En
la dureza de la sentencia alienta la sospecha de una cobardía y un
miedo infinitos. El de la Ley frente a la libertad, el del Capital
frente a la lucha colectiva y la huelga reivindicativa, el del Fiscal
frente a quienes desafíen el mezquino orden que a él otorga algún poder,
por fantoche que sea. Es el miedo y la cobardía del Gobierno español
frente a Tamara y a Ana, las dos trabajadoras del Centro Deportivo de
Pontevedra, condenadas en firme, sin posibilidad de recurso ordinario, a
tres años y un día de prisión por participar en un piquete de huelga.
La
desmedida condena es justificada por el Fiscal y por la Audiencia de
Pontevedra, por la participación de ambas trabajadoras en un piquete
informativo de la huelga sectorial de 2010. Por amedrantar y coaccionar a
sus compañeros, tildándoles de esquiroles, para que secundasen la
huelga –a lo que los propios afectados negaron sentirse coaccionados- y
volcar un bote de pintura en el agua de una de las piscinas del
establecimiento.
En todo este proceso, desde aquél invierno de
2010 hasta hoy, no hubo otra violencia, ni coacción infame, ni
intimidación social o personal, que las ejercidas (en orden de menor a
mayor vileza) por los denunciantes de las trabajadoras, por la empresa
concesionaria del centro de la Fundación "Rías do Sul" que mantuvo la
denuncia, por el propio gobierno, nacionalista y progresista, del
municipio que no supo o no quiso ejercer su responsabilidad para atajar
la injusticia que se disponían a cometer en sus instalaciones, el
Juzgado de Pontevedra responsable de la primera sentencia y, por último,
con mayor crueldad e iniquidad, el Fiscal y los magistrados de la
Audiencia Provincial de Pontevedra. Y todo ello, sin elevar la cuenta
hasta la raíz de la ignominia, esto es, la responsabilidad de una
legislación que garantiza la impunidad a quienes ejercen semejante
tiranía y la debilidad de quienes vamos enfrentándonos a ella.
Este
es solo el penúltimo caso de una lista que ha crecido con rapidez en
los últimos meses. Actualmente hay más de 40 procedimientos judiciales
abiertos, algunos penales y otros sancionadores, contra trabajadores que
participaron en las últimas huelgas generales y parciales, siguiendo
una estrategia, con instrucciones precisas por los Ministerios del
Interior y Justicia, para criminalizar la protesta sindical, amedrentar a
los trabajadores y atentar contra el derecho de huelga y de asociación
sindical obrera.
Los hechos que comentamos tuvieron lugar en
febrero de 2010, a raíz de la jornada de paro celebrada durante la
negociación del I Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas de
Galicia. Ese día, medio centenar de trabajadores acudieron como piquete
informativo a las instalaciones del Centro Deportivo de Pontemuiños, en
Pontevedra (centro de titularidad fundacional, con participación del
Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, pero de gestión privatizada), en las
que permanecían trabajando algunos esquiroles, insolidarios con sus
compañeros y compañeras que sí luchaban por las reivindicaciones
colectivas, salariales y laborales, de las que ellos mismos llegarían a
beneficiarse sin merecerlo ni ayudar a lograrlo.
En un momento
dado, alguien vertió colorante en el vaso de la piscina. Nadie fue
acusado ni tampoco identificado como autor material de este hecho y los
presuntos daños ocasionados fueron, según la propia empresa de apenas
1000 euros. Pero las dos trabajadoras, una con veinte años de antigüedad
en el sector y la otra con siete, fueron reconocidas como integrantes
del piquete por un directivo de la contrata, que las denunció. Ninguna
de las dos estaba afiliada a sindicato alguno, por lo que buscaron
defenderse por y para sí mismas, exclusivamente en el ámbito judicial.
En
un primer juicio, ambas fueron condenadas a seis meses de prisión. Esta
primera sentencia fue recurrida por las acusadas que solicitaron la
libre absolución, pero también lo fue por la fiscalía, que exigió la
aplicación de la condena en su grado máximo, al considerar "que
coaccionaron a otras personas para secundar la huelga" y que "atentaron
contra los derechos de los trabajadores". De nada valió que los
trabajadores presuntamente intimidados confirmasen ante el tribunal no
sentirse coaccionados, ni agredidos ni intimidados. Finalmente la
Audiencia de Pontevedra aceptó las tesis del Fiscal (la burla de
considerar derecho de los trabajadores el esquirolaje y no la huelga) y
condenó a las dos trabajadoras a la máxima pena prevista por el Código
Penal, tres años y un día de prisión. Los abogados de ambas estudian
ahora la posibilidad de presentar algún tipo de recurso contra la
sentencia, que, sin embargo, es firme y no acepta recursos ordinarios.
Aunque
debiera haber empezado mucho antes, más vale tarde que nunca. Sobre
todo si la tardanza en reaccionar ha de achacarse a la escasa formación
sindical de muchos trabajadores en nuestro país, cuando no a un
prejuicio negativo -ampliamente difundido por los corifeos de la
patronal y los gobiernos y, en parte justificado por las actuaciones del
sindicalismo claudicante, hoy hegemónico- sobre el carácter de la lucha
colectiva y compartida.
El
2 de mayo dio comienzo una campaña de apoyo a las trabajadoras y
denuncia de la brutal condena –esta sí brutal y violenta, intimidatoria
frente a quienes reclaman respeto por sus necesidades, derechos y
reivindicaciones- con una mera recogida de firmas, vía online y en
algunas plazas de Pontevedra, para reclamar su indulto. Todavía pesa el
miedo paralizante a que una lucha abierta contra la sentencia y sus
autores, pudiese perjudicar un "indulto", que no llegará por esa vía.
Sin embargo esa lucha resulta imprescindible. No se pueden tolerar
comportamientos como los del Fiscal y la Audiencia de Pontevedra, sin
que se ejerza sobre ellos el reproche popular más firme y contundente;
sin que los sindicatos acompañemos a estas mujeres hasta los muros de la
Justicia y, si toca, hasta la puerta de la cárcel, o sin que el
escrache se generalice contra los responsables de tamaña agresión y
violencia. Pues en ello nos va la dignidad y la función histórica que
nos corresponde: el desafío al poder establecido, en lucha por la
emancipación y la libertad colectivas.
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