CNT denuncia que CCOO cobró 84.700 euros por el ERE que cerró la fábrica de Alstom

La Confederación General de Trabajadores de Zamora, CNT, denuncia que el sindicato Comisiones Obreras percibió unos ingresos de 84.700 euros derivados de las negociaciones del ERE que acabaron con la actividad de la planta de Alstom en Coreses y la de Somozas en La Coruña. La CNT ha "inundado" de carteles la ciudad para denunciar una situación que considera "lamentable". La firma del acuerdo de cierre de la fábrica y despido de la plantilla fue rubricado por "USO, UGT y CCOO", aunque solo se han hecho públicos los ingresos de este último colectivo. Cabe recordar, no obstante, que las negociaciones "no se llevaron a cabo desde Zamora" y que los ingresos van a parar a las arcas del sindicato "a nivel estatal, no provincial", puntualizan fuentes de Comisiones Obreras Zamora. En realidad, la factura es de un importe de 70.000 euros más IVA.

"En CNT no firmamos acuerdos de despidos ni cierres. No cobramos subvenciones: ni de la patronal, ni del Estado. Tampoco tenemos liberados que decidan por nosotros. CNT solo es un sindicato de trabajadores, nada más y nada menos", asegura el sindicato en los carteles repartidos por toda la ciudad.

Desde Comisiones Obreras aseguran que situaciones como la actual "no tienen nada de extraño" porque "nadie trabaja gratis". Los procesos de negociación como el de Alstom "tienen detrás a abogados, asesores y demás personal del sindicato o contratado por él, que tiene que cobrar por su trabajo". Pese a todo, las mismas fuentes insisten en que "las negociaciones no se llevaron a cabo desde Zamora".

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El 95% de los contratos firmados en julio fueron temporales

Casi cuatro de cada diez nuevos contratos laborales firmados en España durante el mes de julio (el 37,5 % del total) fijaban una duraciónigual o inferior a un mes, según con los últimos datos de contratación publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Así, en julio se firmaron más de 1,7 millones de nuevos contratos, de los que sólo 88.400 tenían una duración indefinida, lo que significa que el 95 % era temporal.

La elevada temporalidad es una de las características del mercado laboral español –muy influido por el componente estacional–, en el que los nuevos puestos de trabajo son fundamentalmente empleo asalariado a tiempo completo creado por empresas privadas del sector servicios, con duración determinada y repartido prácticamente a partes iguales entre hombres y mujeres.

Así lo refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativa al segundo trimestre de 2016, según la cual seis de cada diez nuevos ocupados que encontraron trabajo en el segundo trimestre del año eran asalariados con contrato eventual.

Según la EPA, el número de asalariados se ha incrementado este trimestre en 252.700, con una diferencia sustancial en la duración de los contratos: los indefinidosaumentaron en 86.400, mientras que los temporales lo hicieron en 166.300.

Según los datos del SEPE de julio, casi la mitad de los nuevos contratos temporales (el 47,2 %) obedecen a circunstancias de la producción, mientras que el 37,8 % son por obra y servicio, y el 8,2 % por interinidad, en tanto que el resto se reparte en otro tipo de contratos, entre ellos, el de relevo, el de prácticas o el de formación.La mayoría de los contratos eventuales por circunstancias de la producción (60,4 %) tienen una duración de un mes o menos y solo un 1,1 % supera los seis meses.

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Trabajo a tiempo parcial: crónicas de la precarización

El contrato a tiempo parcial que, en principio, debería ser una modalidad destinada a conciliar situaciones familiares y formativas ha sido visto en nuestro país como una tabla de salvación para superar las altas tasas de paro. El éxito de esta modalidad contractual en otros países europeos con unos índices de desempleo muy inferiores, ha llevado a considerar este tipo contractual como un instrumento adecuado para repartir el empleo. Así las sucesivas reformas han tratado de hacer más atractivo este tipo de contrato. Lo que ha sucedido finalmente es que se ha convertido este contrato en el eje básico del actual sistema de relaciones laborales, de modo para nuevas contrataciones ha sustituido al contrato indefinido a tiempo completo.

