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martes, 5 de septiembre de 2017

Reforma laboral en Francia: el servilismo a las patronales

La reforma que será aplicada por decreto, ataca los más elementales derechos laborales, como la fijación arbitraria del horario de trabajo, la reducción de las indemnizaciones y la negociación entre las partes por fuera de los convenios colectivos y la anulación del representante sindical en las pymes. Una enorme ofensiva contra los trabajadores con la firma de Macron.

La “modernización macronista”: la ambición histórica de la patronal

El Gobierno francés finalmente presentó su tan mentada reforma para flexibilizar el mercado laboral que aprobará por decreto en menos de un mes, una de las claves del programa del presidente del país, Emmanuel Macron. El proyecto consiste en 5 decretos con 36 órdenes que otorgan a las empresas más poder sobre la regulación de las condiciones de trabajo y salariales.
La adaptación del horario laboral y del salario a la simple exigencia del mercado a partir de acuerdos alcanzados por una mayoría simple entre empresarios y trabajadores es la esencia de la reforma, avanzando en los derechos laborales conquistados por la clase obrera francesa durante décadas. Desde el Palacio del Elíseo justifican en sus propuestas dar mayor flexibilidad a las empresas en cuanto a la adaptación de la remuneración y horas de trabajo a las condiciones del mercado laboral, debido a que ven la ley actual como "un freno a la contratación y la inversión". Utilizando los mismos argumentos que su predecesor Francois Hollande, afirman que la reforma flexibilizará la contratación, cuando lo cierto es que posibilita el despido libre y otorga mayor poder a los empresarios sobre sindicatos y convenios colectivos.
Los encargados del “feliz” anuncio fueron el primer ministro francés, Edouard Philippe, y la titular de Trabajo, Muriel Pénicaud, quienes detallaron algunas de las 36 medidas con las que se pretende borrar de un plumazo las conquistas obreras. "Nuestro objetivo es hacer más claras y más seguras las reglas que se aplican", así como ofrecer "simplicidad" a los inversores que se quejan de "las incertidumbres" del derecho laboral francés, señaló Philippe al precisar los cinco decretos que el Consejo de Ministros adoptará el 22 de septiembre para su entrada en vigor a finales de mes.
El antecedente para presentar la reforma laboral ocurrió el 2 de agosto, cuando el Parlamento francés convirtió en ley los superpoderes que había pedido Macron para poder sacar por decreto las medidas de flexibilización laboral. Ya como ministro de Economía, el actual presidente había aplicado una reforma laboral que había apuntado contra varios derechos laborales, como el descanso dominical.
Entre otras cuestiones, se permitirá que las empresas busquen un “acuerdo” con sus trabajadores, al margen de los convenios colectivos de trabajo, ajustándose a la realidad económica que declaren las propias empresas, es decir, “a gusto y piacere” de cada patronal. Además, podrá modificarse el tiempo de trabajo de acuerdo a la voluntad de cada empresario.
En el caso de las pymes (que agrupan a más del 50% de los trabajadores), aquellas que cuenten con menos de cincuenta asalariados, se podrán negociar esos asuntos con los representantes de los trabajadores anulando la intervención de los sindicatos y, para las de menos de 20 empleados, donde no existen delegados, los empresarios podrán organizar un referéndum entre el plantel. Una fuerte ofensiva sobre los sindicatos, la principal herramienta de lucha y organización obrera.
Otro de los puntos que generó un fuerte rechazo entre los trabajadores es la fijación de topes obligatorios en las indemnizaciones en caso de despidos improcedentes, al que se tendrán que ajustar los dictámenes de Magistratura de Trabajo. En la práctica, esas indemnizaciones serán como máximo de un mes de salario, hasta un año de antigüedad, y un mes más por cada año adicional hasta diez. A partir de ahí, el incremento será de medio mes de salario por cada año, con un tope de veinte meses por 30 años de trabajo. Una clara manera de facilitar los despidos.
En “compensación”, ante las críticas recibidas por ese punto, el ejecutivo accedió a incrementar en un 25 % las indemnizaciones legales por despido (cuando no se considera improcedente) a un cuarto de mes de sueldo por año trabajado. Una migaja para asegurar el enorme paquete flexibilizador inédito en Francia. La reforma satisface globalmente a la patronal Medef, cuyo presidente, Pierre Gattaz, apenas lamentó el aumento de las indemnizaciones por despido.
Pero si hay un sector que sale claramente beneficiado dentro del mundo empresarial son las multinacionales, que podrán recurrir al despido colectivo por razones económicas en su filial francesa, aunque a escala global la firma tenga ganancias multimillonarias.

