Convocada huelga indefinida en Indra Sistemas + Indra Minsait

 29 de Noviembre de 2024

Las secciones sindicales de CGT de las empresas de consultoría del Grupo INDRA, conocidas como Mintsait, anuncian que han convocado huelga en dichas empresas, a causa del descontento y malestar prolongado en el tiempo de las plantilla respecto a la precariedad que llevan sufriendo en relación a los salarios, siguiendo el mandato de las asambleas de la personas trabajadoras que se celebraron el pasado 18 de noviembre y que así lo decidieron.

La plantilla de INDRA, con más de 20.000 profesionales de una de las principales empresas tecnológicas de España, comenzó hace más de un año una serie de movilizaciones con el objetivo de recuperar su poder adquisitivo, que ha sido gravemente erosionado en los últimos años.

Desde enero de 2020 la variación del IPC alcanza ya más del 19%, mientras muy pocos y pocas profesionales han recibido aumentos salariales, y aún menos han obtenido subidas significativas.
Todo ello en un contexto empresarial con beneficios récord de Indra (incrementando sus ventas un 22% y un 40% de resultado neto en el primer trimestre del 2024, respecto del mismo período del 2023 y superando los 7.000 M€ de cartera de cierre de marzo 2024) y aumentando constantemente la retribución del Consejo Directivo de Indra. Además de haber comprado total o parcialmente 16 empresas en el mismo período.

A día de hoy, Indra es una multinacional extendida por todos los continentes con una expansión y unos beneficios desproporcionados en comparación a los salarios de su plantilla. Comienza un período de recesión económica a las puertas de la Revolución 4.0, donde el sector TIC está en alza y mejor valorado que nunca. Es por todo ello que  CGT exige y reivindica, recogiendo el sentir de la plantilla del Grupo MINSTAIT, el reconocimiento de los derecho laborales y mejoras salariales que refleje el incremento del coste de vida.

Por otro lado, indican que Indra utiliza complementos absorbibles para compensar cualquier subida salarial, lo que conlleva una congelación efectiva del sueldo que en muchos casos es perpetua.
La respuesta de Indra ante cualquier propuesta de negociación ha sido que ya existe una herramienta para aplicar subidas: el convenio sectorial, y que se ajustará exclusivamente al marco legal general.

En este punto cabe mencionar que las tablas salariales de las categorías profesionales en según que área, apenas pasan del SMI, y las diferencias entre ellas son unos miserables 80€ brutos anuales.
A lo que hay que añadir que el Convenio Sectorial de Consultorías y Estudios de Mercado apenas mejora el Estatuto de los Trabajadores y no supone una adaptación real de la situación del sector, siendo éste puntero en la economía mundial.

Ante la pasividad y desidia por parte de la empresa para buscar soluciones, en CGT se han visto con la responsabilidad de dar un paso más en las movilizaciones para encontrar una vía de negociación, y llegar a un acuerdo que suponga una mejora real en la vida de todos los trabajadores y trabajadoras de INDRA y por ende, de la clase trabajadora, abriéndose hacia un escenario de jornadas de huelga de 24 horas en todos los centros de España de grupo Minsait INDRA, la primera de las cuales será el 16 de Diciembre de 2024, sin descartar otras formas de paro que la platilla decida realizar.

Las empresas del grupo INDRA llamadas a la huelga son:
    
Indra Soluciones Tecnologías de la Información
Indra BPO
Indra BPO Servicios
Indra Gestión de Usuarios
Indra Producción de Software 
Indra Minsait Payment Solutions 

Que se suman a las jornadas de huelga por motivaciones similares ya en curso en el centro de trabajo de Torrejón de Ardoz de Indra Sistemas, otra de las empresas del grupo Indra.

VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA MACHISTA

 

Este próximo 25 de octubre, como cada día 25, volvemos a denunciar el terrorismo machista que nos asesina, denunciando y recordando el asesinato en el último mes de:

• Mujer de 74 años, en ses Salines (Baleares, Islas Baleares), el 25/09/2024.
• Irene Rodríguez, de 60 años, en As Neves (Pontevedra, Galicia), el 25/09/2024.
• Mari Nieves Gamarra, de 56 años, en Roquetas del Mar (Almería, Andalucía), el 04/10/2024.
• Fadoua Akkar, de 41 años, en Moaña (Pontevedra, Galicia), el 05/10/2024.
• Mainca (Mlinka), de 33 años, en Arroyo del Cuéllar (Segovia), el 17/10/2024.
• Hafsa, de 40 años, en La Mojonera (Almería, Andalucía), el 22/10/2024.

 

Y con ellas contamos ya 80 asesinatos machistas por ser mujer en este año, sumando ya 2014 feminicidios desde el 2003, además de a los menores asesinados este 2024 Noa B. y Xavi B., de 7 y 10 años, a una bebé de 16 días, a dos hermanas de 2 y de 4 años, a Ayax de 5 años, a los hermanos María y Yago, ambos de 8 años, y a otros dos hermanos, Hiba y Adam, de 3 y 8 años.

Violencia incrustada en esta sociedad patriarcal, terrorismo machista que asesina también a hijas e hijos, violencia interseccional que nos ataca doblemente por nuestra identidad, por nuestro género, por nuestra orientación sexual o por nuestro origen. Problema estructural que no distingue fronteras ni clases sociales, y se alimenta de la desigualdad y el silencio.

