Martes 6 de mayo de 2014
María, madre soltera con cuatro hijos menores a su cargo, nos explica con voz emocionada que ayer la despidieron en la empresa en la que trabajaba desde hace siete años, sus ingresos mensuales de 900 euros se reducirán ostensiblemente al cobrar la prestación de desempleo y no podrá pagar la renta mensual de 600 euros a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) por su vivienda de cuatro habitaciones en el barrio madrileño de San Fermín: “Entre el recibo de luz, agua, gas y de alquiler, pues, ya ni comes, ni compras nada, nada de nada”.
María, madre soltera con cuatro hijos menores a su cargo, nos explica con voz emocionada que ayer la despidieron en la empresa en la que trabajaba desde hace siete años, sus ingresos mensuales de 900 euros se reducirán ostensiblemente al cobrar la prestación de desempleo y no podrá pagar la renta mensual de 600 euros a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) por su vivienda de cuatro habitaciones en el barrio madrileño de San Fermín: “Entre el recibo de luz, agua, gas y de alquiler, pues, ya ni comes, ni compras nada, nada de nada”.
Verónica,
su vecina y amiga, la consuela y anima, ella también está en el paro y
no puede pagar desde hace casi dos años un arrendamiento de 530 euros,
ya que sólo ingresa una Renta Mínima de Inserción (RMI) de 450 euros al
mes que escasamente le da para cubrir las necesidades más básicas de sus
tres hijos adolescentes: “menos mal que tenemos las madres del Pato
Amarillo”, se refiere al banco de alimentos de Orcasur. Se ríe al
recordar cuando le cortaron el suministro de gas y electricidad por
falta de pago, con orgullo resalta que se las ha apañado para conectar
la electricidad (“pongo la tuerca y ya está, lo hago yo sola, soy muy
mañosa”) y así va mitigando la sensación de frío con el único radiador
del que dispone: “tengo uno en el salón, pero pasamos todo el invierno
con mantas, vivo en el último piso, o sea que te puedes imaginar el frío
que pasamos”.
Seguimos hablando en el portal del edificio y entra Isabel, se para a saludar a sus vecinas y con curiosidad no disimulada por la presencia de dos extraños se integra a la conversación: tiene tres hijos menores, su marido agotó el subsidio de desempleo hace tres meses y se ven obligados a subsistir con su pensión por incapacidad de 350€ al mes. Con palabras cargadas de ansiedad nos cuenta que su vida se torció hace cinco años, cuando cayó enferma y al poco tiempo despidieron a su marido, obrero de la construcción. Isabel pagaba 530€ de renta de alquiler a la EMVS, si bien desde hace un año dejó de abonarla por la insuficiencia de sus ingresos, también le han cortado el suministro de gas, aunque consigue pagar con apuros los recibos de agua y electricidad gracias a la ayuda de Cáritas de San Fermín. El pasado lunes se fue a los Servicios Sociales municipales para solicitar la RMI pero parece que tendrá que esperar alrededor de un año y medio para cobrar esa deseada prestación social: “eso fue lo que le pregunté a la trabajadora social, qué vamos a hacer durante ese año y medio, ¿nos vamos a pedir a la boca del Metro?; es que mi pensión de invalidez no nos llega, no nos llega ni para comer, suma, que suma gastos…, que no nos llega ni para comer”.
Nos miramos y asentimos con seriedad, al recordar los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE), los cuales acreditan la preocupante expansión de la pobreza material en España: si en 2007, el 27,3% de los hogares entrevistados tenían dificultad o mucha dificultad material para llegar a fin de mes, esta categoría se elevó al 32,6% en 2012 y al 36,6% de los hogares en 2013 (dato provisional). A la vez, el porcentaje de hogares que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) en los últimos 12 meses subió desde el 5,6% en 2007 al 8,4% en 2012 y al 9,2% de todos los hogares entrevistados en 2013 (provisional). En resumen, la Tasa de Riesgo de Pobreza o Exclusión Social (estrategia Europa 2020) alcanzaba al 23,3% de los hogares en 2007, pero al trascurrir cinco años de crisis económica atrapaba nada menos que al 28,2% de los hogares encuestados en 2012 (sin dato para 2013).
