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martes, 1 de septiembre de 2026

El discurso neoliberal contra las pensiones públicas acumula 45 años de pronósticos fallidos

Desde que a principios de los años 80 del pasado siglo los mercados financieros pusieron su atención en las pensiones, "todas sus previsiones catastrofistas se han confirmado como falsas", dice el economista Juan Torres.

"Aunque desde hace décadas se anuncia de forma interesada su supuesta insostenibilidad, el sistema público de pensiones sigue siendo sólido y capaz de garantizar las prestaciones presentes y futuras", explica Nacho Álvarez, profesor de Economía.

Desde hace más de 45 años las predicciones más alarmistas sobre la quiebra del sistema público de pensiones dominan el discurso neoliberal. Con el paso de los años, la presión de los mercados financieros, los bancos y las aseguradoras para recortar las pensiones públicas ha ido a más. Proliferan los informes, documentos, papers o análisis que insisten en que las pensiones públicas no son sostenibles y que hay que acometer reformas que incluyen retrasos en la edad de jubilación, menores prestaciones o avanzar hacia modelos de capitalización privada en el que cada uno ahorra para su propia pensión personal en lugar del modelo de reparto, en el que las pensiones las pagan las cotizaciones sociales de los trabajadores activos. Sin embargo, la tan anunciada quiebra de las pensiones públicas no termina de llegar.

Los primeros augurios negativos de los neoliberales sobre la viabilidad de las pensiones públicas empezaron a escucharse nada más estrenarse la década de los años 80 del pasado siglo XX. Juan Torres, catedrático jubilado de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, certifica la fecha de nacimiento de este discurso neoliberal: "El apetito por el caramelo de las pensiones surge casi desde el mismo momento en que los mercados financieros empiezan a ser rentables a principios de los años 80. Ya entonces lo que se buscaba era la privatización de las mismas".

Torres cita el caso de lo ocurrido en 1980 en Chile, entonces un país bajo la férrea dictadura de Augusto Pinochet. El Gobierno chileno reemplazó su sistema de reparto por un entonces inédito modelo de capitalización individual obligatoria bastante radical siguiendo las directrices neoliberales de la Escuela de Chicago encabezada por el economista Milton Friedman. El país sudamericano fue considerado entonces un laboratorio de pruebas para lo que vendría después. "Curiosamente, aquel experimento dejó en el sistema público las pensiones de la Policía y del Ejército. Ya entonces debieron de intuir que aquello podía salir mal", añade Torres.

Más de 45 años después, Chile es uno de los países con las pensiones más bajas del mundo, según la OCDE. Pese a ello, el fracaso del experimento chileno no impidió que después se sumaran otros: entre 1981 y 2007 más de treinta países en todo el mundo sustituyeron total o parcialmente sus sistemas de pensiones de reparto por sistemas basados en cuentas de ahorro individuales privadas, según la International Social Security Review.

Sin embargo, no fue hasta la década de los 90 cuando empezó a establecerse una clara conexión entre el auge de los fondos privados de pensiones y el discurso de que había que recortar las pensiones públicas. En la última década del siglo XX hubo un auténtico aluvión de informes apocalípticos anunciando el hundimiento definitivo de las pensiones públicas. Entonces, la financiarización de la economía y los mercados estaba en pleno apogeo. Desde entonces no ha habido organismo o institución internacional, ya sea pública o privada, que no haya publicado su propio análisis sobre la sostenibilidad de las pensiones.

A este respecto, es muy significativo un informe publicado en 1994 por el Banco Mundial. Titulado en español Cómo evitar la crisis de la vejez: políticas para proteger a las personas mayores y fomentar el crecimiento (PDF en español), dicho informe advertía de la insostenibilidad de las pensiones públicas y proponía avanzar hacia un modelo mixto.

