Mujeres en lucha, rompiendo fronteras

 

Este 8 de marzo salimos juntas porque el avance del fascismo, el racismo y el colonialismo ya está afectando a nuestras vidas. No es una amenaza lejana: se expresa en guerras, ocupaciones, fronteras cada vez más violentas, políticas de expulsión y detención, pérdida de derechos y control social, al servicio de un sistema capitalista y patriarcal que necesita la desigualdad para sostener la explotación.

Este avance golpea de forma específica a las mujeres. En contextos de guerra, ocupación y militarización, nuestros cuerpos y nuestras vidas se convierten en territorio de violencia, pobreza y desposesión, reforzando las violencias machistas y limitando nuestra autonomía.

Desde un feminismo internacionalista, denunciamos las consecuencias de este sistema sobre las mujeres en distintos lugares del mundo: la situación que viven las mujeres en Siria; la resistencia cotidiana de las mujeres saharauis y palestinas frente al colonialismo y el desplazamiento forzado; y la persecución que sufren hoy las mujeres kurdas por sostener proyectos de autonomía y emancipación feminista. Del mismo modo, denunciamos las políticas de detención, deportación y separación de familias que golpean especialmente a las mujeres migrantes, generando sufrimiento, miedo y desarraigo. No son realidades ajenas, sino expresiones de una misma estructura de dominación que atraviesa fronteras.

Aquí y ahora, la pérdida de derechos y el deterioro de los servicios públicos avanzan de la mano de los gobiernos de derechas, con ataques directos a la autonomía de las mujeres. Se cuestionan conquistas básicas como el acceso al aborto, la educación en igualdad o la libertad sexual y reproductiva, mientras se refuerzan el control, la desigualdad y la exclusión.

Las consecuencias son visibles en la vida cotidiana: precariedad, dificultad de acceso a una vivienda digna, empobrecimiento y un aumento de la violencia machista en todas sus expresiones —físicas, sexuales, económicas e institucionales—, que sigue cobrando vidas.

Frente a este contexto, nuestras reivindicaciones no son abstractas: son respuestas concretas para defender vidas dignas y libres de violencias.

EXIGIMOS:

• El fin de todas las violencias machistas, incluidos los feminicidios, la violencia vicaria y los asesinatos de carácter machista, con políticas reales de prevención, protección, reparación y recursos suficientes.
• El fin de la precariedad estructural, de la división sexual del trabajo y de la brecha salarial y de pensiones que condena a las mujeres a la desigualdad durante toda su vida.
• Un sistema público de cuidados, comunitario, universal y gratuito, junto con condiciones laborales dignas en el sector, con salarios justos, estabilidad, convenios colectivos y acceso a la huelga.
• El derecho a una vivienda digna y a los suministros básicos, frente a la especulación, los desahucios y la precariedad habitacional.
• Protección efectiva ante cualquier crisis, porque sus consecuencias recaen de forma desproporcionada sobre mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
• La erradicación de todas las violencias y discriminaciones hacia mujeres, personas disidentes y LGTBIQA+, así como de los sesgos de género en la salud.
• El fin de la violencia institucional, que criminaliza, desprotege y vulnera derechos, especialmente contra mujeres, personas migrantes y colectivos en lucha.
• La derogación de la reforma laboral y de las reformas de pensiones que nos condenan a vidas agotadas y precarias.
• La derogación de la ley mordaza, que criminaliza y castiga con sanciones y cárcel la protesta social, utilizándose para perseguir y reprimir a colectivos feministas, sindicales y movimientos sociales críticos.
• Una renta básica de las iguales y la reducción de la jornada laboral a 30 horas.
• Visibilidad y representación equitativa de mujeres y personas no binarias en todos los ámbitos.
• Una sociedad no capacitista, inclusiva con la diversidad funcional y los cuerpos no normativos.
• Políticas reales de coeducación, formación y sensibilización en igualdad.
• La regularización de todas las personas migrantes, la derogación de la ley de extranjería, el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.
• Medidas urgentes frente a la emergencia climática, desde la justicia social.

Frente al fascismo no hay neutralidad.

Nuestra respuesta es colectiva, feminista y sin fronteras, en las calles, en los centros de trabajo y en todos los espacios de la vida.

Mujeres en lucha, rompiendo fronteras
Nos va la vida, nos van las libertades

La inflación real de los hogares inquilinos duplicó la inflación oficial en 2025

Un informe del sindicato CGT demuestra que el IPC oficial infravalora gravemente la pérdida de poder adquisitivo de 8,4 millones de personas que viven de alquiler

CGT publica hoy el informe IPC inquilino: midiendo la inflación real de los hogares de alquiler, en el que se construye un IPC específico para los hogares que viven de alquiler a precio de mercado. Sus conclusiones son contundentes: mientras que el IPC oficial registró una inflación media del 2,7 % en 2025, la inflación real de los hogares inquilinos alcanzó el 4,7 %, casi el doble. Desde enero de 2019, los precios han subido un 31 % para las personas inquilinas, frente al 25 % del índice oficial.