En 2015, el 35% de todos los contratos fueron a tiempo parcial. Según la EPA de 2014 el 72% de todos los contratos a tiempo parcial en nuestro país fueron ocupados por mujeres. Se nos ha dicho que este contrato se responde a ciertos intereses del trabajador como los derivados de las necesidades de conciliación de la vida personal y laboral y que son beneficiosos para la incorporación al mercado laboral de personas o colectivos con determinadas dificultades. Sin embargo las encuestas desmienten este supuesto.

Según la EPA, un 62% de ocupados a tiempo parcial preferiría un empleo a jornada completa. Según el Eurostat en 2013 la mayoría de mujeres (más del 60%) aceptan este tipo de contrato cuando no les queda otro remedio porque no se les ofrece ninguno a tiempo completo. Esto ocurre en toda Europa en un 25% de los casos, pero en nuestro país el dato es mucho más acusado. Estas circunstancias tienen un serio impacto sobre sus vidas profesionales, fundamentalmente porque los contratos a tiempo parciales ofrecen menores sueldos, generan menores prestaciones e impiden la promoción de las mujeres a cargos de decisión en las organizaciones. Por otro lado según se desprende del análisis de las encuestas lo varones son minoría en este tipo de contratos pero, además, cuando los tienen, no dedican su tiempo libre a los cuidados familiares, sino a la formación u otras actividades que pueden colaborar en la mejora de su futuro profesional, manteniendo por tanto una importante brecha de género en el sistema de relaciones laborales. Los grupos de edad más afectados son los más jóvenes.

El progresivo aumento de este tipo de contrataciones tiene dos pilares, que apuntalan su desarrollo. Por un lado el aumento de sanciones por no dar de alta a los trabajadores, hace que sea más rentable a la empresa dar de alta a un trabajador en condiciones precarias, aunque no se cumpla la normativa, ya que las sanciones previstas por incumplimientos de la contratación a tiempo parcial son inferiores a las previstas por no dar de alta a un trabajador. En segundo lugar la propia regulación realizada con las dos reformas realizadas con los Gobiernos de Zapatero y de Aznar. Dichas reformas han flexibilizado las condiciones de este tipo de contratos y lejos de facilitar su control y de establecer medidas sancionadoras que disuadan de realizar este tipo contrataciones en supuestos que no deberían realizarse, mantienen una indefinición que favorece su proliferación.

El contrato de trabajo a tiempo parcial, no sólo supone tener un contrato en el que se trabajan menos horas, sino que se dispone de una herramienta flexibilizadora, que permite modificar en numerosos casos la jornada de trabajo según las necesidades del empresario. Generando verdaderos mini Jobs, que dificultan la integración adecuada en el mercado de trabajo de trabajadores que ven como con su trabajo apenas disponen de rentas, insuficientes para responder de las necesidades básicas de sus hogares. Con la reforma efectuada en el año 2012, se admitió la posibilidad de realizar horas extraordinarias con este tipo de contratos. Si bien con la reforma posterior se eliminó esta posibilidad, en la práctica se creó un mecanismo de sustitución con las llamadas horas complementarias voluntarias. Este sistema permitió bajo otra denominación superar la jornada pactada según las necesidades del empresario. Si antes ese exceso de horas tenía un coste superior, al tener una cotización más alta, con la última reforma, la realización de estas horas no le supone ningún coste adicional al empresario. 

Este contrato permite una mayor disposición del tiempo de trabajo al empresario, de modo que compensa más al empleador hacer un contrato a tiempo parcial que uno a tiempo completo con un sistema más rígido de modificación horaria. Con las horas complementarias, el empleador dispone de la posibilidad de ampliar la jornada según sus necesidades, añadiendo horas al tiempo de trabajo, prácticamente en cualquier momento, ya que en caso de que las horas sean obligatorias el preaviso es de 3 días, pero si son voluntarias pueden preavisarse en cualquier momento. La conciliación de la vida familiar por parte de estos trabajadores, se ve mermada respecto a los trabajadores a tiempo completo, y los convierte en una especie de parias de la clase trabajadora, que ven reducidos su salario, y su tiempo de conciliación en aras de una flexibilidad en la realización de su trabajo que en la práctica permite tenerlos a plena disposición de la actividad a desarrollar