Ese informe fue considerado en su momento una suerte de guía para los neoliberales. Once años después, en 2005, el Banco Mundial publicó otro informe canónico, complementario del primero, que también tuvo mucha repercusión. Titulado Soporte del ingreso económico en la vejez en el siglo XXI (PDF en español), recomendaba diversificar los modelos de jubilación mediante un sistema mixto que combinara la participación pública y privada.

Detrás de este discurso se atisba una estrategia interesada. Incluso un moderado como Octavio Granado, antiguo secretario de Estado de la Seguridad Social, reconoce que los planes de pensiones son un negocio para las aseguradoras y sobre todo para los bancos.

"La estrategia desde entonces pasa por hacer creer a la gente que las pensiones públicas no son sostenibles, que no van a tener pensiones públicas y que, por lo tanto, si quieren tener pensión al final de su vida tiene que ser como consecuencia de lo que han ahorrado. Sin embargo, todas estas previsiones catastrofistas se han confirmado como falsas", comenta Juan Torres.

Con la complicidad de los grandes medios de comunicación, ese discurso, instigado principalmente por la gran banca, ha calado, al menos en una parte de la población. A nivel mundial, entre 1995 y 2025 los activos de los fondos de pensiones en los mercados mundiales han pasado de seis billones de dólares (5,25 billones de euros) a unos 70 (61,2 billones de euros). En España, según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), la patronal del sector, los activos de los fondos de pensiones han pasado de 15.333 millones de euros en 1995 a 138.113 a finales de 2025.

Sin embargo, pese al auge de los fondos privados, la tantas veces anunciada quiebra de las pensiones no llega nunca. "Aunque desde hace décadas se anuncia de forma interesada su supuesta insostenibilidad, el sistema público de pensiones sigue siendo sólido, equilibrado y capaz de garantizar las prestaciones presentes y futuras", tercia Nacho Álvarez, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid.

Álvarez matiza que las previsiones sobre la sostenibilidad futura del sistema deben interpretarse con prudencia. "La sostenibilidad depende de factores inciertos como el empleo, la productividad, la inmigración o el crecimiento económico", añade el profesor universitario.

Lo cierto es que el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad envalentonan a los neoliberales a medida que pasan los años. "La sostenibilidad de las pensiones públicas no depende solo de la demografía", rebate Torres. "El dinero con el que se financian las pensiones depende de la productividad, depende del crecimiento económico, depende de la distribución de las rentas", insiste.

Ante la resiliencia mostrada por las pensiones públicas, la ofensiva neoliberal incluso se ha endurecido. En los últimos años se ha puesto de moda poner el foco en el déficit de la Seguridad Social. En España, los neoliberales aseguran que ese agujero financiero que dejan las pensiones públicas en las arcas del Estado es mayor que el que reconoce el propio Gobierno. Se trata de un trampa contable que no reconoce las transferencias del Estado a la Seguridad Social a través de los impuestos. Al contrario de lo que ocurre con la sanidad pública o la educación, este discurso neocon sostiene que el sistema tiene que sostenerse por sí mismo.

"No es verdad que la financiación de las pensiones tenga que depender solo de las cotizaciones sociales. ¿En qué lugar está escrito que eso tenga que ser así? Lo único que se busca es meter miedo", zanja Juan Torres.

El fiasco de los fondos de pensiones

Torres introduce otro elemento en el debate y asegura que son los planes privados de pensiones los que realmente son insostenibles por estar expuestos a los vaivenes de los mercados. Su última gran crisis tuvo lugar en 2022. Desde entonces, las aportaciones de los ahorradores a los fondos han descendido. "Los que se han hundido y los que han quebrado no han sido los sistemas públicos de pensiones, sino fondos privados por docenas. El sistema financiero es muy inestable, muy volátil, muy peligroso; estamos en la especulación y el valor de estos fondos muchas veces cae", explica Torres.

