, el gobierno presenta una reforma queendurece y aumenta las sanciones penales y administrativas de actuaciones producidas en reuniones numerosas y manifestaciones sin justificación alguna, incidiendo negativamente en el derecho de reunión pacífica.
Amnistía Internacional alerta de que este proyecto no va a incrementar la confianza en la administración de justicia, el endurecimiento de penas no se traduce en una sociedad más segura o en un sistema judicial justo o eficiente. No se ha analizado adecuadamente el impacto sobre el sistema penal o penitenciario de algunas de sus disposiciones, ni se ha justificado desde el punto de vista de necesidad pública o proporcionalidad con el objetivo que persigue.
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