Aparece el cartero, nos saluda e introduce con rapidez la correspondencia en los buzones, las tres vecinas observan sus movimientos con expectación, al girar para marcharse, las mira con una expresión burlona y les dice: “esta vez os habéis librado”. Ellas, se sueltan a reír, sus rostros se relajan. Se dan cuenta de nuestra expresión de sorpresa e Isabel nos informa que teme la carta de desahucio: “para comer vas sacando, el problema es si te echan de la vivienda, a donde vas, que es lo que nos tiene la cabeza loca, yo todas las noches estoy con ansiedad, no duermo pensando si nos manda la EMVS una carta, a donde vamos a ir…”. Nuevamente, la realidad micro se enlaza con la macro al resonar desde nuestra memoria la estadística del Consejo General del Poder Judicial recientemente publicada por los medios de comunicación: en 2013, los desahucios o lanzamientos recibidos por los Tribunales Superiores de Justicia ascendieron a 11.673 en la Comunidad de Madrid y a 65.182 en el conjunto de España, sumando entre 2008 y 2013 las cantidades de 60.707 y 309.460 lanzamientos recibidos, respectivamente. Se estima que alrededor del 55% de los hogares desahuciados residían en régimen de alquiler.
Verónica nos invita a un café en su casa, donde proseguimos la charla. Las tres vecinas coinciden en cuestionar el carácter social de las viviendas alquiladas por la EMVS, se refieren a promociones privadas en su distrito donde se arriendan viviendas de 3 habitaciones, garaje y piscina por 600€, la misma renta que abona María: “es que estamos aquí pagando como si fuera La Moraleja, y dicen que es social, estamos hablando de la EMVS, o sea que no estamos pagando nada barato, yo no quiero que me regalen la vivienda, pero que podamos pagarla y dar de comer a nuestros hijos, que ahora si pago la vivienda, no comen mis hijos”.
Se muestran indignadas al hablar de las viviendas vacías en su edificio, alrededor de un tercio están deshabitadas y precintadas las puertas con una plancha metálica para evitar su ocupación ilegal: son las viviendas desahuciadas o abandonadas por sus inquilinos, bien porque encontraron una vivienda más económica o porque se mudaron a vivir con familiares al prolongarse su situación de pobreza severa. La dirección de la EMVS reconoció en noviembre de 2013 que el 27% de sus viviendas en alquiler están sin ocupar (1.257 de 4.708 viviendas), porcentaje que política y socialmente es injustificable en una ciudad donde el problema de la vivienda se ha exacerbado entre las clases trabajadoras más afectadas por la crisis capitalista y el desempleo de masas que genera.
Llaman a la puerta y entra Maribel, se suma contenta a la tertulia y nos cuenta que tiene los enseres familiares embalados en cajas desde junio pasado a la espera de que la EMVS cumpla la promesa de trasladarla a ella, divorciada, y sus tres hijos menores a una promoción municipal de vivienda de alquiler más barata. A Verónica e Isabel también les concedieron ese traslado pero creen que la suspensión de última hora obedeció a la aprobación del plan de viabilidad financiera de la EMVS de Madrid, mediante el cual pretenden obtener liquidez económica vendiendo a fondos de inversión el patrimonio municipal de viviendas. Precisamente, en julio de 2013, la EMVS vendió 18 promociones de viviendas de alquiler, situadas en los distritos de Carabanchel, Villa de Vallecas y Villaverde, al fondo Magic Real Estate-Blackstone por 128,5 millones de euros, de las cuales 1.208 son viviendas de alquiler y 652 de alquiler con opción a compra. La operación ha sido una auténtica ganga para el fondo holandés de inversión, a una media de 69.000€ por vivienda. Maribel, Verónica, María e Isabel se muestran muy preocupadas ante la posibilidad de que ocurra algo similar con su promoción de alquiler, ya que han escuchado en la radio que ese “fondo buitre” ha enviado cartas a los inquilinos pretendiendo subirles la renta mensual, además de iniciar el proceso judicial de desahucio de los hogares deudores.