Se ha equiparado por los Tribunales el exceso de horas pactadas con horas extraordinarias, a pesar de que estas últimas se encuentran expresamente prohibidas. Dicha decisión ahonda y perjudica las condiciones de trabajo y fomenta una vez más la proliferación de estos contratos, ya que si no es posible en la práctica considerar que ante los incumplimientos de la empresa el trabajo se transforme el contrato a tiempo completo, la presunción prevista en la norma se queda en papel mojado. Si la trasgresión de las normas en materia de contratación no provoca una respuesta sancionadora adecuada, lejos de promoverse un control efectivo, y desincentivador de conductas contrarias a los Derechos de los trabajadores, promueve la vulneración de las normas, puesto que la empresa obtendrá de su conducta un beneficio superior al que se le exigiría el cumplimiento de la misma. La generación de una precarización crónica de mujeres y jóvenes, es un hecho permitido por el laxo control establecido, que no castiga adecuadamente al empresario infractor.

Sin duda es necesario aumentar las actuaciones inspectoras en el control de las jornadas de trabajo, pero el establecimiento de normas que permiten la generalización de situaciones abusivas, sin disponer de medidas eficaces de control, así como sanciones disuasorias, permiten en la práctica conductas que difícilmente permiten garantizar la protección adecuada del trabajador. Es necesario articular un modelo de respuesta que no permita una inseguridad jurídica, que ampare estas conductas y que resuelva de manera clara los incumplimientos empresariales en el contrato a tiempo parcial. El tiempo de trabajo no debe ser una mercancía para el empresario y debe garantizar las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral y eso no lo garantiza la regulación actual. Si queremos un trabajo de calidad la solución no puede ser la generación indiscriminada de mini empleos.

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Sabemos tanto del cáncer laboral que deberíamos poder prevenirlo mucho más

Manolis Kogevinas es uno de los epidemiólogos, residente en España, que más ha estudiado la exposición laboral a cancerígenos. Ya en 2005 colaboró con ISTAS dirigiendo un estudio pionero que estimaba los casos de cáncer laboral en España y ponía cifras al escandaloso subregistro existente. En la actualidad es codirector del Centro de Investigación de Epidemiología Ambiental (CREAL), centro aliado de ISGlobal, pionero en la investigación de las causas medioambientales de la enfermedad. pEx podía haberle entrevistado en cualquier momento de la última década, pues su trabajo ha sido clave en la visualización del cáncer laboral en España, pero lo hacemos ahora atraídos por su último trabajo con Consol Serra y Anastasia Maltseva sobre los casos de cáncer de vejiga en una fundición de aluminio ubicada en el municipio barcelonés de Santa Margarida i Monjós.

Ocupational Medicine acaba de publicar una investigación en la que ustedes muestran la relación entre la antigua fundición de AGMA y el cáncer de vejiga de sus trabajadores. ¿Puede explicarnos en qué ha consistido el trabajo?

Muchos de los habitantes del pueblo trabajaban en esta fábrica que ya hace años que está cerrada. Entre la sociedad civil y los trabajadores había la sospecha de que existía un vínculo entre la fábrica y la mortalidad por cáncer. Esto pasa muchas veces, y después haces una investigación y los datos no son concluyentes porque la mortalidad por cáncer es elevada en la población española, un tercio de las muertes no traumáticas, es decir, que hay bastantes casos de cáncer en cualquier entorno. Sin embargo, parecía que había algo más en este caso y con Consol Serra, que dirige el Centro de Investigación de Salud Laboral de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), y Anastasia Maltseva, una de las estudiantes del Máster de Salud Laboral de la UPF, planteamos esta investigación. Localizando a todos los trabajadores de la fundición en el municipio hemos podido construir la cohorte, aproximadamente de unos 100 trabajadores. Hemos comparado su mortalidad y la incidencia del cáncer de vejiga con las de la población en general y hemos encontrado que la incidencia es tres veces superior, y la mortalidad, seis veces superior a la existente en la población en general. Este aumento del cáncer de vejiga no se puede explicar por el tabaquismo, que es el primer argumento que se suele utilizar desde la industria, se dice: “los trabajadores fuman más que la población en general”. Eso es cierto, pero calculamos el efecto del tabaco y podía explicar una parte muy pequeña del aumento de la incidencia y la mortalidad por cáncer de vejiga. La explicación más probable de estas cifras inusualmente altas es la exposición a cancerígenos en el trabajo.