Violencia machista que no solo afecta a las mujeres; también daña a las familias, a las comunidades y a las futuras generaciones. La lucha es de todas, todos y todes, porque una sociedad que permite la violencia es una sociedad que nos falla a cada una y cada uno. No podemos seguir callando, no podemos normalizar el maltrato.

Desde CGT exigimos medidas de protección efectivas contra la violencia, especialmente contra la violencia vicaria. Exigimos la implementación de medidas específicas dirigidas a proteger a las víctimas de violencia vicaria, incluyendo proporcionar recursos y apoyo especializado a las madres y sus hijos e hijas, que garanticen su seguridad y bienestar en todo momento. Instamos a que se refuercen los protocolos de actuación en casos de violencia vicaria y se promueva una mayor sensibilización y formación en todos los niveles de la sociedad para prevenir y combatir este tipo de violencia. Es imperativo que se asignen los recursos financieros adecuados para poner en marcha estas medidas y que se garantice su aplicación efectiva en consonancia con las leyes existentes, incluyendo la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Que se desarrollen nuevas medidas de protección, acordes al Convenio de Estambul y a la Agenda 2030, convirtiéndose así de manera real y efectiva en un sistema integral de protección que erradique cualquier forma de violencia, especialmente la violencia machista, presente no solo en el ámbito doméstico, sino en las calles, en los centros de trabajo, en el sistema educativo, etc, sea combatida de manera real y efectiva.

Secretaría de la Mujer

El despido disciplinario ya no podrá ser inmediato

 El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia trascendental que modifica su propia doctrina sobre la ejecución del despido disciplinario, estableciendo ahora la obligatoriedad de ofrecer una audiencia previa a la persona trabajadora antes de proceder a su despido. Con base en una interpretación actualizada del artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España en 1985, la Sala confirma que la persona trabajadora debe tener la oportunidad de defenderse de los cargos formulados en su contra antes de que se tome y comunique la decisión de despido.

En el caso analizado, un profesor de una institución educativa fue despedido por conductas inapropiadas hacia sus alumnas. La entidad empleadora no ofreció al trabajador trámite alguno de audiencia previa antes su despido, circunstancia que fue obviada por el Juzgado de lo Social, pero a la que sí dio entrada el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, al declarar la improcedencia del despido por este defecto formal. La entidad empleadora recurrió la sentencia ante el TS, argumentando que la normativa española, según la jurisprudencia consolidada del TS, no exige una audiencia previa en todos los casos de despido disciplinario.

El TS, en su sentencia de 18 de noviembre de 2024, dictada por el Pleno de la Sala 4ª, ha rectificado su doctrina anterior y ha establecido que el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT es de aplicación directa en el ordenamiento jurídico español. Este artículo regula que "no deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad".

La sentencia del TS parte de que esta disposición forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno desde su ratificación y subraya que es suficientemente clara y concreta para ser aplicada directamente, sin necesidad de un desarrollo normativo adicional. Además, el Tribunal aclara que la audiencia previa no puede ser sustituida por otros mecanismos de defensa posteriores al despido, como el trámite de conciliación previa o la impugnación judicial de la medida extintiva.

No obstante, en relación con el caso concreto enjuiciado, el Tribunal considera que el trámite no se ha incumplido dado que la jurisprudencia anterior no exigía la citada audiencia previa, habiendo actuado, por tanto, la empleadora conforme a esa doctrina. Esta suerte de irretroactividad del nuevo criterio del TS salva así a todos los despidos acometidos antes de la publicación de la sentencia.

Este pronunciamiento judicial tiene un impacto significativo para las empresas en España, ya que impone una nueva obligación en el procedimiento de despido disciplinario, que podría introducir una demora en la efectividad de este y, cuyas vicisitudes habrá que gestionar. A partir de ahora, las empresas deberán asegurarse de ofrecer una audiencia previa a la persona trabajadora, que cumpla con la finalidad de informarle de los cargos en su contra y de darle la oportunidad de defenderse, antes de proceder a su despido por motivos disciplinarios.

El incumplimiento de esta obligación podría comprometer la procedencia del despido disciplinario, a pesar de estar basado en hechos viables y acreditables de una infracción laboral de la persona trabajadora, con las consecuencias legales y económicas que ello conlleva.

Por tanto, es crucial que las empresas revisen y, en su caso, modifiquen sus procedimientos internos de despido para cumplir con esta nueva exigencia y evitar posibles litigios y frustraciones, especialmente porque cada despido es distinto y requiere de un análisis específico y pormenorizado para decidir cómo gestionarlo.

Más información en https://www.cuatrecasas.com/

¿Negociación del convenio colectivo? Otra nueva farsa

 

Suponemos que ya sabéis que actualmente se está negociando nuestro convenio colectivo, y que sería el número XIX.

Desde el día 23 de abril está constituida la mesa de negociación, y que, según la representatividad de cada sindicato en el sector, quedó repartida de la siguiente manera:

Composición de la Representación Sindical en la Mesa (15): CCOO (7), UGT (5), CIG (1), ELA (1) y LAB (1).

CGT no está presente en la mesa de negociación al no tener el mínimo del 10% de la representación sindical (entre delegados de personal y miembros de comités de empresa) en el ámbito nacional, que es donde se negocia el convenio.

En estos 6 meses, se han realizado 4 reuniones de la mesa de negociación (30 de mayo, 24 de junio, 17 de septiembre y el 23 de octubre) con las patronales AEC y ANIMES. La próxima será el 4 de diciembre. La voluntad de las partes es firmar el convenio antes del 1 de enero de 2025, que es cuando agotará la vigencia del actual convenio.