Nos despedimos de esas madres coraje y nos encaminamos a la estación de Metro pensando en voz alta sobre el expolio generalizado del patrimonio público que está realizando el bloque neoliberal durante la presente crisis económica, más grave si cabe en un Estado español que se distingue por la ratio más baja de vivienda de alquiler social dentro del contexto de la Unión Europea (media de 39 por 1.000): tan solo 3 viviendas por 1.000 habitantes frente a 15 en Portugal, 18 en Italia, 28 en Alemania o 29 en Irlanda; y ¡madre mía! que fuertes contrastes con respecto a las ratios de Francia (71), Gran Bretaña (85), Suecia (95), Dinamarca, Austria (102) y, particularmente, Holanda (147 viviendas por 1.000 habitantes; fuente: CECODHAS). Ciertamente, anhelamos el Estado del bienestar del norte de Europa.
Elías Trabada Crende(Sociologo Consultor)
Seguimos hablando en el portal del edificio y entra Isabel, se para a saludar a sus vecinas y con curiosidad no disimulada por la presencia de dos extraños se integra a la conversación: tiene tres hijos menores, su marido agotó el subsidio de desempleo hace tres meses y se ven obligados a subsistir con su pensión por incapacidad de 350€ al mes. Con palabras cargadas de ansiedad nos cuenta que su vida se torció hace cinco años, cuando cayó enferma y al poco tiempo despidieron a su marido, obrero de la construcción. Isabel pagaba 530€ de renta de alquiler a la EMVS, si bien desde hace un año dejó de abonarla por la insuficiencia de sus ingresos, también le han cortado el suministro de gas, aunque consigue pagar con apuros los recibos de agua y electricidad gracias a la ayuda de Cáritas de San Fermín. El pasado lunes se fue a los Servicios Sociales municipales para solicitar la RMI pero parece que tendrá que esperar alrededor de un año y medio para cobrar esa deseada prestación social: “eso fue lo que le pregunté a la trabajadora social, qué vamos a hacer durante ese año y medio, ¿nos vamos a pedir a la boca del Metro?; es que mi pensión de invalidez no nos llega, no nos llega ni para comer, suma, que suma gastos…, que no nos llega ni para comer”.
Nos miramos y asentimos con seriedad, al recordar los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE), los cuales acreditan la preocupante expansión de la pobreza material en España: si en 2007, el 27,3% de los hogares entrevistados tenían dificultad o mucha dificultad material para llegar a fin de mes, esta categoría se elevó al 32,6% en 2012 y al 36,6% de los hogares en 2013 (dato provisional). A la vez, el porcentaje de hogares que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) en los últimos 12 meses subió desde el 5,6% en 2007 al 8,4% en 2012 y al 9,2% de todos los hogares entrevistados en 2013 (provisional). En resumen, la Tasa de Riesgo de Pobreza o Exclusión Social (estrategia Europa 2020) alcanzaba al 23,3% de los hogares en 2007, pero al trascurrir cinco años de crisis económica atrapaba nada menos que al 28,2% de los hogares encuestados en 2012 (sin dato para 2013).
Aparece el cartero, nos saluda e introduce con rapidez la correspondencia en los buzones, las tres vecinas observan sus movimientos con expectación, al girar para marcharse, las mira con una expresión burlona y les dice: “esta vez os habéis librado”. Ellas, se sueltan a reír, sus rostros se relajan. Se dan cuenta de nuestra expresión de sorpresa e Isabel nos informa que teme la carta de desahucio: “para comer vas sacando, el problema es si te echan de la vivienda, a donde vas, que es lo que nos tiene la cabeza loca, yo todas las noches estoy con ansiedad, no duermo pensando si nos manda la EMVS una carta, a donde vamos a ir…”. Nuevamente, la realidad micro se enlaza con la macro al resonar desde nuestra memoria la estadística del Consejo General del Poder Judicial recientemente publicada por los medios de comunicación: en 2013, los desahucios o lanzamientos recibidos por los Tribunales Superiores de Justicia ascendieron a 11.673 en la Comunidad de Madrid y a 65.182 en el conjunto de España, sumando entre 2008 y 2013 las cantidades de 60.707 y 309.460 lanzamientos recibidos, respectivamente. Se estima que alrededor del 55% de los hogares desahuciados residían en régimen de alquiler.
