La Mesa de Diálogo Social cuela en el cuarto acuerdo de las pensiones una medida cuyo objetivo es acortar las bajas de los trabajadores.
El Gobierno, los sindicatos CC OO, UGT y las patronales CEOE y Cepyme han pactado la privatización de las bajas comunes de origen traumático a través de las mutuas. Un retroceso para las trabajadoras y trabajadores del que solo ha alertado el sindicato vasco LAB. El cambio viene fraguándose desde hace dos años y se hizo público el 31 de julio, durante el anuncio de mejoras para el acceso a la jubilación anticipada. Pedro Sánchez utilizó la técnica comunicativa del sandwich —meter una cosa mala entre dos buenas— para resumir la medida en once palabras ante una sala de prensa casi vacía: “Lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas”. Se refería al punto 7 del acuerdo y su objetivo aparece en el texto: “Evitar la prolongación innecesaria de los procesos”. Es decir, acortar las bajas.
“Las mutuas son patronales empresariales que gestionan dinero público con intereses privados”, recuerda el responsable de salud laboral de LAB, Inko Iriarte, quien añade que acortar una baja no implica curar una lesión, sino incorporarse antes al trabajo. Según el acuerdo, los médicos de las mutuas podrán diagnosticar, tratar, rehabilitar e intervenir quirúrgicamente a las personas trabajadoras que hayan sufrido una lesión de origen traumático fuera del horario laboral. En un paseo en bicicleta el domingo, en un accidente de coche en agosto, en una caída por la ciudad tras un chaparrón.
Dado que esto supone una perversión del sistema público de salud, el acuerdo señala que “requiere el previo consentimiento informado del paciente”. No concreta si los médicos de cabecera saturados por las listas de espera tendrán prohibida utilizar la técnica del sandwich con pacientes con necesidades urgentes —“te harían un escáner esta misma semana, en la mutua, y recibirías una infiltración más rápido que en el hospital”—.
Las patronales deseaban este cambio gestado a dos bandas: de una parte, la patronal de las mutuas, Amat, con el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. De otra, las patronales CEOE y Cepyme con los sindicatos CC OO y UGT.
Fue LAB quien en marzo de 2023 advirtió a la prensa de que Escrivá estaba promoviendo el mayor intento de privatización de la salud pública de la población activa, gracias a la filtración de un documento firmado por el exministro y la patronal de las mutuas, al que tuvo acceso el sindicato vasco. Las mutuas querían gestionar todas las bajas, no solo las de origen traumático.
Dos meses después, CEOE, Cepyme, CC OO y UGT anunciaron que habían firmado el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un documento que conforma una especie de manual de instrucciones para la negociación colectiva. En él se insta a las “administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico”.
Este el mismo texto que aparece en el acuerdo firmado el pasado 31 de julio. Las bajas de origen traumático “son la gran parte del pastel”, señala Iriarte. Con el aval de CC OO y UGT, el Gobierno ha ratificado el texto en el acuerdo de las pensiones, sin pasarlo por el Congreso de los Diputados. Sin debate político ni social, aparte de anunciar la medida a las puertas de agosto.
Con el aval de CC OO y UGT, el Gobierno ha ratificado el texto en el acuerdo de las pensiones, sin pasarlo por el Congreso de los Diputados. Sin debate político ni social
El alcance del texto del AENC era la negociación colectiva, mientras que el alcance del acuerdo de Gobierno son las comunidades autónomas y la tarea prevista para los próximos meses es “promover la celebración de convenios de colaboración entre la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma, las mutuas y el INS”. El texto justifica la búsqueda de esta “cooperación” en la Recomendación 9 del Pacto de Toledo y el V AENC.
LAB reclama que ni la CAV ni Nafarroa suscriban el convenio
La petición actual de LAB es clara: que el Gobierno vasco y el Gobierno navarro no firmen dicho acuerdo. “Estamos viendo cómo las patronales, CC OO, UGT y el Gobierno están creando un sistema sanitario a dos tiempos: uno para la población activa y otro para jubilados, desempleados y la infancia, donde el primero persigue la productividad. Es una privatización por fascículos del sistema público”, alerta Inko Iriarte.