No vamos a entrar en las propuestas de cada uno de los sindicatos (Incrementos salariales, eliminación de la absorción, actualización importes del teletrabajo y dietas, regulación de guardias, turnos, nocturnidad, etc.) ya que los diferentes sindicatos presentes en la mesa ya están informando de ello y los podéis encontrar indagando un poco en la web.

Nos queremos enfocar en el fondo de estas negociaciones.

Se han firmado ya 18 convenios y lo que tenemos actualmente es un convenio de mínimos muy mínimos, con tablas salariales muy por debajo de la realidad del sector (incluso por debajo del SMI), con condiciones laborales (jornadas y horarios, permisos, vacaciones, formación, etc.) que las comparas con otros convenios y dan vergüenza ajena, y que no aportan casi nada a lo que ya establece el Estatuto de los Trabajadores. Vamos, que en todas las negociaciones anteriores los sindicatos mayoritarios se conforman con firmar las mismas condiciones que se regulan en el Estatuto de los Trabajadores.

Pues bien, parece que esta negociación va por el mismo camino. ¿Por qué decimos esto? Si leemos los comunicados que están lanzando sobre la negociación, que por lo que se ve, son la única medida de presión que utilizan frente a la patronal. En ellos usan expresiones como, “reparto más justo”, “adaptación del texto vigente a la realidad de las TIC”, “déjà vu”, “pérdida de tiempo”, “exigimos una clara recuperación de poder adquisitivo por encima del IPC”, o las más duras todas al estilo Clint Eastwood, “hace falta ser cínicos (la patronal)” y “o se regula todo, o no regulamos nada”. Y en el último de UGT concluye con su solución a todo esto “(En) UGT esperamos seguir mejorando las condiciones de este convenio y contar con vuestro apoyo y complicidad. Para ello, se hace necesario aumentar el peso de nuestra organización en la Mesa del Convenio.” Este último párrafo habla a las claras cuál es su principal pretensión y su mayor interés. De movilizaciones, paros, huelgas, ni mu.

Tal y como está ahora la negociación, creemos que la parte sindical tiene dos opciones:

1. Hacer lo de siempre. Que UGT y CCOO firmen otra mierda de convenio y cubrir el expediente, diciendo que la patronal es “mu mala” y no quiere negociar, y que no tenían más remedio que firmar para que no perdamos poder adquisitivo (jajaja), y a otra cosa mariposa.
2. Organizarse y trabajar para realizar acciones de presión contundentes, movilizar al sector y realizar paros y huelgas, que es la única medida que va a hacer cambiar la posición de la patronal.

Suponemos, tal y como han ido las anteriores 18 negociaciones, optarán por la opción 1, ya que es la opción más cómoda, porque la 2 necesita de mucho trabajo y no solo mandar comunicados.

Tal y como va la negociación, CGT no tiene casi ninguna esperanza, por no decir ninguna, en este nuevo convenio, por lo que seguiremos por nuestra opción de seguir tomando decisiones y medidas arriesgadas, ser combativos y luchar en nuestra propia empresa para lograr mejoras, tanto salariales, como de condiciones de trabajo, tal y como hemos demostrado este último año.

La huelga y las movilizaciones son la única arma que tenemos las personas trabajadoras para mejorar nuestras condiciones laborales. Se ha demostrado con creces a lo largo de la historia y hasta que estos sindicatos no se pongan a trabajar en ello, porque saberlo, lo saben de sobra, nuestro convenio colectivo seguirá siendo una vergüenza.

Esperamos equivocarnos, el tiempo dirá…

Información adicional

Por qué CC.OO. y UGT son quienes firman casi todos los convenios sectoriales.

https://elpicador.org/convenio/negociacion-del-convenio-colectivo-otra-nueva-farsa/

CGT denuncia a Carlos Mazón por múltiples delitos contra los derechos de los trabajadores

El sindicato libertario presenta un escrito a la Fiscalía Provincial de Valencia y acusa al presidente de la Generalitat valenciana de no haber adoptado medidas para evitar la muerte o desaparición de cientos de personas.

 La Confederación General del Trabajo (CGT) del País Valenciá presentó este 4 de noviembre ante la Fiscalía Provincial de Valencia un escrito contra el presidente de la Generalidad valenciana, Carlos Mazón. En el documento de 19 páginas al que ha tenido acceso la Directa se detallan todas las alertas previas publicadas por la Agencia Estatal de Meteorología y por la Confederación Hidrográfica del Júcar en las que se informaba de la llegada de “lluvias de intensidad torrencial” con “crecidas e inundaciones”, y en las que se hablaba textualmente de que “el peligro es extremo”. No sólo eso, sino que a las 17.35h se advertía, en relación con el caudal del río Magro, que se podían  “producir desbordamientos generalizados en las áreas cercanas al río“ a la vez que aconsejaba ”el alejamiento de la población de las zonas cercanas al río”.

En paralelo a la situación de alerta, el presidente Mazón hacía unas declaraciones a los medios de comunicación que minimizaban el riesgo, afirmando que “dado que los embalses están por debajo de su capacidad”

En el escrito, se explica que en paralelo a la situación de alerta, el presidente Mazón hacía unas declaraciones a los medios de comunicación que minimizaban el riesgo, afirmando que “dado que los embalses están por debajo de su capacidad, acumulan el agua sin problemas. No existe ninguna alerta hidrológica, lo que es buena noticia”. Además, tras la comparecencia, difundió un tuit que después borró, en el que decía que la previsión era que el episodio finalizara a las 18h.