La medición de la vivienda, un problema del IPC

El Índice de Precios al Consumo (IPC), publicado cada mes por el INE, mide la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumimos los hogares españoles, y constituye con ello uno de los principales indicadores para medir la inflación. Sin embargo, la vivienda apenas tiene importancia en el IPC. Por un lado, la compra de vivienda no se considera parte del consumo, por lo que se excluye del índice. Y, por el otro, dado que únicamente en torno a un quinto de la población vive de alquiler, el peso del alquiler en el índice total alcanza apenas el 3,5 % del total, menos que las bebidas alcohólicas y el tabaco, y muy por debajo de la partida de restaurantes y hoteles.

Según los últimos datos disponibles, en España cerca del 17% de los hogares viven de alquiler a precio de mercado (unos 3,3 millones de hogares, en los que residen 8,4 millones de personas). La realidad de estos hogares inquilinos es radicalmente distinta de la que presupone el IPC: de media, destinan un 25 % de su gasto al alquiler. Para poder captar más adecuadamente la realidad de estos hogares, el informe publicado por CGT corrige esta distorsión construyendo un IPC alternativo —denominado «IPC inquilino»— que otorga al alquiler la ponderación real que tiene en el presupuesto de los hogares inquilinos.

Principales hallazgos del informe

Mientras que en los últimos dos años la inflación oficial está moderándose, el precio del alquiler continúa en rápido ascenso. Según el informe, la inflación media anual que experimentaron los hogares inquilinos en 2025 alcanza el 4,7 %, casi doblando el dato de inflación oficial (2,7 %). A nivel autonómico, las comunidades donde los hogares inquilinos sufrieron mayor inflación en 2025 fueron Madrid (5,6 % frente al 3 % oficial), Comunidad Valenciana y Andalucía (4,8 % frente al 3 % y 2,7 % respectivamente) y Cataluña (4,6 % frente al 2,5 %). Madrid es, además, la comunidad con mayor diferencial entre ambos índices: casi 2,7 puntos porcentuales. Las menores diferencias se registraron en Cantabria, Murcia y Extremadura.

Si comparamos la evolución de los precios desde 2019, la brecha entre la inflación oficial y la que experimentan los hogares inquilinos se agrava todavía más. Desde enero de 2019 hasta diciembre de 2025, los precios han aumentado un 31 % para las personas inquilinas, mientras que el IPC oficial ha crecido un 25 %. Por comunidades autónomas, en los últimos seis años se acumulan subidas para los hogares inquilinos de hasta el 37 % en la Comunidad Valenciana y el 35 % en Baleares y Andalucía.

Los salarios de las personas inquilinas han caído un 6,9 % en términos reales

El informe señala que la mayor inflación que sufren los hogares inquilinos erosiona unas rentas que tienden a ser más bajas que la media. La mayoría de los hogares inquilinos se concentra en la mitad inferior de la distribución de renta. “El aumento del precio del alquiler genera un círculo vicioso“ —señala Lorién Cirera, uno de los autores del informe— “Los inquilinos e inquilinas, que ya tienden a estar en una situación más precaria, se hacen más pobres, mientras los caseros se hacen todavía más ricos”. La situación es particularmente grave para los hogares de origen migrante extracomunitario, de los que el 63 % vive de alquiler a precio de mercado.

Los autores del informe subrayan que el aumento de los alquileres, sumado al encarecimiento general de los precios, supera con mucho los aumentos salariales que se han dado en los últimos años. Al contrastar las subidas salariales pactadas por convenio con el IPC oficial, los salarios reales parecen haber frenado su caída en los dos últimos años, aunque todavía se mantienen un 3,2 % por debajo de su nivel de 2019. Sin embargo, al aplicar el IPC inquilino, el salario real de quienes viven de alquiler sigue cayendo, y se sitúa ya un 6,9 % por debajo de su nivel de 2019. “Para los trabajadores y trabajadoras inquilinos no sirve de nada aumentar su salario si luego se lo lleva todo el alquiler” —prosigue Cirera— “el alquiler funciona como un mecanismo de extracción de rentas que se suma a la explotación laboral, y agrava la desigualdad y para muchos hogares, la pobreza”.

CGT exige tres medidas urgentes

El informe concluye destacando la insuficiente representatividad del IPC no solo para los hogares inquilinos, sino también para aquellos hipotecados, o que buscan acceder a la compra de su vivienda. Ante esta situación, el sindicato CGT señala que las actualizaciones salariales en base al IPC resultan insuficientes para garantizar el poder adquisitivo, y reivindica tres medidas fundamentales:

1. Un indicador oficial que refleje el coste real de la vivienda. El INE debe elaborar un indicador de inflación que pondere adecuadamente tanto la vivienda en alquiler como en propiedad, tal y como ya hacen organismos estadísticos de otros países.

2. Medidas políticas contundentes contra la especulación con la vivienda. Es urgente impulsar políticas que reduzcan el precio de la vivienda y avancen hacia su desmercantilización, impidiendo que funcione como un activo especulativo a costa del derecho a un hogar digno.

3. Subidas salariales que incluyan el coste real de la vivienda. Las cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos deben ir más allá del IPC oficial e incorporar la variación del precio de la vivienda para garantizar realmente el poder adquisitivo de la clase trabajadora.