La nueva “Ley de Seguridad Ciudadana” ahora en anteproyecto, no es sino un cierre de la política “realmente existente”, de las reglas del juego que hasta el principio de la crisis-estafa, el capitalismo mantenía para asegurar el orden social.
Desde el poder político, gobierne el PSOE o gobierne el PP, las leyes están siendo utilizadas como armas de destrucción masiva contra los derechos y libertades de la ciudadanía.
Con la cantidad de leyes, decretos y normas sancionadas y aplicadas, el llamado“estado social y de derecho” queda, no solo cuestionado, sino dinamitado, al constituir un nuevo orden, donde el principio de legalidad es subvertido en lo social y en lo laboral por mandato de unos legisladores que actúan como golpistas en la acepción más política del término: se vuelve a un modelo autoritario y liberticida.La seguridad jurídica cada vez radica menos en los Derechos, y mucho más en el “dinero”. De lo que se trata es de garantizar, amordazando a la población, la tasa de ganancia del capital a cualquier precio: humano, social, político y ecológico.
Para el gobierno, cualquier persona que disienta contra sus políticas criminales de recortes en todo lo que tiene que ver con lo público, con lo que es de todos y de todas: trabajo, vivienda, educación, sanidad, cuidados-dependencia, cultura, transporte público y social, agua, energía, medio ambiente, derechos sociales universales…, es su enemigo.
Salir a gritarles, cuestionarles en la calle su sistema corrupto y sus permanentes y sistemáticas mentiras, si es en el “parlamento”, se convierte en un “delito” administrativo de 30.000 a 600.000 euros…, fotografiar la brutalidad y criminalidad de los cuerpos represivos del estado…30.000 euros…, recordarle a los “diputados y diputadas” que sus leyes llevan a cientos de miles de personas a la calle, desahuciándolas no solo del derecho fundamental a “techo” sino también a una vida medianamente digna… 30.000 euros y cárcel…
Quieren instaurar los estados de excepción permanentes en lo social, en loideológico y en lo económico, por el medio menos libre, a golpe de “autoridad yrepresión”. El redactado de este anteproyecto parece hecho por el jefe de los antidisturbios. Una ley para proteger a la policía y a los políticos corruptos.
Quieren instaurar la primera ley de un estado dictatorial: “la calle es mía”, para criminalizar a base de “multas administrativas”, a miles, millones de personas cuando salimos a la calle, con huelgas en defensa de los empleos, en defensa de un salario digno, en defensa de derechos esenciales para la vida: casa, salud, educación, cuidados, cultura, transportes públicos y sociales, en defensa de la libertad de expresión para gritarles a la cara ladrones, corruptos…
Esta “ley liberticida” otorga al empresariado, a los banqueros, a sus economistas y ejecutivos de cualquier organismo u administración pública, nacional o supranacionaly a las fuerzas represivas (policías de todo tipo), “patente de corso” para saberse porencima de la justicia y quedar impunes de sus actos en la represión y el robo de todos nuestros derechos.
Ahora se trata de que su iniquidad, sea compensada institucionalmente con el colocarse al margen de cualquier regla, es decir, garantizar a los poderosos que no van a encontrar límites en sus políticas de robo, expolio y estafa, ni por parte de las “instituciones representativas”, ni por parte del pueblo, pues a éste se le reserva la mentira como forma de gobernanza y, además, el incremento intenso de larepresión policial.
Desde CGT rechazamos y repudiamos, no solo el contenido de esta norma, sino las intenciones, desprovistas de cualquier escrúpulo moral, que les mueven para idearla. Pelearemos para que la mayoría social reaccionemos, pero no sólo con más indignación, sino con miles y miles de personas haciendo insumisión real a las leyes. No consintamos volver a lo mismo(autoritarismo, represión y falta de libertad), aunque ahora sea renombrado.No dejemos que la historia del miedo, y la paz de los cementerios, se repita..
SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT
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