“Desde CGT, después de analizar los hechos cronológicamente, creemos que ha habido una clara negligencia por parte de la administración, y en concreto de su jefe, Carlos Mazón, que con su actuación, o falta de ella, por retrasar el aviso a la ciudadanía, ha provocado cientos de muertes, entre ellas muchísimas personas trabajadoras que han muerto en sus centros de trabajo o in itinere”, asegura el secretario general de CGT Juan Ramón Ferrandis. El hecho de que decenas de los cuerpos localizados o de personas desaparecidas se estuvieran desplazando para ir o volver de sus puestos de trabajo a centros comerciales, polígonos industriales o establecimientos de restauración es uno de los extremos que se destaca en el escrito presentado a la Fiscalía.

“Retrasar el aviso a la ciudadanía, ha provocado cientos de muertes, entre ellas muchísimas personas trabajadoras que han muerto en sus centros de trabajo o in itinere”, asegura el secretario general de la CGT valenciana, Juan Ramón Ferrandis

Este martes al mediodía, los secretarios generales del sindicato en la capital y en la Comunidad Valenciana, Juan Miguel Font y Juan Ramón Ferrandis, y el abogado de su gabinete jurídico Rafa Marco, está prevista una rueda de prensa para presentar los detalles de la demanda. En el escrito detallan los incumplimientos de los artículos de 316 y siguientes del Código Penal que atribuyen a Mazón, y concretan las penas de prisión y multa asociadas.

“La conducta del Presidente de la Generalitat generó un grave peligro”, aseveran, y le atribuyen una intervención relevante “en la negligencia de la administración autonómica”. Por ello, solicitan a la Fiscalía la incoación de Diligencia Informativas “en averiguación de los hechos y determinación de las personas criminalmente responsables”, apuntan a que “habrá que practicar los actos de investigación que se consideren más oportunos” y finalmente la formulación de “querella en caso de derivarse de la investigación la comisión de uno o varios delitos”.

 

Más información en https://www.elsaltodiario.com/

 

Los trabajadores deberán informar de su baja aunque no tengan que entregar el parte médico

Varias sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia señalan que hay que atender al convenio colectivo.

Desde el 1 de enero de 2023 y con la entrada en vigor del Real Decreto 1060/2022 los trabajadores acabaron con la obligación de tener que entregar el parte por incapacidad temporal (IT) durante los primeros 365 días de la baja médica. A partir de esa fecha, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las Mutuas colaboradoras y los Servicios Públicos de Salud son los encargados de enviar el parte médico a las empresas y de informar si la incapacidad temporal se extiende. El objetivo de esta medida es la de agilizar los trámites vinculados a la incapacidad temporal, al mismo tiempo que se reduce la carga burocrática que anteriormente recaía en los trabajadores.

Aunque la normativa es clara, hay un ajuste que genera confusión, ¿debe el trabajador informar a su empresa de la baja médica, aunque ya no tenga la obligación de entregar el parte médico? Esto ha generado dudas entre los trabajadores, ya que tanto el Real Decreto 1060/2022 como la Orden ISM/2/2023, no aclaran específicamente esta duda. La falta de claridad ha llevado a que tenga que ser resuelta en los tribunales.

Depende del convenio colectivo

Aunque varias sentencias no aclaran este hecho, sí que se puede mencionar un fallo publicado por la Audiencia Nacional, que involucraba a la empresa de Contact Center Unísono. Por un lado, la compañía defendía que, según el III Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact Center, la falta de notificación previa de una ausencia constituye una infracción leve. A partir de este argumento, la empresa consideraba que sus empleados debían informar sobre su incapacidad temporal. Tras estudiar el caso, la Audiencia concluyó que, aunque el Real Decreto suprime la obligación de entregar el parte de baja médica, esto no exime a los trabajadores de la responsabilidad de avisar a su empleador cuando estén de baja, si así lo establece el convenio colectivo. Por lo que la omisión de este aviso podría acabar en sanciones conforme a lo estipulado en el convenio.

Por otro lado, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, emitida el 26 de julio de 2024, refuerza esta posición. En un caso donde una trabajadora fue despedida de manera disciplinaria por no justificar varias ausencias durante una incapacidad temporal, el tribunal determinó que la empleada no informó a la empresa de la prórroga de su baja después de que la mutua anulase el alta médica. Pese a recibir un burofax solicitando su reincorporación o la justificación de su ausencia, la trabajadora no comunicó la situación, lo que motivó su despido. Aunque la afectada alegó que el despido era nulo por discriminación, tanto el Juzgado de lo Social como el TSJ de Asturias rechazaron esta demanda, reconociendo únicamente la improcedencia del despido.

Por todo, y aunque el RD 1060/2022 elimine la obligación de entregar copia de la baja médica, la recomendación es consultar qué dice el convenio colectivo de cada trabajador.

Noticiastrabajo

26 de octubre: Unámonos en defensa de las pensiones.

 

LA CGT, conjuntamente con todas las plataformas de pensionistas, saldrá a la calle el 26 de octubre de 2024, para defender nuestro Sistema Público de Pensiones, ante las políticas privatizadoras de la clase política y los agentes sociales CEOE, CC.OO y UGT.