El fundamento modernizador que precariza la mano de obra

Para fundamentar el paquete de medidas flexibilizadoras, el gobierno del exbanquero de Rothschild, argumentó que el problema del sistema actual es que "protege muy bien" a quienes tienen "un contrato estable, a costa de la exclusión completa de los demás", los jóvenes y poco cualificados. Es así que con esta reforma, quedarán excluidos de los más mínimos derechos laborales, no sólo la juventud, que es a que más sufre el alto nivel de desempleo (que ronda el 10%), sino el conjunto de los trabajadores del sector privado. El sector público será el próximo objetivo flexibilizador del liberalismo de Macron.
Las cinco ordenanzas pasarán ante el Parlamento para su aprobación antes de finales de 2017. La cámara, donde Macron cuenta con mayoría, no tiene posibilidad de enmendar su contenido, sólo podrá dar o no su visto bueno.
Esta reforma llega en un momento delicado para Macron, cuya popularidad se ha desplomado abruptamente. Una encuesta reciente mostró que sólo el 40% de los franceses está satisfecho con su gobierno, a menos de 4 meses de haber asumido, en una elección en la que 1 de cada 3 franceses votaron en blanco o no fueron a votar, lo que expresa la escasa legitimidad del ejecutivo que quiere avanzar sobre derechos conquistados.

La respuesta obrera: lucha y movilización

La Confederación General del Trabajo (CGT) junto con Solidaires han convocado a una huelga y movilización recién para el día 12 de septiembre, como primer medida ante la avanzada patronal que ya lleva meses cocinándose. El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, dijo que es "el fin del contrato de trabajo" porque los acuerdos dentro de cada empresa implicarán que "o aceptas las condiciones o estás despedido". Sin embargo, no todas las organizaciones obreras adhieren a la medida de lucha, ya que ni la central obrera CFDT ni Force ouvrière (FO), se pliegan a la medida. Sin embargo, a pesar de la traición de Jean-Claude Mailly, secretario general de FO, la Federación de transporte de FO-UNCP decidió llamar a la movilización del 12, ya que la presión de las bases crece día a día.
Por su parte, la France Insoumise de Jean–Luc Mèlenchon declaró que la reforma es “un golpe de estado social”. Pero ante semejante ofensiva patronal, es necesario (y urgente) pasar de las palabras a los hechos, organizando una respuesta a la altura de semejante ataque a los trabajadores. Este 12 de septiembre será el comienzo de un nuevo capítulo en la lucha obrera francesa, como lo fueron las jornadas de lucha y movilización en el 2016, cuando los trabajadores, junto a la juventud del Nuit Debout, salieron a las calles.
                                                   Más información en : izquierdadiario.es

jueves, 21 de abril de 2016

Ley del trabajo en Francia, a las órdenes de la troika

La Ley El Khomri se enmarca en un asedio a los derechos laborales en toda Europa.