En mayo de 2022, agrega, LAB ya alertó de que el Sistema Vasco de Salud (Osakidetza), dependiente del PNV, había firmado con Mutualia un convenio para facilitar que el personal facultativo de las dos organizaciones puedan acceder de forma directa a los expedientes e historias clínicas de las personas que reciben asistencia en ambos servicios. Mediante ese convenio, y el uso de aplicaciones informáticas, el Gobierno vasco facilitó a las mutuas el acceso a las historias clínicas de sus pacientes para conocer antecedentes, tratamientos que estén recibiendo, analíticas, pruebas diagnósticas, información personal y sensible. Este convenio está en vigor y afecta a 420.000 trabajadores.
Debido a este acuerdo, Iriarte asegura que en el sindicato ya se han encontrado con casos de que un médico de la mutua objeta declarar una enfermedad profesional a un trabajador aduciendo que esa lesión proviene de una herida mal curada del pasado —un hueso roto en la infancia, un esguince en la adolescencia—.
Reunión mesa de diálogo social diciembre 2023 Elma Saiz
La mayoría de las empresas están asociadas a una mutua (alrededor del 90%). Las hay que deciden que las bajas laborales las gestione siempre la Seguridad Social. Los trabajadores de dichas empresas no se verán afectadas por el acuerdo impulsado por las patronales, ratificado primero por Comisiones y UGT y, luego, el Gobierno de Pedro Sánchez.
El bonus para bonificar las cotizaciones de las empresas
Además de incorporar esta medida, el acuerdo firmado el 31 de julio incluye otra que tampoco favorece a la clase trabajadora, sostiene Iriarte. Se trata del punto 8 y es la recuperación del Bonus decaído en 2019 para bonificar a las empresas que reduzcan la cifra de siniestralidad laboral. El responsable de salud laboral lo ejemplifica de forma clara: “Reducir una cifra no implica reducir la siniestralidad. Hasta abril, en la CAV habían acaecido 30.000 accidentes laborales, de los cuales 16.000 terminaron en bajas. A nadie se le escapa de que hay miles de accidentes que no se comunican, sobre todo los de botiquín, y enfermedades generadas por el trabajo que no se reconocen ni aceptan. En 2022, en la CAV solo se reconocieron cuatro casos de cáncer de origen laboral, cuando la OMS advierte de que el 30% de los cánceres en la sociedad tienen origen laboral”.
Valoración de CGT
Quim Garreta, jubilado afiliado a CGT que trabajó durante 48 años en entidades aseguradoras, valora el acuerdo negativamente: “Se trata de un paso más para derivar a pacientes a las mutuas vendiéndonos la moto de que seremos atendidos más rápidamente, cuando ese interés no es baladí, sino espurio, desean que la gente vuelva al trabajo para que el empresario obtenga una plusvalía, ya que las mutuas se rigen por los intereses de los empresarios, a pesar de que en gran medida estén financiadas por los Presupuestos Generales del Estado”.
La historia de las mutuas se remonta a 1900 y en los últimos treinta años han ido aumentando el número de gestiones que realizan: otorgar la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes (1996), las prestaciones de riesgo durante en el embarazo y riesgo durante la lactancia (2007), el cese de actividad de los trabajadores autónomos (2010) y la prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (2011), según indica Seguridad Social. Cuando no existía Sanidad Pública, los empresarios fueron obligados a crear mutuas.
Es el cuarto acuerdo en materia de pensiones
El texto firmado tiene el largo nombre de ‘Acuerdo social para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, para la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la pensión de las actividades con elevada peligrosidad y para el mayor aprovechamiento de los recursos de las mutuas con el fin de recuperar la salud de las personas trabajadoras’. Se trata del cuarto acuerdo en materia de pensiones firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el primero en materia de mutuas. Aporta una nueva regulación de la jubilación parcial y activa y aumenta la compatibilidad de empleo y pensión. También cambia coeficientes reductores para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas.
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