Las fuerzas políticas y sociales han consensuado y apoyado la hoja de ruta del Pacto de Toledo, que, en vez de garantizar y perfeccionar los niveles de bienestar de la ciudadanía, su único interés es centrarse en la problemática de la financiación de la Seguridad Social. Desde la primera gran “contra reforma del 85 del siglo pasado” hasta la última consensuada con los agentes sociales en julio de 2024, no han logrado mejorar los requisitos y cuantías económicas de los pensionistas en general y, por el contrario, aseguran un marco legislativo adecuado a un mercado de trabajo competitivo y adecuado a los intereses empresariales.

La jubilación “ordinaria” no solo se ha retrasado, sino que se ha endurecido debido a las condiciones del mercado de trabajo que se hicieron estructurales desde la década de los 90 del siglo pasado, que exige más años de cotización para acceder a los 65 años y para poder obtener el 100 por 100 de la base reguladora. En cada reforma de pensiones han ido paulatinamente aumentando los años para el cálculo de la pensión de jubilación (nacidos posteriores al año 1975 -27 años- los anteriores -25 años-), y empeorando sensiblemente la jubilación anticipada.

Si a la vez se fomenta, como lo hace la ley de los agentes sociales del 2021, el retraso de la jubilación incentivando cada vez más la jubilación demorada y se mercantiliza (dinero, dinero, dinero…) la incongruencia en cuanto a jubilarse en la franja de los 60 años, está servida. Al Empresariado se le sirve unas condiciones para seguir con la explotación de manera coherente y volver más competitivas a sus empresas.

Poner en marcha en los sectores, a través de la negociación Colectiva con los agentes sociales CC.OO y UGT, los Planes de Pensiones Privados, no es sino la penúltima vuelta de tuerca al Sistema Público de Pensiones y la victoria clara del capital financiero y el empresariado donde una parte de dichas pensiones se sufraga con las subidas salariales de las personas trabajadoras, para mercantilizar el derecho colectivo a Pensiones suficientes y dignas.

Con la última reforma que verá la “luz del Decreto” en breve, nos encontramos con una puesta en escena “populista” y además a la baja, donde no se recuperan derechos esenciales y fundamentales de las personas trabajadoras que tienen que ver con sus posibilidades de acceder a la jubilación a la edad de 60 años como forma generalizada y para aquellos sectores con penosidad, peligrosidad o altos riesgo de accidentabilidad, reducir la edad de jubilación de manera sensible a través de coeficientes reductores adecuados a sus trabajos y no con un nuevo procedimiento de coeficientes reductores farragoso y selectivo.

Dignificar el trabajo asalariado y reducir seriamente los años de trabajo para acceder a una jubilación con pensión digna, que se acerque al 100% del último salario regulador y siempre por encima del 60% del Salario medio, es una cuestión de justicia social y es un derecho fundamental para todas las personas trabajadoras.

Otorgar al empresariado más poder y control del trabajo y la salud de las personas trabajadoras a través de las Mutuas Patronales; mercantilizar la permanencia en el empleo; no recuperar derechos en las jubilaciones anticipadas, a la vez que no poner en marcha ya la reducción de los coeficientes reductores de manera seria en todas las actividades penosas, peligrosas y de alta precariedad, no deja de ser sino, cumplir con aquella máxima establecida en la CE que dice: «Los agentes sociales deben ser funcionales para la economía…” . Y esto si lo hacen muy bien con los dos gobiernos más progresistas de la historia, donde la economía empresarial, especialmente de las grandes corporaciones y multinacionales de la energía, telecomunicaciones, financieras, llevan más de seis años “haciendo el agosto” a costa de los derechos públicos de todos y todas (empleo, vivienda, educación, cuidados, salud, movilidad, crédito-dinero, etc.).

CGT al igual que los distintos movimientos de pensionistas sigue trabajando y peleando por derechos esenciales y posibles para toda la clase trabajadora: salarios adecuados; jubilación generalizada a los 60 años; período de cómputo de los mejores 15 años de cotización y eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas con 40 años cotizados y en todas aquellas actividades penosas, peligrosas y precarias reducir sensiblemente su edad de jubilación con todos los derechos; la vigilancia y defensa de la Salud de las personas trabajadoras a través de nuestro Sistema de Salud Pública y pensiones para todos y todas que se acerque al 100 por cien del último salario regulador y terminar con la brecha de género tanto en el trabajo asalariado como en la pensión.

Esto hoy es posible (existen recursos suficientes) si las clases asalariadas nos ponemos manos a la obra, nos movilizamos y obligamos a un reparto de la riqueza y de los trabajos, (todos, incluidos el de cuidados).

¡Unámonos toda la clase trabajadora en defensa de nuestras pensiones!

 

Turnos y disponibilidades: Ojo al firmar acuerdos individuales con la empresa sin asesorarse

 

Parece que la empresa se está especializando en sugerir la firma de  acuerdos individuales en algunos proyectos y que muchas personas los están firmando sin saber muy bien lo que implica. En este caso, relacionados con la realización de turnos fuera del horario habitual y con las disponibilidades.

Por un lado la empresa, está coaccionando a los trabajadores para que firmen de manera casi inmediata, sin tiempo a que puedan consultar lo que están firmando. Amenazando con que no se van a cobrar los turnos si no se firman, etc. Lo que está haciendo es ‘’negociar’’ con los trabajadores uno a uno,  con una relación de poder totalmente asimétrica, por lo que está imponiendo condiciones leoninas en algunos contratos que hemos podido ver. Esto para nosotros podría ser una vulneración del derecho a la negociación colectiva y estamos consultando con nuestro gabinete jurídico al respecto.