Verónica nos invita a un café en su casa, donde proseguimos la charla. Las tres vecinas coinciden en cuestionar el carácter social de las viviendas alquiladas por la EMVS, se refieren a promociones privadas en su distrito donde se arriendan viviendas de 3 habitaciones, garaje y piscina por 600€, la misma renta que abona María: “es que estamos aquí pagando como si fuera La Moraleja, y dicen que es social, estamos hablando de la EMVS, o sea que no estamos pagando nada barato, yo no quiero que me regalen la vivienda, pero que podamos pagarla y dar de comer a nuestros hijos, que ahora si pago la vivienda, no comen mis hijos”.
Se muestran indignadas al hablar de las viviendas vacías en su edificio, alrededor de un tercio están deshabitadas y precintadas las puertas con una plancha metálica para evitar su ocupación ilegal: son las viviendas desahuciadas o abandonadas por sus inquilinos, bien porque encontraron una vivienda más económica o porque se mudaron a vivir con familiares al prolongarse su situación de pobreza severa. La dirección de la EMVS reconoció en noviembre de 2013 que el 27% de sus viviendas en alquiler están sin ocupar (1.257 de 4.708 viviendas), porcentaje que política y socialmente es injustificable en una ciudad donde el problema de la vivienda se ha exacerbado entre las clases trabajadoras más afectadas por la crisis capitalista y el desempleo de masas que genera.
Llaman a la puerta y entra Maribel, se suma contenta a la tertulia y nos cuenta que tiene los enseres familiares embalados en cajas desde junio pasado a la espera de que la EMVS cumpla la promesa de trasladarla a ella, divorciada, y sus tres hijos menores a una promoción municipal de vivienda de alquiler más barata. A Verónica e Isabel también les concedieron ese traslado pero creen que la suspensión de última hora obedeció a la aprobación del plan de viabilidad financiera de la EMVS de Madrid, mediante el cual pretenden obtener liquidez económica vendiendo a fondos de inversión el patrimonio municipal de viviendas. Precisamente, en julio de 2013, la EMVS vendió 18 promociones de viviendas de alquiler, situadas en los distritos de Carabanchel, Villa de Vallecas y Villaverde, al fondo Magic Real Estate-Blackstone por 128,5 millones de euros, de las cuales 1.208 son viviendas de alquiler y 652 de alquiler con opción a compra. La operación ha sido una auténtica ganga para el fondo holandés de inversión, a una media de 69.000€ por vivienda. Maribel, Verónica, María e Isabel se muestran muy preocupadas ante la posibilidad de que ocurra algo similar con su promoción de alquiler, ya que han escuchado en la radio que ese “fondo buitre” ha enviado cartas a los inquilinos pretendiendo subirles la renta mensual, además de iniciar el proceso judicial de desahucio de los hogares deudores.
Nos despedimos de esas madres coraje y nos encaminamos a la estación de Metro pensando en voz alta sobre el expolio generalizado del patrimonio público que está realizando el bloque neoliberal durante la presente crisis económica, más grave si cabe en un Estado español que se distingue por la ratio más baja de vivienda de alquiler social dentro del contexto de la Unión Europea (media de 39 por 1.000): tan solo 3 viviendas por 1.000 habitantes frente a 15 en Portugal, 18 en Italia, 28 en Alemania o 29 en Irlanda; y ¡madre mía! que fuertes contrastes con respecto a las ratios de Francia (71), Gran Bretaña (85), Suecia (95), Dinamarca, Austria (102) y, particularmente, Holanda (147 viviendas por 1.000 habitantes; fuente: CECODHAS). Ciertamente, anhelamos el Estado del bienestar del norte de Europa.
Elías Trabada Crende(Sociologo Consultor)
CGT-BancaMadrid
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