¿El cáncer de vejiga es uno de los primeros que se asociaron, junto con el amianto, a exposiciones en el trabajo?

Sí. Las aminas aromáticas que se utilizaban en muchas industrias como las del caucho o tintes han provocado exposiciones tremendas. Por ejemplo, antes de 1950, nos encontramos con departamentos enteros, lugares donde todos los trabajadores se veían afectados por cáncer de vejiga. En la actualidad, en Europa, la exposición a muchas aminas aromáticas se ha limitado, pero tenemos exposición a hidrocarburos poliaromáticos en muchas industrias, o como ocurre con la fundición secundaria de aluminio, que es el caso de AGMA, una exposición combinada a cancerígenos que resulta ser mortal como la inhalación de sílice, potasio, magnesio, cobre, hierro y titanio o la exposición a disolventes. Los trabajadores del metal tienen mayor probabilidad que el resto de la población de padecer un cáncer de vejiga, es algo que está plenamente corroborado por estudios con cohortes muy amplias, tanto en Europa como en EEUU.

En 2005, para estimar el cáncer laboral en España, usted consideró, en base a la literatura científica, que el 4% de la totalidad de los casos de cáncer tiene su origen en exposiciones laborales. Diez años después, ¿ese porcentaje sigue siendo válido para realizar estimaciones?

Sí. Recientemente Lesley Rushton y sus colaboradores han estudiado la incidencia del cáncer laboral en Inglaterra y han vuelto a obtener que un 4% de cánceres tiene su origen en exposiciones ocupacionales. Y es sorprendente, pues esperaríamos que con todo lo que se ha hecho en prevención ese porcentaje se hubiera reducido. Es verdad que los ingleses tienen mucha más exposición al amianto que nosotros porque lo utilizaron mucho más. Es cierto que el amianto todavía está ahí y que la latencia de los mesoteliomas y los cánceres de pulmón es muy larga y pueden estar manifestándose ahora. Sin embargo, lo que esperaríamos es que ese porcentaje se hubiera reducido adoptando medidas preventivas. La verdad es que con todo lo que sabemos sobre el cáncer laboral deberíamos poder prevenirlo mucho más.

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Empleo y Seguridad Social

Los resultados que ofrece los Servicios Públicos de Empleo en este mes de Junio sobre la evolución del mercado de trabajo -en lo referente exclusivamente al empleo generado, al mayor o menor crecimiento del desempleo, a la tasa de cobertura de las personas paradas, a la afiliación a la Seguridad Social- no ofrecen (y mucho menos apuntan) novedad alguna acerca de un mercado de trabajo cada vez más precarizado que, de no mediar la acción social de las clases asalariadas, se convertirá de manera estructural en un mercado de trabajo empobrecido, precarizado y sin los derechos básicos del estado asistencial que hasta ahora habíamos tenido.

Aumenta el empleo en 123.000 personas y se incrementan en casi 100.000 las afiliaciones a la Seguridad Social (solo un 7% de este empleo es indefinido), a la vez que la cobertura de prestaciones sociales -bien vías contributivas, bien vías asistenciales- para la población protegida (se sitúa en tasas de menos del 50%) decrece un mes tras otro.

¿Dónde ha crecido el empleo y qué tipo de salarios? En el sector Servicios y sustancialmente en todo aquello ligado al turismo (hostelería, hoteles…). Es decir, llega el verano y las vacaciones y el empleo aumenta con la característica que le viene identificando desde 2012: precario y temporal, con salarios de sobreexplotación, lindando la legalidad del SMI (cuando no trabajo en negro) y exención de cotizar por parte empresarial hasta los 500€; resultando que al empresariado la mano de obra contratada (empleo) le sale GRATIS y es el erario público quien subvenciona y financia los beneficios empresariales.