Además, los planes privados de pensiones no dejan de ser meros instrumentos de ahorro con una escasa rentabilidad. "Los fondos privados en realidad no son pensiones privadas, sino una simple herramienta para el que puede ahorrar. Y cuando el ahorrador llega a una determinada edad saca su ahorro. Pero ¿quién puede ahorrar 300, 500, 600 euros al mes para tener un fondo de pensiones privado?", plantea Torres. "Es verdad que su rentabilidad no es muy alta", explicaba en una ocasión Granado a Público.

Granado citaba informes de la OCDE para hacer tal afirmación, pero no hace falta ir tan lejos: Pablo Fernández, profesor del IESE, instituto vinculado a la Universidad de Navarra, publica todos los años un informe sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones. El último, con datos entre 2010 y 2015, indica que la rentabilidad media en los últimos 15 años de los fondos de pensiones en España se sitúa en el 3,23%, muy por debajo de la rentabilidad ofrecida por el Ibex 35 (8,46%) en ese mismo período o de los bonos del Estado (5,84%).

A guisa de conclusión, Nacho Álvarez asegura que el envejecimiento de la población "supondrá un reto importante para el sistema de pensiones", pero asegura que es "económicamente asumible". Este economista afirma que el gasto en pensiones en España aumentará del 12,7% actual del PIB al 15-16% en 2050, una cifra comparable a la que ya hoy tienen otros países europeos. Sin embargo, eso no impide que las pensiones sigan siendo perfectamente sostenibles. "Este incremento resulta lógico en una sociedad longeva, donde el Estado del bienestar debe seguir protegiendo a la ciudadanía a lo largo de todo el ciclo vital", concluye Nacho Álvarez.

Más información en https://www.publico.es

jueves, 24 de octubre de 2024

26 de octubre: Unámonos en defensa de las pensiones.

 


LA CGT, conjuntamente con todas las plataformas de pensionistas, saldrá a la calle el 26 de octubre de 2024, para defender nuestro Sistema Público de Pensiones, ante las políticas privatizadoras de la clase política y los agentes sociales CEOE, CC.OO y UGT.

Las fuerzas políticas y sociales han consensuado y apoyado la hoja de ruta del Pacto de Toledo, que, en vez de garantizar y perfeccionar los niveles de bienestar de la ciudadanía, su único interés es centrarse en la problemática de la financiación de la Seguridad Social. Desde la primera gran “contra reforma del 85 del siglo pasado” hasta la última consensuada con los agentes sociales en julio de 2024, no han logrado mejorar los requisitos y cuantías económicas de los pensionistas en general y, por el contrario, aseguran un marco legislativo adecuado a un mercado de trabajo competitivo y adecuado a los intereses empresariales.

La jubilación “ordinaria” no solo se ha retrasado, sino que se ha endurecido debido a las condiciones del mercado de trabajo que se hicieron estructurales desde la década de los 90 del siglo pasado, que exige más años de cotización para acceder a los 65 años y para poder obtener el 100 por 100 de la base reguladora. En cada reforma de pensiones han ido paulatinamente aumentando los años para el cálculo de la pensión de jubilación (nacidos posteriores al año 1975 -27 años- los anteriores -25 años-), y empeorando sensiblemente la jubilación anticipada.

Si a la vez se fomenta, como lo hace la ley de los agentes sociales del 2021, el retraso de la jubilación incentivando cada vez más la jubilación demorada y se mercantiliza (dinero, dinero, dinero…) la incongruencia en cuanto a jubilarse en la franja de los 60 años, está servida. Al Empresariado se le sirve unas condiciones para seguir con la explotación de manera coherente y volver más competitivas a sus empresas.

Poner en marcha en los sectores, a través de la negociación Colectiva con los agentes sociales CC.OO y UGT, los Planes de Pensiones Privados, no es sino la penúltima vuelta de tuerca al Sistema Público de Pensiones y la victoria clara del capital financiero y el empresariado donde una parte de dichas pensiones se sufraga con las subidas salariales de las personas trabajadoras, para mercantilizar el derecho colectivo a Pensiones suficientes y dignas.