Por otro lado y no menos importante y como ya recordamos en otro comunicado, queremos reafirmar y recalcar que como persona trabajadora de esta compañía sólo estás obligado a cumplir el contrato que firmaste al entrar y los acuerdos colectivos firmados por la RLPT (Representantes legales de las personas trabajadoras) que deben estar colgados en la Intranet de la empresa.

Cualquier otro tipo de acuerdo que te “inviten” a firmar es voluntario. La firma de un acuerdo que luego se anexa a tu contrato supone que luego tendrás que cumplirlo en los proyectos que estés a futuro si así te lo requieren, y muchas veces a costa de tu salud por problemas relacionados con ansiedad y depresión, sin apenas alguna compensación.

¿Alguien cree que va a heredar la empresa y le van a reconocer los esfuerzos realizados? Si la respuesta es sí, se equivoca, y sino que vea los despidos realizados por la compañía la semana pasada, y que lleva realizando a lo largo del año y el resto de años pasados.

Así que, os pedimos que no firméis nada sin consultarlo previamente con el sindicato que queráis o con alguna persona de vuestra confianza que os pueda asesorar.

Nueva ronda de despidos en Capgemini

 

Justo 3 meses después de la última tanda de despidos que tuvo lugar a comienzos del verano, Capgemini vuelve a sus despidos trimestrales.

 

De momento los afectados han sido 6 compañeros en Madrid y uno en Barcelona. Como ya sabemos, estos despidos no serán los últimos y probablemente durante los próximos días procederán a despedir hasta el máximo que les permite la ley, hasta 30 personas.

 

A pesar de los despidos que continuamente realiza la compañía y de los criterios con los que los realiza, devaluar salarios principalmente , seguirán presumiendo o pagando para salir en los periódicos, para considerarse según ellos, de las empresas más atractivas para trabajar, de las más éticas del mundo entero, inclusivas y todo tipo de términos que se les ocurran o que estén de moda: Qué se lo digan a los compañeros y a las familias de los que acaban de despedir, o a todos sus trabajadores que cada trimestre tenemos la incertidumbre de que nos toque a nosotros y nos pongan de patitas en la calle.

 

Sin duda alguna, no parece la mejor forma de atraer talento, o motivar y concienciar a la plantilla. 

 

Nosotros seguiremos demostrando a la empresa nuestra repulsa por estos despidos indiscriminados con las acciones que consideremos, aunque luego se escandalice la empresa y nos acuse de todos sus males.

 

En cuanto a los compañeros que resulten afectados os recomendamos solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores y firmar como NO CONFORME.

 

Y como comentamos hace poco, el tribunal europeo se ha pronunciado sobre este tipo de despidos, por lo que animamos a todos los afectados a denunciar a la empresa.

27S – Huelga General por Palestina

Desde que se recrudeció la masacre en Gaza por parte de Israel, hemos sido testigos de multitud de actos, manifestaciones, acampadas… en solidaridad con el pueblo palestino.

La actuación, tanto del gobierno actual como de los gobiernos anteriores, está siendo vergonzosa; no se han aplicado sanciones de ningún tipo al comercio con el Estado sionista al igual que se ha intensificado la compraventa de armamento a Israel. El reconocimiento del Estado Palestino por parte del actual gobierno no deja de ser un acto simbólico cuyo fin es desmovilizar las diferentes acciones sindicales y sociales retrasando así la implantación de medidas reales.

Desde CGT exigimos al gobierno español la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel, el reconocimiento y amparo del derecho de retorno a todas las personas palestinas refugiadas y que se implementen todas las medidas necesarias que conduzcan al fin de la ocupación del Estado sionista de Israel. Contra la complicidad de nuestras instituciones y gobiernos y atendiendo a la llamada de las trabajadoras y trabajadores palestinos convocamos una jornada de lucha y huelga general el día 27 de septiembre.

Casi 200 organizaciones se han sumado a esta Huelga General. Súmate para parar el 27 de septiembre por Palestina

 

POR LA REDISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO INVIRTAMOS EN VIDA Y NO EN ARMAS

¡VIVA PALESTINA LIBRE!

Comunicado conjunto: Incremento salarial anual de Sogeti 2019. Fin de la negociación.

 

Después de meses de negociaciones entre la empresa y las secciones sindicales de Capgemini, la compañía y los sindicatos CCOO, CSIF y RSTIC han llegado a un acuerdo para modificar el cálculo del aumento salarial anual para el colectivo Sogeti 2019. La nueva fórmula, si bien parece similar a la actual, tiene un peor diferencial que el anterior, por lo que queríamos añadir una condición que garantizara un aumento mínimo vinculado al IPC, lo mismo o muy parecido a lo que ya existe en Capgemini para dicho colectivo de trabajadores de Sogeti, los subrogados en el 2010. Además, deja en una situación de indefensión al colectivo, ya que el GOP al que se hace referencia para su aumento anual no se audita y podría ser manipulado según le interese a la empresa. Por ese motivo, toda la RLPT excepto CCOO, como ya se informó al colectivo, proponíamos utilizar el GOP de Capgemini, el cual es auditable y se deposita anualmente en el registro mercantil. La unidad sindical obligó a la empresa a mejorar su propuesta inicial, aunque sin las garantías mínimas que la RLPT exigía. Ante este movimiento de la empresa, CCOO se apresuró a situarse del lado de la compañía y tanto el nuevo CSIF como RSTIC, ahora en Capgemini, han cambiado su postura inicial para finalmente posicionarse con la empresa junto a CCOO. Desde UGT, CO.BAS, INTERSINDICAL, USO y CGT hemos considerado que sin ese blindaje asociado al IPC no se garantiza que los aumentos de Sogeti 2019 no disminuyan en el futuro, por lo que hemos decidido no firmar este acuerdo. También denunciamos que los sindicatos firmantes no incluyan como condición la necesidad de que la plantilla afectada de Sogeti 2019 ratifique o no el acuerdo en referéndum, tal y como se ha hecho en ocasiones anteriores.