La Tasa de cobertura de prestaciones a las personas desempleadas ha sufrido una reducción del 30% y ya nos encontramos que 7 de cada 10 desempleados/as no reciben prestaciones. Más del 80% de estas personas sin cobertura viven de las familias.

No se puede mostrar la imagen en este momento. El otro gran desfalco corresponde al vaciamiento de recursos de nuestro Sistema Público de Seguridad Social, que a diciembre 2015 ha colocado a ésta en un déficit nominal de 16.707 Millones de €, lo que equivale al -1,5% de todo el déficit del Estado español.

Los cuatro factores -absolutamente dependientes de la voluntad política de quienes gobiernan- que explican la desposesión, el robo y el camino al desmantelamiento de nuestro Sistema Público de Pensiones son los siguientes:

1. El mercado de trabajo: el empleo nuevo que se genera (con sus precios salariales por debajo de los 750 € y las cotizaciones de éstos) ha entrado en un campo lleno de minas, que hace crecer el ingreso respecto a los gastos, en tasas negativas. Es decir, se ingresa casi 2 puntos menos de lo que se gasta en prestaciones mensualmente. Las Tarifas Planas y las exenciones de cotización empresarial (exención de cotizar hasta los 500€), además de las bonificaciones al empleo, permite dejar de ingresar 1.500 Millones de €.

2. El empleo que termina, especialmente vía jubilaciones, al ser de personas con carreras laborales largas y cotizaciones medias altas, sus pensiones son más elevadas.

El gobierno vacía la “hucha de las pensiones” (Fondo de Reserva) a un ritmo descapitalizador impresionante, a una media de 9.000 millones cada seis meses desde el 2012 que llega el PP al ejecutivo. ¿Qué ocurrirá cuando no haya dinero para pagar a los pensionistas las pagas extraordinarias?

3. La otra gran sangría procede del mantenimiento de los topes máximos de cotización y de las rentas salariales que se exoneran de cotizar, que asciende a la friolera de 26.775 millones de €.

4. Y en el mismo sentido no reformador de todos los gobiernos se encuentra la no equiparación de las bases medias de cotización entre el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y el Régimen General, que sustrae otros 7.000 millones de €.

Paro, precariedad, eliminación de derechos sociales fundamentales, mercado de trabajo de usar y tirar, exclusión social, descohesión social y desigualdad, se ha convertido en una forma de vivir de la inmensa mayoría de la sociedad, donde el consentimiento con la situación nos coloca en un ciclo temporal de Injusticia Social, que ha llegado para permanecer e instalarse en nuestras vidas durante mucho tiempo de no mediar el CONFLICTO SOCIAL.

Secretariado Permanente del Comité Confederal

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La Generalitat multa con 185.000 euros a Indra por "cesión ilegal de trabajadores"

El secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Josep Ginesta, ha afirmado que este miércoles han confirmado una sanción de 185.000 euros a la empresa Indra por "una cesión ilegal de trabajadores".

Según ha explicado este jueves en la rueda de prensa de valoración de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Indra habría participado en una "cadena de subcontratación de trabajadores", y Ginesta ha subrayado que la reforma laboral que hizo en 2012 el Gobierno del PP ha facilitado este tipo de prácticas.

"El empeoramiento del mercado de trabajo tiene relación con estas nuevas formas de flexibilización, que empeoran los salarios y las condiciones laborales de las personas", ha insistido, y ha valorado que el es necesaria una contrareforma laboral para evitar esta tendencia.

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Riqueza, empleo y salarios no van de la mano

La llamada economía 4.0 –basada en la automatización generalizada con la aplicación de sistemas inteligentes y tecnologías de la información– va a suponer una aceleración sin precedentes de nuestra capacidad productiva con ahorros de mano de obra directa. Un proceso que ya está en marcha desde hace años y que plantea retos sociales de gran calado.

La paulatina ampliación de la riqueza generada en España en los veinte años que van entre 1995 y 2014 puede resumirse diciendo que hoy producimos casi un cincuenta por ciento más de riqueza (en euros constantes del año 2010 y según la Contabilidad Nacional del INE) en términos reales que dos décadas atrás. Como recogemos en un primer gráfico en la serie temporal del volumen del PIB (descontada la inflación) hoy somos un país un 50% más rico que en el año 1995. Cierto es que la crisis desencadenada en 2008 rompió la tendencia (en ese momento casi habíamos alcanzado un 60% más de riqueza) pero, aun así, el balance global es sin duda muy positivo.