Una vez más, gobiernos serviles a las instituciones financieras responden a las lógicas capitalistas en beneficio de las grandes empresas y de sus accionistas. La lógica no es nueva, pero responde a un sistema en el que la violencia no hace más que acentuarse hasta puntos insostenibles.
La movilización popular que se está extendiendo como una mancha de aceite en Francia y más allá ha tenido como elemento desencadenante la Ley del Trabajo (o Ley El Khomri, por el apellido de la actual ministra de Trabajo), que sería más justo llamar "Ley del Capital".
Como dice el comunicado del 8 de abril de la Nuit Debout en París, "esta reforma no es un caso aislado, puesto que se inscribe en el conjunto de 'tratamientos' de austeridad sufridos por nuestros vecinos europeos y tendrá el mismo efecto que el Jobs Act italiano o la reforma laboral española: más despidos, más precariedad, más desigualdad y el refuerzo de los intereses privados. Nosotros nos negamos a soportar esta estrategia de choque, impuesta particularmente en un contexto de estado de emergencia liberticida".
En efecto, en Irlanda, en Grecia, en Portugal, en Chipre, en España, en Italia, en Rumanía, en la República Checa, en Eslovaquia, en Estonia, en Hungría, en Francia o en el Reino Unido, nuevas ofensivas atentan contra los derechos laborales.
Por orden de instituciones no electas y al servicio del capital transnacional –Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Mo­­netario Internacional–, prosigue la puesta en marcha de medidas legislativas.
Éstas facilitan despidos sin motivo y los hacen menos costosos para los empresarios, establecen la bajada de salarios o el recurso al trabajo precario,debilitan la negociación colectiva en beneficio de acuerdos de empresa cuando no es por la 'buena voluntad' del patrón –"descentralización del derecho al trabajo hacia la empresa"–.
Por ejemplo, recordemos que una de las primeras medidas de la Troika en Grecia con el primer memorándum de 2010 consistía en restringir los convenios colectivos a costa de los trabajadores en un país en el que el salario mínimo cayó de 751 a 580 euros.
El programa económico que acompañó la entrada de Croacia en la UE, en 2013, preveía que el país "simplifique sus procedimientos de despido colectivo, amplíe el abanico de actividades autorizadas a las empresas de trabajo temporal y elimine el límite mensual de horas extra".

"Recomendaciones"

En Francia, en una "recomendación" oficial fechada a 14 de julio de 2015, el Consejo de la Unión Europea ordena al Gobierno de Manuel Valls "facilitar, a nivel de empresa y de sector, las derogaciones de disposiciones jurídicas generales, principalmente en lo que concierne a la organización del tiempo de trabajo".
Un mes y medio más tarde se publica el proyecto de Ley del Trabajo que retoma lo esencial de las exigencias del Medef, la patronal francesa, y obedece a las órdenes de la Comisión Europea. Esta última aprovecha ese momento para criticar, en un informe anual, un mercado de trabajo "rígido" y se apresura a alentar la reforma venidera.
Estamos asistiendo, sin duda, a una demolición metódica que permite desestructurar las relaciones entre asalariados y patronos, regidas por los convenios colectivos y el Código Laboral
El Código Laboral sería demasiado protector en Fran­cia, habría que demolerlo para cumplir con las exigencias de la patronal. Y estamos asistiendo, sin duda, a una demolición metódica que permite desestructurar las relaciones entre asalariados y patronos, regidas por los convenios colectivos y el Código Laboral.
En lugar de defender los derechos de trabajadores y trabajadoras en la empresa, verdadero objetivo del Ministerio de Trabajo cuando fue creado en 1906, se hace exactamente lo contrario: se subordinan los derechos humanos a los derechos de la empresa y de sus accionistas.
Esta demolición de un siglo de historia de derecho laboral construido por las luchas sociales victoriosas es una verdaderacontrarrevolución al servicio de los financieros.
Tras la lógica del estado de emergencia y el intento frustrado de su proyecto demagógico y xenófobo de retirada de la nacionalidad, el Gobierno de Hollande se obstina frente a un movimiento popular creciente que rechaza su política antisocial.
Partiendo del punto neurálgico del capitalismo, el trabajo y su explotación, esta rebelión va más allá para cuestionar el sistema en su conjunto. Una relación orgánica se establece de este modo entre los estudiantes y los sindicalistas condenados de Goodyear, los trabajadores en lucha de Air France-Roissy, los obreros de PSA Peugeot Citroën de Poissy, de la RATP, de los ferrocarriles, los trabajadores intermitentes y precarios, etc. Y hace posible la convergencia de las luchas, única capaz de alcanzar el umbral crítico que permite voltearlo todo.
En Francia, si el Gobierno ha dado marcha atrás en relación al proyecto inicial –límite a las indemnizaciones laborales, aumento de las horas de trabajo de los aprendices, etc.–, las medidas más perjudiciales siguen en vigor.
La ley facilitaría los despidos baratos, permitiría imponer en caso de dificultades económicas coyunturales reducciones de salario y/o la flexibilidad del tiempo de trabajo…
Este movimiento naciente ofrece la oportunidad de internacionalizar nuestras luchas contra esos mismos ataques que se generalizan más allá de las fronteras en favor del capital.
                                                    Más información en www.diagonalperiodico.net