¿Despediría Capgemini lo mismo si tuviera que pagar más por los despidos?

 

Esta pregunta nos viene a raíz de la sentencia Europea que este año se ha publicado en diversos medios, que dice que en España la indemnización por despido improcedente no cumple la Carta Social Europea (CSE) y que debería ser superior y no estar topada para desincentivar los despidos.

 

Como la mayoría de la gente sabe, en el año 2012 se hizo una reforma laboral que, entre otras cosas, rebajo la indemnización de 45 días a 33 días y rebajó el número de mensualidades de 42 a 24, además de eliminar el salario de tramitación y facilitar los motivos de despido, vamos, lo que se dice un chollo para los empresaurios, pero vulnerando la legislación internacional sobre esta cuestión.

 

Como España ratificó en el 2021 la Carta Social Europea, el sindicato UGT denunció a España en el 2022 y la resolución fue que los tribunales españoles deben cumplir la legislación europea, ya que esta prevalece sobre la española.

 

Pero nos tememos que, como otras legislaciones europeas, en España se las están pasando por donde todas las personas sabemos.

 

Esto permite a empresas como Capgemini despedir cada 3 meses 30 personas, sin tener en cuenta las circunstancias personales de ellas, ya que como recoge la CSE no es lo mismo una persona joven que una persona próxima a la edad de jubilación, está claro que despedir de forma improcedente es suficientemente barato para seguir realizándolo.

 

Para desincentivar estos despidos, la CSE recoge que habría que sumar a la indemnización tasada, una adicional que cubra los daños derivados de quedarse sin su puesto de trabajo.

 

¿Hay alguna manera de evitar que se incumpla la legislación Internacional?

 

Desde este sindicato pensamos que la única manera es que la gente que sea despedida denuncie estás prácticas, sabemos que esto implicaría juicios que se prolongan en el tiempo, pero sino se hace nada, se seguirán saliendo con la suya incumpliendo las normativas que dicen acatar.

 

Nuestro objetivo es la conservación de los puestos de trabajo, y que si la empresa decide despedir como única manera de gestionar la plantilla, que el aumento del coste del despido les desincentive a cometerlo.

Gobierno, CCOO, UGT y patronal pactan privatizar las bajas comunes de origen traumático a través de las mutuas

La Mesa de Diálogo Social cuela en el cuarto acuerdo de las pensiones una medida cuyo objetivo es acortar las bajas de los trabajadores.

El Gobierno, los sindicatos CC OO, UGT y las patronales CEOE y Cepyme han pactado la privatización de las bajas comunes de origen traumático a través de las mutuas. Un retroceso para las trabajadoras y trabajadores del que solo ha alertado el sindicato vasco LAB. El cambio viene fraguándose desde hace dos años y se hizo público el 31 de julio, durante el anuncio de mejoras para el acceso a la jubilación anticipada. Pedro Sánchez utilizó la técnica comunicativa del sandwich —meter una cosa mala entre dos buenas— para resumir la medida en once palabras ante una sala de prensa casi vacía: “Lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas”. Se refería al punto 7 del acuerdo y su objetivo aparece en el texto: “Evitar la prolongación innecesaria de los procesos”. Es decir, acortar las bajas.

“Las mutuas son patronales empresariales que gestionan dinero público con intereses privados”, recuerda el responsable de salud laboral de LAB, Inko Iriarte, quien añade que acortar una baja no implica curar una lesión, sino incorporarse antes al trabajo. Según el acuerdo, los médicos de las mutuas podrán diagnosticar, tratar, rehabilitar e intervenir quirúrgicamente a las personas trabajadoras que hayan sufrido una lesión de origen traumático fuera del horario laboral. En un paseo en bicicleta el domingo, en un accidente de coche en agosto, en una caída por la ciudad tras un chaparrón. 

Dado que esto supone una perversión del sistema público de salud, el acuerdo señala que “requiere el previo consentimiento informado del paciente”. No concreta si los médicos de cabecera saturados por las listas de espera tendrán prohibida utilizar la técnica del sandwich con pacientes con necesidades urgentes —“te harían un escáner esta misma semana, en la mutua, y recibirías una infiltración más rápido que en el hospital”—. 

Las patronales deseaban este cambio gestado a dos bandas: de una parte, la patronal de las mutuas, Amat, con el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. De otra, las patronales CEOE y Cepyme con los sindicatos CC OO y UGT. 

Fue LAB quien en marzo de 2023 advirtió a la prensa de que Escrivá estaba promoviendo el mayor intento de privatización de la salud pública de la población activa, gracias a la filtración de un documento firmado por el exministro y la patronal de las mutuas, al que tuvo acceso el sindicato vasco. Las mutuas querían gestionar todas las bajas, no solo las de origen traumático. 

Dos meses después, CEOE, Cepyme, CC OO y UGT anunciaron que habían firmado el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un documento que conforma una especie de manual de instrucciones para la negociación colectiva. En él se insta a las “administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico”.