Con la última reforma que verá la “luz del Decreto” en breve, nos encontramos con una puesta en escena “populista” y además a la baja, donde no se recuperan derechos esenciales y fundamentales de las personas trabajadoras que tienen que ver con sus posibilidades de acceder a la jubilación a la edad de 60 años como forma generalizada y para aquellos sectores con penosidad, peligrosidad o altos riesgo de accidentabilidad, reducir la edad de jubilación de manera sensible a través de coeficientes reductores adecuados a sus trabajos y no con un nuevo procedimiento de coeficientes reductores farragoso y selectivo.

Dignificar el trabajo asalariado y reducir seriamente los años de trabajo para acceder a una jubilación con pensión digna, que se acerque al 100% del último salario regulador y siempre por encima del 60% del Salario medio, es una cuestión de justicia social y es un derecho fundamental para todas las personas trabajadoras.

Otorgar al empresariado más poder y control del trabajo y la salud de las personas trabajadoras a través de las Mutuas Patronales; mercantilizar la permanencia en el empleo; no recuperar derechos en las jubilaciones anticipadas, a la vez que no poner en marcha ya la reducción de los coeficientes reductores de manera seria en todas las actividades penosas, peligrosas y de alta precariedad, no deja de ser sino, cumplir con aquella máxima establecida en la CE que dice: «Los agentes sociales deben ser funcionales para la economía…” . Y esto si lo hacen muy bien con los dos gobiernos más progresistas de la historia, donde la economía empresarial, especialmente de las grandes corporaciones y multinacionales de la energía, telecomunicaciones, financieras, llevan más de seis años “haciendo el agosto” a costa de los derechos públicos de todos y todas (empleo, vivienda, educación, cuidados, salud, movilidad, crédito-dinero, etc.).

CGT al igual que los distintos movimientos de pensionistas sigue trabajando y peleando por derechos esenciales y posibles para toda la clase trabajadora: salarios adecuados; jubilación generalizada a los 60 años; período de cómputo de los mejores 15 años de cotización y eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas con 40 años cotizados y en todas aquellas actividades penosas, peligrosas y precarias reducir sensiblemente su edad de jubilación con todos los derechos; la vigilancia y defensa de la Salud de las personas trabajadoras a través de nuestro Sistema de Salud Pública y pensiones para todos y todas que se acerque al 100 por cien del último salario regulador y terminar con la brecha de género tanto en el trabajo asalariado como en la pensión.

Esto hoy es posible (existen recursos suficientes) si las clases asalariadas nos ponemos manos a la obra, nos movilizamos y obligamos a un reparto de la riqueza y de los trabajos, (todos, incluidos el de cuidados).

¡Unámonos toda la clase trabajadora en defensa de nuestras pensiones!

 