Fuente: elaboración propia con datos del INE

No obstante cuando comparamos en dicho gráfico esta evolución de la riqueza producida con la de las horas trabajadas por el conjunto de la población ocupada para generarla, nos encontramos con un comportamiento bien diferenciado: las horas necesarias de trabajo han aumentado a un ritmo muy inferior. La brecha entre el crecimiento de la producción y el crecimiento del trabajo necesario se va abriendo progresivamente a lo largo de todo el período para ampliarse de forma acelerada en los últimos años.

Globalmente podemos decir que en el último año (2014) generamos la misma riqueza en términos reales que en el año 2005, pero con una cantidad de horas de trabajo muy inferior. Exactamente casi 3600 millones menos de horas de trabajo (equivalentes a más de dos millones de empleos a tiempo completo). Este ahorro de jornadas de trabajo para producir la misma cantidad de riqueza se puede relatar con otra comparación: con las mismas horas de trabajo aplicadas en 2014, en el año 2001 la producción de riqueza en la economía española era muy inferior.

Es éste un proceso global que afecta a todos los sectores, pero si se desglosa se comprueba que es en las actividades industriales donde se anota de una forma más intensa. Si representamos en un segundo gráfico la relación entre ambas magnitudes (horas necesarias de trabajo por unidad de PIB) en las manufacturas a lo largo del mismo período se observa que aquella brecha se concreta ahora en una reducción del 25%. Si en 1995 eran necesarias 100 horas de trabajo directo, veinte años más tarde son necesarias 75 para obtener el mismo valor de la producción.

Fuente: elaboración propia con datos del INE

Esta mutación económica, que acelerará sin duda la economía 4.0, tiene potentes consecuencias en muchas direcciones. Así, por ejemplo, cuando se plantean los graves problemas de sostenibilidad de nuestros sistemas de pensiones (que se financian con cotizaciones sobre el pago de las horas trabajadas) no debiera ignorarse que en 2014 España es un país igual de rico que en 2005, pero que -con toda certeza- los ingresos de nuestra seguridad social (en términos reales, descontada la inflación) serán inferiores debido a que el volumen de trabajo necesario es notablemente inferior.

Es así cómo la misma riqueza producida puede provocar paulatinamente menores ingresos del sistema de pensiones. Lo que genera un problema estructural de sostenibilidad que ha de corregirse modificando el sistema de financiación. Y hacerlo hacia fuentes de ingresos ajenas a los salarios y a las horas de trabajo necesarias para el funcionamiento de la economía.

En relación a todo esto, y anticipándose a la actual economía 4.0, sostenía André Gorz ya hace treinta años que: “… la creación de una renta social independiente de la cantidad de trabajo realizado se impondrán de cualquier manera a medida que el coste del trabajo llegue a ser desdeñable para las producciones automatizadas, cada vez más numerosas”. (ver aquí)

Dicho de otra forma: el pago de una pensión mínima de jubilación, o de una renta mínima para desempleados, ha de financiarse y garantizarse vía impuestos (lo que el autor citado llama renta pagada por la máquina), dado que el sistema actual basado en financiarlos con ingresos que dependan de las horas de trabajo humano será -de forma imparable- crecientemente insuficiente. Y podrá hacerse así porque la riqueza generada, con muchas menos horas de trabajo, será cada vez mayor. Se trata de redistribuir la mayor riqueza social producida para que no acabe polarizándose en una minoría social.

Sin perder de vista que esa mayor riqueza derivada de una menor necesidad de horas de trabajo nos enfrenta a otro reto no menos estratégico: el de trabajar todos menos horas durante nuestra vida activa para poder participar todos en la producción de riqueza.

Lo contrario de la solución actual: horas extraordinarias por un lado y desempleados por otro. Porque si así no se hace, concluía Gorz : “una economía que porque utiliza cada vez menos trabajo distribuye cada vez menos salarios, desciende inexorablemente la pendiente del paro y la pauperización.”

Publicado en “La Voz de Galicia”

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