Este el mismo texto que aparece en el acuerdo firmado el pasado 31 de julio. Las bajas de origen traumático “son la gran parte del pastel”, señala Iriarte. Con el aval de CC OO y UGT, el Gobierno ha ratificado el texto en el acuerdo de las pensiones, sin pasarlo por el Congreso de los Diputados. Sin debate político ni social, aparte de anunciar la medida a las puertas de agosto.

Con el aval de CC OO y UGT, el Gobierno ha ratificado el texto en el acuerdo de las pensiones, sin pasarlo por el Congreso de los Diputados. Sin debate político ni social

El alcance del texto del AENC era la negociación colectiva, mientras que el alcance del acuerdo de Gobierno son las comunidades autónomas y la tarea prevista para los próximos meses es “promover la celebración de convenios de colaboración entre la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma, las mutuas y el INS”. El texto justifica la búsqueda de esta “cooperación” en la Recomendación 9 del Pacto de Toledo y el V AENC.

LAB reclama que ni la CAV ni Nafarroa suscriban el convenio

La petición actual de LAB es clara: que el Gobierno vasco y el Gobierno navarro no firmen dicho acuerdo. “Estamos viendo cómo las patronales, CC OO, UGT y el Gobierno están creando un sistema sanitario a dos tiempos: uno para la población activa y otro para jubilados, desempleados y la infancia, donde el primero persigue la productividad. Es una privatización por fascículos del sistema público”, alerta Inko Iriarte. 

En mayo de 2022, agrega, LAB ya alertó de que el Sistema Vasco de Salud (Osakidetza), dependiente del PNV, había firmado con Mutualia un convenio para facilitar que el personal facultativo de las dos organizaciones puedan acceder de forma directa a los expedientes e historias clínicas de las personas que reciben asistencia en ambos servicios. Mediante ese convenio, y el uso de aplicaciones informáticas, el Gobierno vasco facilitó a las mutuas el acceso a las historias clínicas de sus pacientes para conocer antecedentes, tratamientos que estén recibiendo, analíticas, pruebas diagnósticas, información personal y sensible. Este convenio está en vigor y afecta a 420.000 trabajadores. 

Debido a este acuerdo, Iriarte asegura que en el sindicato ya se han encontrado con casos de que un médico de la mutua objeta declarar una enfermedad profesional a un trabajador aduciendo que esa lesión proviene de una herida mal curada del pasado —un hueso roto en la infancia, un esguince en la adolescencia—. 

Reunión mesa de diálogo social diciembre 2023 Elma Saiz

La mayoría de las empresas están asociadas a una mutua (alrededor del 90%). Las hay que deciden que las bajas laborales las gestione siempre la Seguridad Social. Los trabajadores de dichas empresas no se verán afectadas por el acuerdo impulsado por las patronales, ratificado primero por Comisiones y UGT y, luego, el Gobierno de Pedro Sánchez.

El bonus para bonificar las cotizaciones de las empresas

Además de incorporar esta medida, el acuerdo firmado el 31 de julio incluye otra que tampoco favorece a la clase trabajadora, sostiene Iriarte. Se trata del punto 8 y es la recuperación del Bonus decaído en 2019 para bonificar a las empresas que reduzcan la cifra de siniestralidad laboral. El responsable de salud laboral lo ejemplifica de forma clara: “Reducir una cifra no implica reducir la siniestralidad. Hasta abril, en la CAV habían acaecido 30.000 accidentes laborales, de los cuales 16.000 terminaron en bajas. A nadie se le escapa de que hay miles de accidentes que no se comunican, sobre todo los de botiquín, y enfermedades generadas por el trabajo que no se reconocen ni aceptan. En 2022, en la CAV solo se reconocieron cuatro casos de cáncer de origen laboral, cuando la OMS advierte de que el 30% de los cánceres en la sociedad tienen origen laboral”.

Valoración de CGT

Quim Garreta, jubilado afiliado a CGT que trabajó durante 48 años en entidades aseguradoras, valora el acuerdo negativamente: “Se trata de un paso más para derivar a pacientes a las mutuas vendiéndonos la moto de que seremos atendidos más rápidamente, cuando ese interés no es baladí, sino espurio, desean que la gente vuelva al trabajo para que el empresario obtenga una plusvalía, ya que las mutuas se rigen por los intereses de los empresarios, a pesar de que en gran medida estén financiadas por los Presupuestos Generales del Estado”. 

La historia de las mutuas se remonta a 1900 y en los últimos treinta años han ido aumentando el número de gestiones que realizan: otorgar la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes (1996), las prestaciones de riesgo durante en el embarazo y riesgo durante la lactancia (2007), el cese de actividad de los trabajadores autónomos (2010) y la prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (2011), según indica Seguridad Social. Cuando no existía Sanidad Pública, los empresarios fueron obligados a crear mutuas.

Es el cuarto acuerdo en materia de pensiones

El texto firmado tiene el largo nombre de ‘Acuerdo social para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, para la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la pensión de las actividades con elevada peligrosidad y para el mayor aprovechamiento de los recursos de las mutuas con el fin de recuperar la salud de las personas trabajadoras’. Se trata del cuarto acuerdo en materia de pensiones firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el primero en materia de mutuas. Aporta una nueva regulación de la jubilación parcial y activa y aumenta la compatibilidad de empleo y pensión. También cambia coeficientes reductores para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas.

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