jueves, 16 de enero de 2014

El robo de las pensiones

Defendamos las pensiones Públicas suficientes para Todas y Todos
Los sistemas de Seguridad Social, representan un conjunto de medidas que adoptan los Estados para proteger a la ciudadanía frente a diversos riesgos: enfermedades, accidentes, invalidez, vejez, subsidios de desempleo, PENSIONES.
SON POLÍTICAS SOCIALES que se basan en la concepción de proteger a las personas ante estados de necesidad, por ejemplo, cuando no tenemos trabajo o, cuando termina nuestro ciclo de trabajo obligatorio y nos jubilamos.
El compromiso político y jurídico de estas políticas Sociales es garantizar de manera universal para todas las personas, sus necesidades vitales y la Ley así obliga: “...los poderes públicos  garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera edad…(Artículo 50 CE)
Este mandato constitucional obliga a todos los gobiernos, sean del signo que sean, a garantizar que existirán recursos económicos suficientes para que todo el mundo tenga una PENSIÓN adecuada en cada momento de su vida.
Los poderes públicos tienen ingresos suficientes a través de los impuestos, porque la riqueza social que generamos todas las personas, es cada vez mayor y, los estados tienen capacidad jurídica y política para fijar de donde se recauda, quien debe aportar más en función de sus ingresos y cómo gastar ese dinero para cumplir con la obligación de cubrir la necesidades vitales de las personas.
Por lo tanto, que no te cuenten cuentos. LAS PENSIONES HAY QUE PAGARLAS… y punto.
¿De qué va esto de recortar el derecho a las pensiones suficientes para todos y todas?
Pues sencillamente que este Gobierno, al igual que ya lo hizo el Gobierno del PSOE, como única respuesta política a su crisis-estafa, ha decidido recortar el gasto social además de, en sanidad, educación, dependencia e inversión en los servicios públicos, ahora en PENSIONES.
¿Porque esta brutalidad sobre las personas pensionistas, cuando más del 50% de los 8,3 millones de pensionistas, reciben una pensión mensual de menos del salario mínimo, es decir 640 euros al mes?
Porque el PP es el representante de los poderes reales: la banca (Santander, BBVA, La Caixa, Banco Popular, Bankia) y las Aseguradoras que todas pertenecen a la banca  y  las grandes Empresas de la construcción, energía y telecomunicaciones, es decir, de quienes han generado una de las mayores estafas  (ellos le llaman crisis) de los últimos 70 años y, el PP –al igual que anteriormente el PSOE- no tiene ningún rubor en robar a la ciudadanía más de 45.000 millones de euros (recortes en sanidad, educación y dependencia) y entregárselos a los banca.
Ahora quieren aún más. Todos estos recortes disminuyen las pensiones:
  • Jubilarse más tarde (a los 67 años).
  • Penalizar las jubilaciones anticipadas.
  • Aumentar los años de cotización reales, hasta los 37 años, para poder tener derecho al 100% de la Base Reguladora.
  • Aumentar el período de cálculo de la Base Reguladora, sobre el que se calcula la pensión: de los 15 años a los 25 años.
  • No revalorizar anualmente las pensiones según el coste de vida (el llamado Índice de revalorización)
  • Disminuir la pensión inicial en función de la esperanza de vida de las personas(el llamado factor de sostenibilidad)

Esto supone que de aquí al 2027, el estado (gobierne quien gobierne), nos roba a toda la ciudadanía cerca de 33.000 millones de euros.
Esto supone bajadas automáticas de todas pensiones cada año (Índice de revalorización anual, desligado del coste de la vida) y pérdida de entre un 5% y un 20% inicial en la pensión de cada nueva persona pensionista a partir del 2019 (Factor de Sostenibilidad).
Esto supone una VIOLACIÓN del derecho a pensiones suficientes y adecuadas.
Esto supone que Banca y Aseguradoras, vean transferidos gran parte de nuestros recursos públicos en pensiones, que actualmente suponen unos 120.000 millones de euros, a sus sistemas privados de pensiones.
Esto supone instaurar el TERROR sobre la población, la cual no puede entender como tenemos más de 6 millones de personas sin trabajo, como tenemos salarios de la mayoría de las personas ocupadas por debajo de los 800 euros y como tienen la desvergüenza e inhumanidad de decir que no existen cotizaciones suficientes y que los ingresos son insuficientes, cuando ellos y ellas provocan este “desastre”.
Esto supone que millones de personas de las generaciones que entraron o debieran haber entrado al mercado de trabajo en la década de los 90 del siglo pasado, y soportan tasas de desocupación de hasta el 57%, no van a tener derecho a pensión contributiva, por no tener años suficientes de cotización y pasarán a la beneficencia o pensión asistencial.
Hay que pararles porque nos quieren robar el Futuro
Por un sistema Público y suficiente de pensiones para Todas y Todos:
Repartamos el trabajo y repartamos la riqueza

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT